El Consejo de Estado muestra su preocupación por la decisión del Gobierno de "suprimir los principales controles económico-presupuestarios en la celebración, modificación y extinción" de los convenios que darán acceso a los fondos europeos. Así lo precisa el órgano consulto en un informe de 97 páginas que acaba de hacer público este lunes y que hace referencia al rea decreto-ley que aprobó el Gobierno el pasado 30 de diciembre y que fue convalidado en el Congreso hace unas semanas gracias a la abstención de Vox. El PP votó en contra y exigió conocer este documento.
"La observación más relevante se refiere a la supresión de la práctica totalidad de los instrumentos de control previstos con carácter general para la suscripción de convenios y sus eventuales modificaciones", expone el órgano presidido por María Teresa Fernández de la Vega. "De los informes preceptivos, únicamente se mantiene el del servicio jurídico" y "los controles económico-presupuestarios se suprimen las autorizaciones para celebrar los convenios, para su modificación o para su extinción, así como la prevista para la concesión de préstamos y anticipos al tipo de interés inferior al de la Deuda emitida por el Estado", continúa el documento.
El Consejo de Estado también insisten en la "necesidad de extremar el celo en la fase preparatoria de los contratos, articulando mecanismos que aseguren que los proyectos son viables, y de establecer un riguroso y eficaz sistema de responsabilidades para los autores de los proyectos y sus supervisores". Y añade que la solución propuesta por el Gobierno "no se considera la más adecuada, puesto que supone una dejación de las funciones que les corresponden a los órganos de la Administración encargados de la contratación y de la supervisión de los proyectos de obras, trasladando a los licitadores la obligación de supervisar minuciosamente el proyecto sobre el que se basa el contrato de obras licitado a fin de poner en conocimiento del órgano de contratación los defectos del mismo". "Sería preferible, a juicio de este Consejo de Estado, reforzar los mecanismos de supervisión de los proyectos, así como el sistema de exigencia de responsabilidad a proyectistas y supervisores", concluye.
Al órgano consultivo del Gobierno le preocupa, asimismo, "la significativa reducción de los plazos para evacuar algunos trámites de las evaluaciones ambientales (por ejemplo, el plazo para la elaboración del estudio ambiental estratégico se reduce de quince a nueve meses) produzca, precisamente ,un resultado contrario a aquel que pretende el proyecto normativo consultado".
El Gobierno, en efecto, ha reducido de nueve a seis meses el otorgamiento de dicha autorización y el Consejo de Estado muestra su preocupación. Podría ser, considera, "insuficiente a la vista de los plazos de los distintos trámites que deben evacuarse", tales como el informe urbanístico del Ayuntamiento en el que se ubique la instalación (treinta días), el trámite de información pública (treinta días), un nuevo informe del Ayuntamiento y, en determinados casos, informe del organismo de cuenca (treinta días o cuatro meses, que han de computarse simultáneamente), audiencia al solicitante (diez días) y traslado de las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia a los órganos competentes para emitir informes vinculantes en los trámites anteriores (quince días)".
El Consejo de Estado, en definitiva, recuerda que puede realizar "observaciones de distinta naturaleza y entidad, que con frecuencia tienen como denominador común la preocupación" de este órgano consultivo "ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones".
"La Unión Europea está llamada a ejercer un papel fundamental en la vigilancia de la correcta gestión y ejecución de los fondos incluidos en el Instrumento Europeo de Recuperación, lo que exige extremar las medidas destinadas a garantizar la correcta aplicación de tales recursos", advierte al Ejecutivo de Sánchez.
El informe fue realizado por la Comisión Permanente del Consejo de Estado el pasado 21 de diciembre y en él examina el expediente relativo al proyecto de Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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