El Gobierno ya ha remitido a Bruselas un primer borrador del documento que podría considerarse la piedra angular de las reformas económicas que van a acometerse en España. No se utiliza un verbo en condicional porque esta vez sí las reformas tienen que ponerse en marcha sí o sí. En caso contrario, los fondos europeos no se desbloquearán en Bruselas y no llegarán. La Comisión también ha contestado a este primer envío y ha comenzado el intercambio entre ambos ejecutivos. Papeles, llamadas, cruce de correos electrónicos... El intercambio es intenso, reconocen fuentes implicadas en las conversaciones. De toda la negociación saldrá el Plan de Inversión y Reformas, el vademécum que abrirá la puerta al maná comunitario en forma de 140.000 millones. Pero en ese envío faltan dos fichas, las de la reforma laboral y la de la Seguridad Social. El motivo hay que encontrarlo en el seno del Ejecutivo de coalición, donde existe una fuerte división al respecto.
Son dos los centros de poder gubernamental desde los que se está dirigiendo la negociación con Bruselas: Moncloa, sede central -con permiso de Hacienda- del mecanismo de las ayudas, y la Vicepresidencia económica, donde desde el pasado mes de septiembre hay configurado un 'Consejo de Ministros bis' que se mantiene dividido sobre las recetas a aplicar en la economía. Es, precisamente, en ese grupo de trabajo paralelo donde se está concentrando la batalla política en este momento. Un nuevo episodio de las divisiones que mantienen los ministerios de PSOE y Unidas Podemos.
En este cónclave paralelo donde se evidencian las disputas participan los cuatro departamentos del área económica del Gobierno: el de Nadia Calviño, que lidera; el de Hacienda, con María Jesús Montero; el de Trabajo, con Yolanda Díaz; y el de Inclusión y Seguridad Social, con José Luis Escrivá. El Departamento de Asuntos Económicos de Moncloa, con Manuel de la Rocha al frente, también se encuentra implicado en uno de los mayores retos político-económicos de los últimos años. Hay que recibir los fondos europeos pero para eso hacen falta reformas. Son innegociables para la Comisión Europea. Y eso es lo que está provocando las discrepancias latentes en el seno del Gobierno: no se terminan de poner de acuerdo en qué cambios estructurales hay que ejecutar y con qué profundidad.
Dos de los treinta componentes de los que se compone el Plan de Inversiones y Reformas son los que están provocando las discrepancias: la reforma laboral y la de las pensiones. Las posturas de Economía y las de Trabajo, en el primero de ellos, están alejadas y, de momento, no hay acuerdo. Lo mismo ocurre con las posiciones del departamento de José Luis Escrivá y el de Yolanda Díaz en cuanto a la reforma de la Seguridad Social. En este asunto Moncloa está terciando e intentando unificar posiciones. De momento, por ejemplo, no hay ni rastro de la polémica medida planteada por Escrivá para ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de las prestaciones hasta los 35 años. Unidas Podemos y los sindicatos están en contra. La máxima: que cualquier decisión se encuentre en el documento aprobado en el Pacto de Toledo para garantizar la sostenibilidad de las pensiones.
La orden que han recibido de Sánchez los ministros implicados en la negociación del Plan de Inversiones y Reformas es clara: que todo se haga con acuerdo en el diálogo social. Es decir, el Gobierno no tiene la intención de imponer medidas. La negociación, no obstante, no es sencilla: "Hay que cuadrar lo que pide Bruselas, con lo que quieren las dos áreas del Gobierno, con lo que quieren los empresarios y con lo que desean los sindicatos". En ello está esté 'gabinete económico' dirigido por Calviño.
El trabajo de este 'Consejo de Ministros bis' viene de lejos. En septiembre comenzó a esbozar sus primeros documentos, tal y como se contó en estas páginas. Pero es ahora cuando las conversaciones están siendo más intensas. Está en juego tanto el modelo económico de los próximos años como la recepción de los fondos europeos, de ahí que hasta la última coma del plan esté siendo medido al detalle. Respecto al calendario, las fuentes consultadas indican que el texto final, prenegociado con Bruselas, podrá estar listo para el mes de marzo. A mediados, apuntan.
Este jueves se reunió en la sede del Ministerio de Economía la Mesa del Diálogo Social para la Recuperación, la Transformación y la Resiliencia. Es el tercer encuentro y fuentes gubernamentales admiten haber logrado "avances" para llegar a un acuerdo en las próximas semanas a varias bancas. En el encuentro estuvieron representados el Gobierno, los sindicatos (Unai Sordo, por CCOO, y Pepe Álvarez, por UGT) y la patronal (Antonio Garamendi, presidente del a CEOE, y Gerardo Cuerva, de Cepyme).
El plan de reformas del Gobierno han generado, cuando menos, inquietud entre los representantes de los empresarios y de los trabajadores. Tras el encuentro de ayer los agentes sociales han exigido al Ejecutivo el "conocimiento físico" de esos planes, es decir, los documentos en los que se desarrollan, y que cualquier modificación se supedite al diálogo social, "que no se comprometan reformas con Europa que vacíen de contenido las mesas". Cuerva, por su parte, ha pedido reformas "prudentes y realistas" ante la delicada situación que atraviesa el tejido productivo por la crisis de la Covid y ha destacado que el Gobierno ha manifestado su compromiso con el diálogo social, de modo que las mesas "siguen abiertas". El Gobierno confirma que va a contar con ellos en todo el intercambio de documentos con la Comisión Europea.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios