Moncloa centraliza el reparto de ayudas

El Gobierno pide al Ibex desvelar planes confidenciales y complica los fondos UE

Las "manifestaciones de interés" que están solicitando los ministerios servirán para "identificar el apetito y el estado del mercado". Las primeras convocatorias se retrasan y los sectores empiezan a impacientarse.

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Borja Puig de la Bellacasa

El Gobierno empieza a impacientar a las empresas españoles con el reparto de los fondos europeos. Los diferentes ministerios están convocando las llamadas "manifestaciones o expresiones de interés", el primer paso para definir cómo se distribuirán los 72.000 millones en transferencias que se irán entregando a lo largo de esta legislatura, con cuentagotas, lo que, según interpretan en el sector privado, retrasará todo el proceso. De momento, a la espera de que finalice la negociación política y técnica con Bruselas, se han lazando menos de media docena. Todo marcha lento, se quejan, ya que con estas "call of interest" el Ejecutivo pretende pulsar la situación del mercado y las pretensiones empresariales por el 'maná' comunitario. Luego llegarán las convocatorias propiamente dichas, pero para eso pasarán meses.

El Gobierno está solicitando a las empresas interesadas en los fondos europeos que les remitan propuestas de proyectos confidenciales o de carácter estratégico para la compañía en cuestión. Es lo que demandan a través de estas "manifestación de interés" a grandes compañías con planes concretos a desarrollar que puedan ser susceptibles de acceder a las ayudas comunitarias. Es el caso, por ejemplo, de la última "call of interest" que acaba de lanzar el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre "movilidad eléctrica" para "adaptar la infraestructura de recarga, la innovación y la electrificación del parque móvil". En ella, el departamento que dirige Teresa Ribera solicita al sector privado que haga un ejercicio de transparencia incluso con sus iniciativas más restringidas.

El Gobierno deja en manos de las compañías la catalogación del carácter confidencial del proceso en sí, de forma que si una empresa considera que su proyecto no puede ser conocido lo debe indicar: "Las partes [del proyecto] que se consideren confidenciales deberán ser específicamente señaladas y delimitadas en los comentarios, motivando las razones de dicha calificación", se puede leer en el documento con membrete del departamento de Teresa Ribera. En caso contrario, y "con carácter general", el ministerio se reserva la posibilidad de dar a conocer esos proyectos: "Las respuestas se considerarán no confidenciales y de libre difusión", añade. 

Lo mismo ocurre en la "manifestación de interés" que ha lanzado al alimón el Ministerio para la Transición Ecológica, el de Industria, Comercio y Turismo y el de Ciencia e Innovación para impulsar planes empresariales en "hidrógeno verde" o el del departamento de Reyes Maroto, en solitario, para identificar "proyectos tractores que modernicen la industria española". En todos ellos el Gobierno demanda planes confidenciales de las empresas para pulsar el mercado y los planes de futuro de los sectores.

Así justifica el propio Ejecutivo esta demanda de colaboración público-privada: "Con el objetivo de ser eficaces y eficientes en el despliegue de las medidas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", los ministerios lanzan estas manifestaciones de interés "con el objetivo de identificar el apetito y el estado del mercado en torno a proyectos" contemplados en las decena políticas palanca definidas. "La información recopilada permitirá definir las líneas estratégicas de actuación en este ámbito, con sus correspondientes mecanismos de financiación u otros mecanismos de apoyo, así como los parámetros técnicos que deban regir la valoración o selección de las actuaciones".

En otras palabras, lo que pretenden los ministerios es que el sector privado les ayude a definir las convocatorias de ayudas remitiéndoles información sobre los proyectos en los que está trabajando. Con estos documentos que van a ir llegando al Gobierno -se han habilitado direcciones de correo electrónico específicas- se podrá definir con mayor exactitud las fichas que se elevarán a la ventanilla única de la Comisión Europea. Es, por tanto, una información útil para que las fichas sean una especie de 'traje a medida' para los proyectos futuros y que algunos fondos no queden vacantes.

"La participación en esta convocatoria -se puede leer en el documento relativo a movilidad eléctrica- permite contribuir a aportar una visión más amplia y plural para que el diseño de las líneas [de ayudas] pueda tener en cuenta la diversidad y características de los posibles proyectos y líneas de actuación". El Gobierno admite, en este sentido, que necesita a las empresas privadas para adaptar las convocatorias de ayudas que vienen. Ya lo advirtió Bruselas: para desbloquear las ayudas son necesarias reformas.

Un detalle importante que aclara el Gobierno en sus convocatorias ya en marcha es que las empresas que no deseen colaborar con los ministerios brindándoles informaciones sobre sus proyectos no quedarán excluidas del reparto final de las ayudas en la siguiente fase. Así lo explica el Ejecutivo: "La no presentación de una expresión de interés o respuesta a la consulta no limitará la posibilidad de presentar propuestas en una eventual futura convocatoria". Asimismo, la participación en estas primeras manifestaciones de interés "no genera ningún derecho al acceso a la potencial financiación que pueda convocarse por la Administración para la consecución de los objetivos propuestos, ni ninguna obligación a la Administración", especifican en las bases de las convocatorias.

Mientras llegan estas manifestaciones de interés a los ministerios, el Gobierno continúa negociando con Bruselas los términos exactos de cómo deben articularse las fichas que se elevarán a la ventanilla comunitaria de la Comisión. Es el Departamento de Asuntos Económicos de Presidencia, dirigido por Manuel de la Rocha -que acaba de ser ascendido a secretario general para adaptar la estructura de Moncloa a los fondos, quien mantiene una interlocución fluida con el equipo de Ursula von der Leyen para intentar ser de los primeros países de la UE en comenzar a recibir las ayudas. El objetivo marcado por el Ejecutivo es recibir los primeros millones a lo largo de este primer trimestre.

En el último Consejo de Ministros, el Gobierno adaptó además la gobernanza de las ayudas comunitarias con dos nombramientos: el citado de De la Rocha y el de Mercedes Caballero como nueva secretaria general de Fondos Europeos. El epicentro de la gestión de los 72.000 millones sigue estando en Pedro Sánchez, que monopoliza en su persona las decisiones finales. Moncloa gana peso y también lo hace el Ministerio de Hacienda, que se convierte en un 'súperministerio'.

Estos dos centros de poder económico, Moncloa y Hacienda, se completan con la creación de la llamada "Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia", un órgano contemplado en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Consejo de Ministros aprobó la pasada semana. En esta reunión, presidida por Sánchez y de la que De la Rocha será su secretario se sentarán, en principio, 29 altos cargos del Gobierno. Por ellos pasará el reparto de las ayudas. Estarán el presidente, los 22 ministros, y cinco componentes más: Ana de la Cueva, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa; Inés Bardón, secretaria de Estado de Hacienda; María José Gualda, secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos; Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales; y Caballero, secretaria general de Fondos Europeos. Por debajo colgará un "comité técnico". Su composición podría ampliarse a treinta y uno si el Gobierno incorpora a los nuevos responsables de las direcciones generales de Fondos Europeos y del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El área socialista del Gobierno, por tanto, contará con veintitrés representantes y la de Unidas Podemos tendrá seis, los cinco ministros y Álvarez, que fue el negociador de los Presupuestos. En esta Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia destaca el protagonismo del 'súperministerio' de Hacienda, que tendrá cuatro representantes: Montero, Bardón, Gualda y la ascendida Caballero. Serían seis si se incorporan los dos nuevos directores generales pendientes de nombramiento.

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