El plan Escrivá se difumina

La UE aprieta a Sánchez con pensiones y acepta excluir la reforma de los 35 años

El Gobierno confirma que tendrá listo el Plan de Reformas el 31 de marzo para comenzar a recibir los fondos. Moncloa quiere dar explicaciones en el Congreso. Se multiplican las negociaciones con Bruselas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a Ursula von der Leyen.
La UE aprieta a Sánchez con pensiones y acepta excluir la reforma de los 35 años
EFE

El Gobierno mantiene un intensa negociación con la Comisión Europea para aprobar antes del 31 de marzo el Plan de Inversiones y Reformas que desbloqueará la llegada a España de los primeros millones de los fondos europeos. Es la Vicepresidencia tercera de Nadia Calviño quien, en colaboración con Moncloa y el Ministerio de Hacienda, están liderando los contactos con Bruselas. Ya ha llegado un primer 'feedback' y es positivo: las treinta fichas, por tanto, han pasado el primer corte, incluidas las dos más polémicas, la del mercado de trabajo y la de las pensiones. 

La ficha número 30, como se denomina en el argot político y económico al documento que recoge las medidas a adoptar en materia de pensiones, ha sido aceptado el primer envío realizado por el Gobierno. En ella, tal y como se adelantó en estas páginas, no está incluida finalmente la parte más agresiva de la reforma Escrivá, la de elevar el periodo de cómputo para el cálculo de las prestaciones de 25 a 35 años. Y eso que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sí que contempló en los primeros borradores del documento elevar ese cómputo que supondría un recorte en las futuras pensiones de hasta el 6,3%

El Gobierno había redactado en un primer momento de una forma ambigua esa ficha 30 para, siempre ateniéndose al acuerdo que salió del Pacto de Toledo, poder abrir la vía a elevar el periodo de cálculo de las pensiones tal y como se hizo en 2011, pasando de 15 a los últimos 25 años de cotización de forma progresiva hasta 2022. Pero Escrivá quiso precisar en esos borradores la cifra concreta de los 35 años, lo que provocó un terremoto en el seno de la coalición. Unidas Podemos y una parte destacada del área socialista en el Ejecutivo mostraron su disconformidad con una medida así que, como decimos, desapareció de la ficha. La 'reforma Escrivá' quedó así difuminada.

El área económica del Gobierno está explicando a Bruselas con todo lujo de detalles cómo son las reformas que la coalición quiere aplicar en España durante los próximos años. Digitalización, lucha contra el cambio climático, desarrollo rural... La Comisión está pidiendo "multitud de aclaraciones", explican fuentes implicadas en la negociación, al Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre los documentos y los compromisos en forma de cambios estructurales que está dispuesto a adquirir a cambio del desbloqueo de los 140.000 millones de euros del fondo Next Generation. Se están celebrando una media de "tres o cuatro" videoconferencias del Gobierno con Bruselas en las que participan Economía, Moncloa o Hacienda, dependiendo de la temática.

En lo referente a la ficha de pensiones, explican las mismas fuentes gubernamentales, Bruselas prefiere no entrar en los pormenores de ese detalle, si se van a computar los últimos 25 ó 35 años. Lo que quiere conocer la Comisión, "con todo lujo de detalles", son las cifras de las reformas y las interrelaciones de todo el plan. Es decir, si el nuevo modelo de Formación Profesional que se está preparando ayudará a reducir el paro juvenil, por ejemplo. La UE, en definitiva, busca un plan "coordinado", en el que los treinta componente tengan una conexión clara. Todo, añaden, apoyado en "número" y en numerosas "aclaraciones" que están transmitiéndose.

El Gobierno quiere tener ese Plan de Inversiones y Reformas cerrado con Bruselas el citado 31 de marzo y, a continuación, la voluntad del equipo de Sánchez es llevarlo al Congreso de los Diputados para, en un pleno monográfico, ofrecer explicaciones a la cámara. Este proyecto es el eje transformador de la sociedad española para los próximos años, de ahí que Moncloa quiera aplicar transparencia a este proceso. De hecho, está previsto que la vicepresidenta Nadia Calviño vuelva a la Comisión mixta de la UE la próxima semana para actualizar los avances de la negociación. Está pendiente que Sánchez haga lo propio ante el pleno de la Cámara Baja.

Bruselas prefiere no entrar en los pormenores del Plan de Reformas, si se van a computar los últimos 25 ó 35 años en el cálculo de las pensiones

La negociación del Plan está siendo una labor coordinada en la que Economía, Moncloa y Hacienda llevan el peso. Calviño estuvo el pasado 28 de enero, antes de la campaña de las catalanas, en Bruselas reunida con varios comisarios europeos. En Hacienda ha recaído, por su parte, el peso del área técnica, con Mercedes Caballero, nueva secretaria general de Fondos Europeos al frente. Y el equipo del Departamento de Asuntos Económicos, con Manuel de la Rocha, recientemente nombrado también secretario general, se encarga de dirigir la Unidad de Moncloa. "Trabajo en equipo".

El Consejo Europeo dio el visto bueno definitivo el pasado viernes 12 de febrero al Reglamento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este documento establece las reglas bajo las que se articularán las ayudas comunitarias a todos los países. Uno de los puntos más importantes del Reglamento es el artículo 19: "En caso de que la Comisión haga una evaluación positiva adoptará sin demora indebida una decisión por la que se autoriza el desembolso de la contribución financiera". Es decir, el país cumplidor no tendrá problemas.

Sin embargo, prosigue el mismo artículo 19, "cuando, como resultado de una evaluación, no se haya cumplido satisfactoriamente [con los compromisos acordados en el Plan de Inversiones y Reformas] el pago de la totalidad o parte de la contribución se suspenderá". De forma inmediata, además. En ese caso el país afectado podrá presentar sus explicaciones para cobrar la ayuda paralizada. Se trata, por tanto, un mecanismo duro: primero se suspende la transferencia y posteriormente el Estado miembro podrá recurrir la decisión

Prosigue el reglamento: "Cuando el Estado miembro no haya adoptado medidas necesarias en un plazo de seis meses después de la suspensión [de las ayudas] la Comisión reducirá el monto de la contribución financiera". Es un aviso a navegantes: si no se cumple, el fondo europeo que le corresponde a cada país podría rebajarse.

Sánchez ordena sacar los acuerdos en diálogo social

La orden que han recibido de Sánchez los ministros implicados en la negociación del Plan de Inversiones y Reformas es clara: que todo se haga con acuerdo en el diálogo social. La Comisión Europea, por su parte, también valora esta actitud que implicaría aprobar reformas duraderas en el tiempo y con la menor dependencia posible del Gobierno de turno. 

Teniendo en cuenta esa condicionalidad de los fondos europeos, el Gobierno ha decidido establecer un férreo mecanismo de control a la hora de repartir las ayudas entre las comunidades autónomas. Bruselas desbloqueará el dinero a los países si van cumpliendo con esa serie de reformas que van a estar por escrito y a las que tiene que dar el visto bueno tanto la Comisión como el Ecofin. Es decir, avisan, que los países que no ejecuten reformas o las demoren en el tiempo no recibirán el dinero. ¿Qué implica eso? Que los gobiernos que vayan ejecutando más objetivos recibirán más ayudas.

Se trata, en definitiva, de unos incentivos positivos que el Gobierno también va a aplicar a las comunidades autónomas que, en definitiva, van a gestionar la mayoría de los fondos europeos. Por eso se ha ideado la cogoberanza y se va a poner en marcha la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En definitiva, si una comunidad autónoma no ejecuta con diligencia los objetivos a los que se ha comprometido puede poner en riesgo las ayudas tanto a otras autonomías como al país en general. Desde el Gobierno avisan que se va a realizar control inflexible de todo el mecanismo para que los convenios-marco (se van a firmar 17, uno por cada comunidad autónoma) se cumplan en tiempo y forma.

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