Junio. Es el mes en el que el Gobierno quiere tener cerrado el grueso del Plan de Reconstrucción que dio a conocer Pedro Sánchez la pasada semana en Moncloa y en el Congreso, primero, y Nadia Calviño ante los agentes sociales, después, para poder concretar a la Comisión Europea cuál es el contenido final del documento que desbloqueará los fondos europeos. El reglamento aprobado por Bruselas es claro: los gobiernos tienen que reflejar compromisos y calendario, y cumplirlos en tiempo y forma, para autorizar las transferencias y los créditos. El principal obstáculo para el Ejecutivo español se encuentra en dos reformas: la laboral, que sigue su curso, y, especialmente, en la de pensiones, que se encuentra totalmente encallada. Sin esas fichas el plan estará incompleto.
Fuentes gubernamentales indican que el inicio de verano es el periodo que ha marcado Moncloa como fecha tope para llegar a un acuerdo en ambas materias. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se aprobará este martes en Consejo de Ministros no será, por tanto, el definitivo. El componente 23, el de la reforma en el mercado de trabajo que lidera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha fijado el "perímetro" de la reforma sin concretar las medidas específicas que se quieren poner en marcha. Sí es cierto que hay un acuerdo de Gobierno y que esa es la guía. Se trata, por tanto, de un plan en el que se reflejan intenciones o una hoja de ruta, pero no la reforma cerrada al cien por cien. Para conocer cómo quedará el documento final aún hay que esperar tiempo, varias semanas, algo que Bruselas acepta sin problema, añaden las mismas fuentes. Lo mismo ocurre con el componente 30, el de pensiones que capitanea el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, donde las concreciones son aún menores ya que la negociación se encuentra menos avanzada aún. Este lunes hay convocada una reunión de la mesa para intentar avanzar.
Moncloa, en definitiva, quiere dar tiempo a que ambas reformas se cierren en el diálogo social. Es una máxima que ha transmitido Pedro Sánchez a sus ministros: no imponer ni legislar al margen de un acuerdo con CEOE y los representantes de los trabajadores. La Comisión, además, reclama que las medidas sean alumbradas en ese ámbito de negociación, ya que implicaría aprobar medidas duraderas en el tiempo y con la menor dependencia posible del Gobierno de turno. Tampoco quiere imposiciones sino negociación y acuerdos transversales, si es posible.
Que Moncloa fije el mes de junio como fecha orientativas para cerrar las negociaciones sobre mercado laboral y de pensiones implica alejar posibles acuerdos de las elecciones del 4 de mayo en Madrid. También se espera que para junio el Parlament haya podido elegir a un nuevo Govern en Cataluña. Se espera, por tanto, un periodo de cierta tranquilidad política, sin elecciones a la vista, que pueda servir para alcanzar este tipo de pactos sin la presión que supone para todos los actores una convocatoria a las urnas.
Una vez cerrado definitivamente el texto completo del Plan de Recuperación, conocido en el argot político y económico como "Plan de Inversiones y Reformas", será el momento de cobrar el primer desembolso. Acordar en el diálogo social las reformas de pensiones y laboral ayudaría, sin duda, a que la Comisión desbloquee esas ayudas iniciales, indican las fuentes consultadas, aunque no es una condición indispensable. España se ha comprometido, como viene haciendo desde octubre del año pasado, a una comunicación fluida con Bruselas (se celebran varias videoconferencias semanales) para ir transmitiendo a la burocracia comunitaria los avances en las conversaciones.
Pero para desbloquear los fondos también es necesario que la propia Comisión pise el acelerador y para ello también está presionando España. Lo aseguró la propia Calviño la semana pasada: el Gobierno, junto a "bastantes" Estados miembros, va a insistir en la "urgencia" y la necesidad de aprobar "cuanto antes" los planes de recuperación al necesitarse que ese estímulo de los fondos se inyecte en la economía "lo antes posible". Bruselas tiene dos meses para evaluar y aprobar los planes de recuperación, incluidas las aportaciones que se vayan haciendo a medida que avance el diálogo social, y, a continuación, el Ecofin tiene un mes adicional. Ese será el momento en el que se desbloqueará la ayuda financiera.
Toda Europea también está pendiente en que se resuelva el conflicto jurídico que ha supuesto la paralización de los últimos trámites del Plan de Reconstrucción europeo por parte del Tribunal Constitucional alemán. Calviño añadió que el Gobierno español espera que la justicia germana no interfiera en los plazos mencionados y retrase aún más las ayudas.
El Gobierno de Sánchez prevé que España pueda recibir un anticipo de unos 9.000 millones de euros de los fondos europeos en julio y un segundo desembolso de alrededor de 16.000 millones a final de año. Hay que recordar que los Presupuestos de 2021 ya movilizaron 27.000 millones de entrada. El Ejecutivo español sí ha decidido anticipar la movilización de los créditos ya que, en principio, no estaba previsto echar mano de ellos hasta la próxima legislatura. Se utilizarán para, por ejemplo, sufragar el nuevo mecanismo permanente de los ERTE.
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