El instructor de la causa contra Carme Forcadell (ERC), y otros cinco miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña, Pablo Llarena, ha decretado la prisión eludible con fianza de 150.000 euros para la presidenta de la cámara autonómica, imputada por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos. Forcadell tendrá que ingresar en prisión hasta que haga efectiva esa cantidad. A los otros cuatro diputados que votaron a favor de tramitar las leyes del referéndum y de transitoriedad, pertenecientes a ERC y PDECat, les impone una fianza de 25.000 euros. Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí Que Es Pot, que no apoyó la DUI, queda en libertad.
La Fiscalía del Tribunal Supremo había solicitado la prisión incondicional para Forcadell (ERC), y otros tres diputados miembros de la Mesa de la Cámara -Lluís Corominas y Lluís Ginó (PDECat) y Anna Simó (ERC)-. Al mismo tiempo reclamaba la prisión eludible con fianza para Ramona Barrufet (PDECat) y la libertad provisional con comparecencias para Joan Josep Nuet (CSQEP).
La medida más gravosa acordada por Llarena contra Forcadell se justifica por "el liderazgo" de la presidenta del Parlament en cada una de las fases del procés, "aporta a sus iniciativas trascendencia social, administrativa e institucional, que no es comparable a la que puede atribuirse al resto de los partícipes", según Llarena. Esa "posición principal", según el instructor, "potencia el riesgo de ocultarse o sustraerse a la acción de la justicia".
Sin embargo, ese riesgo de fuga, según el magistrado, se difuminaría por el hecho de que Forcadell y el resto de diputados querellados "se han presentado cuantas veces han sido citados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña" y por el Supremo, siendo "manifiesto el contraste con otros encausados en este proceso que se encuentran actualmente fugados", dice en referencia al expresidente Carles Puigdemont y los otros cuatro consejeros detenidos en Bélgica.
El instructor analiza también el riesgo de que los diputados cometan nuevos delitos "considerando que el devenir político más próximo y cercano pudiera propiciar la persistencia en la actuación fuera del marco constitucional y transformar la próxima legislatura [la que se inicie tras las elecciones del 21-D] en un ilegal proceso constituyente".
Llarena, sin embargo, aprecia que "todos los querellados" no solo "han asumido la intervención derivada de la aplicación del artículo 155 de la Constitución", sino que, además, durante sus interrogatorios, "han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política furtura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional". El magistrado niega además que puedan destruir pruebas.
La decisión se produce después de un cambio evidente de discurso de los querellados, que han asumido la legitimidad de la aplicación por parte del Gobierno y del Senado del 155 que supuso la disolución del Parlament y el cese de todo el Govern. La propia Forcadell Todos ellos también han asegurado ante el instructor del caso, Pablo Llarena, que la declaración unilateral de independencia (DUI) del pasado 27 de octubre tuvo únicamente un “valor declarativo y simbólico”, según fuentes presentes en los interrogatorios, lo que significaría restarle un valor político o jurídico.
Según fuentes del entorno de la presidenta, Forcadell ha contestado a todas las partes al igual que el resto de los querellados y ha asegurado que siempre ha permitido el debate “sin prejuzgar el resultado ni controlar el contenido con el objetivo de preservar el derecho a la actividad parlamentaria y el debate libre”. “Evitar un debate parlamentario habría sido ilegal por parte de la Mesa y contrario al derecho internacional y a los principios del Estado democrático”.
La presidenta también ha mantenido que el Constitucional, que prohibió cada paso del procés, “no puede actuar de forma previa como filtro o censura, sino en todo caso a posteriori”. Además, ha asegurado que siempre ha defendido “el pacifismo en todas las movilizaciones y proyectos políticos” porque “la vía pacífica es la única posible para hacer realidad esos proyectos”, siempre según esas mismas fuentes.
El pasado 31 de octubre, la Sala de lo Penal del Supremo admitió a trámite la querella de la fiscalía presentada contra Forcadell (ERC) y los miembros de la Mesa Lluís Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet (PDECat) Anna Simó (ERC) y Joan Josep Nuet (CSQEP). Todos ellos, salvo el último, continúan aforados al ser miembros de la diputación permanente del Parlament, el único órgano que permanece activo tras su disolución por el Gobierno central en aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Nuet no pertenece a ese organismo pero el tribunal extiende su competencia hacia él como antiguo miembro de la Mesa que admitió a trámite las leyes que dieron cobertura al referéndum del 1-O. Sin embargo, el exdiputado de Catalunya Sí Que Es Pot ha asegurado públicamente que votó en contra de la iniciativa, lo que le podría procurar una rebaja en las medidas cautelares que pueda solicitar el Ministerio Público y acordar el magistrado.
La querella se presentó por los supuestos delitos de rebelión (castigado hasta con 25 años de cárcel) o alternativamente sedición (hasta 15 años). El fiscal también les imputa un supuesto delito de malversación por haber permitido que se dispusiera de “ingentes caudales públicos para llevar a cabo el referéndum ilegal” del pasado 1 de octubre.
Sin embargo, a diferencia de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que encarceló el pasado jueves a nueve exmiembros del Govern al apreciar que la supuesta rebelión se habría consumado, la Sala Penal del Supremo, en su auto de admisión, abrió la puerta a que finalmente los hechos se consideraran una “conspiración” para esa rebelión, lo que implicaría una rebaja de la pena hasta un máximo de 10 años.
De esa manera, podría considerarse que los querellados solo habrían gestionado “la fase preparatoria” de esa revuelta encaminada a declarar la independencia de Cataluña. El problema es que el delito de rebelión, tal y como establece el Código Penal, exige que se haya producido violencia, algo muy dudoso en este caso.
En los interrogatorios han participado, además de los abogados de las partes, cuatro fiscales. Se trata de la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal, el ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno. Los diputados del PDCat están defendidos por Xavier Melero y Judit Jané. Los de Forcadell y ERC, por Andreu Van den Eynde y Jaime Alonso-Cuevillas. A Nuet (CSQEP) le asisten Enrique Leiva, Juan Moreno y Enrique de Santiago.
El instructor Llarena dio un plazo de una semana el pasado jueves a Forcadell y al resto de querellados para que se estudiaran la causa antes de prestar declaración tal y como le solicitaron los abogados. Esa petición también fue presentada por los letrados ante la juez Lamela la pasada semana, aunque la instructora de la causa contra el Govern decidió no admitirla y seguir adelante con las declaraciones que terminaron con el encarcelamiento de nueve consejeros.
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