Jueves, 20.02.2020 - 02:40 h
Para identificar a clientes morosos con el banco

El 'forensic' de BBVA golpea a Béjar por los contratos con Villarejo desde 2010

BBVA pone el foco en el exdirectivo 'díscolo' pese a que éste responsabilizó a la excúpula del banco de la contratación con Cenyt.

Béjar
El 'forensic' de BBVA señala a Béjar por los contratos con Villarejo desde 2010. / L.I.

La investigación que el BBVA encargó a Garrigues, PwC y Uría Menéndez para depurar responsabilidades por el caso Villarejo ha puesto en la diana el nombre de Antonio Béjar, por su condición de responsable del departamento de riesgos del banco en los años en los que se cerraron parte de los acuerdos con el entramado empresarial del agente encubierto, según ha podido saber este diario. A falta de conocer los pormenores del 'forensic' que obra en el sumario de la causa que investiga la Audiencia Nacional, el trabajo externo atribuye en gran medida a Béjar la presunta actividad delictiva que se habría cometido contratando los servicios de espionaje de un comisario en activo en la Policía Nacional. 

Las pesquisas del 'forensic', que todavía no han concluido, ponen el foco en todos los acuerdos con Villarejo firmados por la entidad desde el año 2010, cuando Béjar era responsable de riesgos y recuperaciones inmobiliarias. Se trata del área que se encargó de supervisar gran parte de las facturas que el Grupo Cenyt giró al banco por los servicios prestados relacionados con investigaciones patrimoniales e identificación de clientes morosos, entre otros asuntos. Con todo, y aunque el 'forensic' ponga el coto en el año 2010, la causa penal que investiga estos hechos retrotrae las pesquisas hasta el inicio de las relaciones laborales del BBVA con Villarejo, el cual se remonta a 2004. 

El resultado de estas investigaciones externas que encargó la entidad que preside Carlos Torres tras verse involucrado en el escándalo de las escuchas, ha servido de base a los investigadores del caso Tándem en el marco de los interrogatorios practicados en esta novena pieza del procedimiento. De hecho, el banco, que ha respondido a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción hasta en tres sesiones repartidas en un total de 14 horas, se ha remitido en todo momento a las conclusiones de esta investigación en aras a apuntalar su tesis de que no tiene responsabilidad penal alguna en estos acuerdos atribuidos al propio Béjar y al exjefe de seguridad del banco, Julio Corrochano.

La estrategia de Béjar

Sin embargo, el que fuera presidente del Distrito Castellana Norte ha negado desde el mismo momento de su imputación relación alguna con el propio Villarejo. Béjar, que primero fue destituido como presidente de DCN y más tarde despedido del banco, se ha desmarcado de la estrategia de defensa adoptada por los otros directivos imputados también el pasado mes de julio por delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares. Esto es así porque mientras el resto de altos cargos imputados optaron por el silencio en sede judicial a la espera de que se levante el secreto de sumario, el empresario accedió a responder a las preguntas de su defensa, que ejerce el magistrado Javier Gómez Bermúdez, mostrando su disposición a colaborar en las diligencias.

Ya entonces admitió que el banco contrató con el Grupo Cenyt para la prestación de determinados servicios relacionados en su mayoría con la identificación de deudores del banco. Además de esa comparecencia, Béjar protagonizó otras tres más en los meses de julio y octubre. Tras la segunda de ellas, la Fiscalía Anticorrupción llegó a solicitar una fianza de 500.000 euros (la más alta en esta pieza de Tándem) si bien dos días después, cuando volvió a la Audiencia Nacional, retiró la petición. La cuarta y última declaración hasta el momento la llevó a cabo el pasado nueve de octubre, aportando además documentación determinante para el avance de las pesquisas. 

En contra de lo que sostiene la investigación encargada por el BBVA, Béjar atribuye los encargos a órdenes de sus superiores estrechando de este modo el cerco en la cúpula del banco presidido entonces por Francisco González. En sus citas judiciales ha sido preguntado por los acuerdos comerciales que el banco firmó con otras empresas del entramado de Villarejo y el abogado Rafael Redondo, tales como V & V Development. Según fuentes consultadas por este diario, el exdirectivo también habría sido preguntado por los motivos que llevaron a la entidad a prescindir de los servicios de investigación patrimonial contratados hasta el momento a la agencia de inteligencia Kroll para dárselos a Cenyt.

¿Facturas reales?

Los investigadores analizan ahora si las facturas del entramado de Villarejo -al que el banco abonó en total más de 10 millones de euros- realmente se correspondían con los servicios prestados o, por el contrario, estarían infladas para camuflar pagos por otros servicios ofrecidos al banco. De todos modos, las labores de Villarejo para el banco también consistieron en el presunto espionaje a periodistas y políticos vinculados de alguna forma con el intento de asalto de la constructora Sacyr al banco -operación Trampa-.

Sea como fuere, el avance de esta parte de la causa abierta hace un año permitirá dilucidar la cuestión clave para la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado Manuel García Castellón que es la relativa a quien o quienes fueron las personas que ordenaron contratar con Villarejo. Y al respecto en las declaraciones practicadas tanto al representante legal del banco, Adolfo Fraguas, como al que fuera presidente del mismo durante 18 años, Francisco González, han señalado a Julio Corrochano. El también comisario jubilado, que abandonó la entidad a principios de 2018, se ha convertido en objetivo de los últimos interrogatorios incluido el practicado al propio Villarejo el pasado verano, el cual desde la cárcel de Estremera apuntó que su nexo en el BBVA era Corrochano.

Queda por escuchar la versión que el policía preste de estos hechos puesto que en su primera citación judicial se acogió a su derecho a no declarar a tenor del secreto de las actuaciones, por lo que una vez el magistrado levante el secreto y tenga acceso al sumario, podría prestarse a responder a las preguntas de los investigadores y arrojar más luz sobre este asunto. Hasta el momento, Corrochano es la única persona de todas las investigadas en esta pieza para las que se acordó pago de fianza de 300.000 euros para mantener su libertad provisional. 

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