Francisco Granados recuerda que los servicios mínimos "se tienen que cumplir"

  • Madrid.- El consejero Francisco Granados ha afirmado hoy que los servicios mínimos que ha fijado el gobierno regional "se tienen que cumplir" y que los mínimos establecidos "son inferiores a los que se fijaron para la huelga de 2002".

Madrid.- El consejero Francisco Granados ha afirmado hoy que los servicios mínimos que ha fijado el gobierno regional "se tienen que cumplir" y que los mínimos establecidos "son inferiores a los que se fijaron para la huelga de 2002".

Tras declarar que su gobierno ha buscado "hasta el último minuto" un acuerdo con los sindicatos y no tiene "ningún interés en una confrontación", Granados ha dicho que el "derecho de la huelga es un derecho constitucional pero no está por encima de los demás".

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior se ha referido a una encuesta que publica hoy el diario Público, según la cual sólo el 18% de los trabajadores secundará la huelga, para aseverar que "desde la Comunidad, tenemos la obligación de garantizar el derecho al trabajo de ese 82 por ciento restante".

Granados ha explicado que "el que el gobierno fije unos servicios mínimos no quiere decir que todos los demás estén cerrados" y se ha mostrado convencido de que "habrá más gente trabajando que los servicios mínimos", porque los mayoría de los trabajadores "no seguirán las indicaciones" de los sindicatos.

Tras recordar que los servicios mínimos "son de obligado cumplimiento" y si se incumplen, se aplicarán las sanciones oportunas, ha aventurado que los sindicatos "ejercerán su responsabilidad o irresponsabilidad como consideren oportuno".

El consejero ha subrayado que, aunque los mínimos establecidos son inferiores a los fijados para la huelga de 2002, "sospechosamente" los sindicatos consideraron excesivos "los mínimos en educación fijados en Cataluña", mientras que los mínimos fijados por el Ministerio de Fomento tampoco "valían para la Comunidad de Madrid".

A su juicio, los sindicatos "se empeñan en que la huelga general termine siendo una huelga contra el gobierno de Esperanza Aguirre", a servicio "de los intereses del Partido Socialista y no de los intereses de los trabajadores".

Pero esta actitud, ha apostillado, los sindicatos "lo pagarán en términos de desafección por parte de los trabajadores", algo que a su juicio ya estaría ocurriendo.

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