Moncloa ha lanzado la voz de alarma por la oleada de demandas que la familia Franco ha puesto contra la exhumación de los restos del dictador, nada menos que doce distintas, puestas en varios juzgados y por personas diferentes. A su entender, se trata denunciado que "un nuevo ejemplo del obstruccionismo que el entorno del dictador Franco está practicando con la decisión de un Parlamento y un Gobierno democrático". Hasta la fecha, todas las demandas tienen idéntica fundamentación, reclamando la suspensión y anulación de las actuaciones urbanísticas acordadas por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en relación con la exhumación de Franco.
"De esas doce demandas -argumentan-, en siete se han rechazado ya las medidas cautelarísimas y esta ha sido la única en la que el Juzgado ha admitido unas medidas cautelares urgentes en las que ni siquiera se ha escuchado a la otra parte. Estamos convencidos de que, tras haber escuchado al Ayuntamiento y sus argumentaciones, el Juzgado dictará una resolución diferente tanto en la pieza de medidas cautelares como en la sentencia sobre el fondo", añaden desde el equipo de Pedro Sánchez.
"La finalidad de presentar multitud de demandas individuales con la misma fundamentación jurídica, en lugar de una sola, es clara: obligar a que sean muchos los Juzgados que deban conocer sobre este asunto, aumentando las probabilidades de que en alguno (como así ha ocurrido) se dé la razón a la parte demandante", explican fuentes gubernamentales.
Explican también que "la Abogacía del Estado está trabajando desde hace días en la acumulación de todos los procedimientos judiciales en uno solo para garantizar que exista un único pronunciamiento".Moncloa sí que admite que "estos procedimientos judiciales, cualquiera que sea su resultado, podrían retrasar, en su caso, la fase final de ejecución material del acuerdo de exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos".
A pesar de todo ello, el Gobierno continuará adelante con el expediente exhumación y posterior reinhumación de Francisco Franco. Así lo explican fuentes de Moncloa en respuesta al auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Madrid publicado hoy, por el que se acuerda "la medida cautelar urgente de suspensión del informe preceptivo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial". Desde el Gobierno consideran que "los juzgados de lo Contencioso-Administrativo no son competentes para resolver sobre los acuerdos que adopta el Consejo de Ministros, sino el Tribunal Supremo".
El Ejecutivo puntualiza que dicho auto "afecta a las actuaciones urbanísticas acordadas por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y declara su suspensión cautelarísima, es decir, sin ni siquiera haber escuchado al Ayuntamiento". Y añaden desde Moncloa: "Es ahora cuando en el propio auto se conceden tres días al Ayuntamiento para que efectúe alegaciones en el marco de las medidas cautelares solicitadas por el demandante".
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