Ni advertencias expresas ni competencia en materia sanitaria. Estos son los dos puntos sobre los que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, basó este miércoles su defensa ante la juez que le investiga por prevaricación, Carmen Rodríguez-Medel. El político respondió en su cita con la Justicia cuestionando las conclusiones de la Guardia Civil-que sostiene que se debieron prohibir las marchas en la capital- y alegando que no hubo indicaciones precisas ni del Gobierno central ni del regional para corregir el criterio adoptado por la Delegación.
Fuentes presentes en el interrogatorio consultadas por este diario aseguran que el delegado del Gobierno, que se prestó a responder a las preguntas de todas las partes durante poco más de hora y media, deslizó que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid pudo haber realizado advertencias más concretas acerca del riesgo de celebrar las marchas previstas entre los días 5 y 14 de marzo. El delegado, en un criterio muy similar al adoptado por la Fiscalía, defendió que no tiene competencias en materia de salud pública y, por tanto, no puede adoptar medidas de prevención del virus.
Misma versión que mantuvo una vez ya fuera de los juzgados de Plaza Castilla ante los muchos periodistas que aguardaban su salida. "No me considero responsable del 8-M. No hubo en aquel momento ningún elemento que me llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental", dijo ante la prensa. Franco, que negó cualquier tipo de instrucción política
para celebrar o prohibir los actos convocados, insistió en que había acatado la Ley y que prueba de que no contempló riesgo de infección de coronavirus fue que acudió a la marcha del Día Internacional de la Mujer con su familia.
Los avisos de la Delegación
De hecho, el político aseguró que empezó a tomar conocimiento de la gravedad de la situación un día después de la celebración de esa marcha pero rechazó de plano que la masiva asistencia al acto -acudieron 120.000 personas según cifras oficiales- tenga que ver con el aumento de contagios porque los síntomas del coronavirus tardan más de 24 horas en manifestarse. Sobre este punto cabe recordar el escrito que, con fecha de 20 de abril, remitió a los investigadores el secretario general de la Delegación, Fernando Talavera. El documento, siempre según el primer atestado policial, deja patente que no recibieron comunicaciones sanitarias anteriores al 14 de marzo así como tampoco instrucciones o recomendaciones de organismos españoles o extranjeros.
Otro de los puntos candentes de la causa reside en las advertencias expresas del peligro del virus que circularon en el seno de la Delegación. Los agentes de la Guardia Civil encargados de esta investigación se hicieron eco de un documento de finales de febrero sobre recomendaciones a tener en cuenta que envió el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a toda la plantilla, incluido Franco. Sobre este aspecto concreto, y siempre según las fuentes consultadas, el delegado del Gobierno explicó que debió haber problemas con su cuenta de correo porque a él no le llegó dicha comunicación. El documento, que incluía medidas de prevención de alejamiento del personal así como los síntomas de la pandemia, fue difundido a todas las cuentas de correo electrónico de la Dirección General el día 2 de marzo a las 9.12 horas, según consta en el informe policial.
Nueva ronda de testigos
De hecho, y en lo relativo a la Policía Judicial, Franco, ya ante los periodistas, fue muy cauto y dijo que respetaba su labor pero que no compartía el criterio adoptado. Los agentes dependientes de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid han apuntado tanto en su primer atestado como en la ampliación entregada al juzgado que la Delegación contaba con advertencias del Ministerio de Sanidad, del Gobierno de Madrid y del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) suficientes como para conocer de primera mano el riesgo de contagio que se derivaba de la celebración de actos en la capital. A ello hay que sumarle el informe encargado por la magistrada al médico forense Julio Lorenzo Rego que habló de la "hecatombe" que se veía venir en aquellos primeros días de marzo.
Fuentes presentes en el interrogatorio explican que fueron preguntados acerca de las llamadas que se produjeron desde la propia Delegación a los convocantes de actos posteriores al 8-M para instarles voluntariamente a que declinaran su intención de celebrarlos. Las fuentes consultadas explican al respecto que los altos cargos normalizaron el uso de este sistema pese a que éste no quedó reflejado en el expediente oficial, según el atestado de la Policía. La magistrada volverá a incidir sobre este asunto a los empleados que llevaron a cabo dichas llamadas y que están citados a declarar este mismo jueves junto con otros testigos que convocaron actos los primeros días de marzo en Madrid.
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