El Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, no ve delito en su actuación sobre la gestión del coronavirus. El responsable del órgano así lo ha trasmitido a los periodistas a su salida de los juzgados, antes quienes ha apuntado que confía plenamente en la Justicia y que él ha intentado cumplir con sus obligaciones como delegado de Gobierno. "No puedo considerarme responsable del 8-M porque no había en aquel momento ningún elemento que me llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental", ha aseverado.
Franco ha atendido a las preguntas de la prensa que aguardaba con gran interés el interrogatorio celebrado a puerta cerrada. A su salida se ha mostrado especialmente tranquilo y se ha disculpado por no haberse pronunciado hasta la fecha sobre este asunto. "He dejado perfectamente claro que la actuación del delegado del Gobierno ha sido siempre con arreglo a la Ley y las noticias que se iban teniendo de los expertos de la evolución del coronavirus", ha dicho Franco para acto seguido reprochar el interés que está suscitando la causa penal que dirige la magistrada Carmen Rodríguez-Medel frente a otros asuntos más importantes "como los ERTE o la salida de la crisis".
Fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio confirman a este medio que Franco ha contestado las preguntas formuladas por todas las partes, incluidas las de Unión de Oficiales de la Guardia Civil y de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena. De hecho, a preguntas de las acusaciones ha asegurado que no fue consciente del riesgo de la pandemia hasta después del 8-M y que no recibió ninguna indicación ni instrucción para mantener o anular la marcha. Las fuentes consultadas por este diario explican que ha venido con una carpeta de apuntes pero que no la ha abierto en toda la declaración, que se ha alargado durante aproximadamente una hora y media.
De este modo ha confrontado la tesis de la Policía Judicial y del médico forense que apuntan en una dirección contraria. De hecho, tanto la Guardia Civil como el doctor sostienen que los indicios con los que contaba la Delegación los días previos a la declaración del estado de alarma eran señal más que suficiente para prohibir las manifestaciones; especialmente la marcha del 8-M en la que se esperaba la participación de un millón de personas. Frente a este criterio se sitúan la Abogacía General del Estado y la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Ambos órganos no ven la comisión de delito de prevaricación administrativa y defienden la gestión de Franco bajo la premisa de que no tenía ninguna prohibición expresa para desconvocar los actos entre los días 5 y 14 de marzo.
Los contagios del 9 de marzo
Consciente del revuelo que ha causado este procedimiento y de la polémica generada por la postura de la Guardia Civil, Franco ha sido escueto en su mensaje ante la prensa pero claro: "No está acreditado bajo ningún concepto que el incremento de casos que se dio el día 9 tuviesen que ver con la manifestación del día 8 porque los expertos sanitarios saben que si se produce el contagio tarda en manifestarse más o menos 14 días Se hizo lo que en aquel momento marcaba la Ley" ha dicho. De esta forma trata de tumbar la tesis de la Policía Judicial que sostiene que desde el Gobierno no fueron unánimes en su criterio de prevención del virus y prohibieron unos actos mientras otros, como es el caso del 8-M, se terminaron celebrando.
Franco ha tirado de prudencia al ser preguntado por si cree que el procedimiento se ha convertido en una causa general contra el Gobierno de Sánchez por su gestión del coronavirus, tal y como sostiene la Abogacía. "Me gusta ser cauto. Me reservo aquello de que puede ser una causa general pero tengo mi opinión", ha dicho el político, dejando patente de esta forma que el asunto ha trascendido la barrera jurídica para situarse en un plano político. Sobre la Guardia Civil ha dicho que tiene un gran "respeto" pero que no está de acuerdo con su informe. La entrega del primer atestado de la Policía Judicial provocó una auténtica crisis en el Ministerio del Interior que acabó con el cese fulminante del coronel Diego Pérez de los Cobos por negarse a ofrecer dato alguno de las pesquisas de sus entonces subordinados a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.
La declaración de Franco se produce en pleno cruce de reproches entre Fiscalía y Abogacía con la magistrada Rodríguez-Medel por el arranque de estas diligencias. Los servicios jurídicos del Estado y el Ministerio Fiscal intentaron frenar 'in extremis' la citación del delegado del Gobierno acusando a la juez de la celeridad de las pesquisas. Ella respondió manteniendo el pulso y denegando interrumpir esta cita judicial que ya retrasó cinco días a petición de la Abogacía del Estado. Sobre el carácter urgente de las diligencias, Rodríguez-Medel se arrogó la potestad de decidir acerca de las investigaciones del juzgado que dirige y dejó claro que no todas las actuaciones estaban paralizadas puesto que su juzgado siguió tramitando las causas.
No es la primera vez que la juez sale en defensa de esta investigación. Ya lo hizo con la Policía Judicial al frente de las pesquisas y con el médico forense al que encargó que valorara el riesgo de la celebración del 8-M. En el primero de los casos remitió un oficio al Ministerio del Interior en el que dejó bien claro que los agentes de la Guardia Civil al frente de la investigación únicamente rinden cuentan al juzgado que les ha designado. De ese modo intentó frenar el revuelo tras conocerse que el ministro Fernando Grande Marlaska intentó acceder al contenido del atestado que arremete duramente contra la Delegación del Gobierno y contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
En lo que respecta al informe del médico forense que apunta que se veía venir la 'hecatombe' antes del 8-M, Rodríguez-Medel vuelve a salir en su defensa y asegura que esta segunda ampliación de su trabajo tiene una "utilidad clara": la de analizar desde la perspectiva médica el grado de conocimiento que había por el riesgo de contagio del coronavirus. Las conclusiones del doctor Julio Lorenzo Rego son especialmente duras con el equipo de Salvador Illa y Fernando Simón llegando a apuntar que, de la misma forma que "un tsunami se prevé", esta crisis la tenían que haber frenado puesto que contaban con información de sobra ya desde febrero para valorar la gravedad de la situación.
Además de Franco, que es el único imputado en la causa, la magistrada también ha citado a declarar, en calidad de testigo, a los altos cargos de la Delegación. Así, tras éste han comparecido el secretario general, Fernando Talavera; el jefe del gabinete de Franco, Luis María Sanz; y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas. De acuerdo con los atestados de la Guardia Civil, Talavera fue la persona que entregó a los agentes el 20 de abril toda la documentación reclamada por el juzgado relativa a las alertas del coronavirus. El secretario las aportó haciendo hincapié en que nunca recibieron comunicaciones sanitarias previas al 14 de marzo. Una tesis en la que se apoya la Fiscalía y la Abogacía para descartar el delito de comisión de prevaricación por parte de Franco.
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