Domingo, 19.05.2019 - 15:28 h
Una de sus decisiones estrella de Sánchez

El Gobierno amarra los trámites legales para exhumar a Franco a partir de enero

Justicia comunica al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial los trámites que realizará: "Retirada de losa sepulcral y reposición del solado".

Basílica del Valle de los Caídos
El Gobierno amarra todos los trámites legales para exhumar a Franco  / Europa Press

Todo apunta a que los restos de Franco pasarán las navidades donde están, en la basílica Valle de los Caídos. El Ministerio de Justicia tiene ya todo previsto para levantar la tumba y reinhumarlos en otro lugar a partir de la primera semana de enero, una vez que se cumplan los plazos para hacerlo con toda la legalidad posible amarrada. Desde el Ministerio de Justicia ya han advertido al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial las actuaciones a seguir una vez que se tenga el informe preceptivo de la Comunidad de Madrid y se agote el plazo para que la familia formule las alegaciones que considere pertinentes.

Tanto la Vicepresidencia del Gobierno como el gabinete de Justicia no han querido dejar ningún cabo suelto y han solicitado a la Abogacía del Estado y a todas las instituciones implicadas los informes necesarios para tenerlo todo atado legal y administrativamente. Un informe realizado por Patrimonio del Estado certifica las actuaciones a llevar en el interior de la basílica para sacar los restos de Franco y certificar que no se vulnera ninguna de las ordenanzas del consistorio. Es por ello que desde Justicia ya se ha comunicado al Ayuntamiento de la localidad madrileña la actuación que se va a realizar: "Retirada de losa sepulcral y posterior reposición del solado". Fuentes administrativas conocedoras del proceso incluso aseguran que no es necesario que haya una respuesta a ese comunicado oficial por parte de la corporación municipal para tener vía libre.

Una de las claves para agotar el año antes de poder realizar la exhumación de los restos es el informe que debe emitir la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para poder llevarlos a su futuro emplazamiento. Por grotesco que parezca, la ley exige que antes del traslado de unos restos humanos que han sido enterrados se debe comprobar por parte de la "autoridad mortuoria sanitaria" que no suponen ningún riesgo para la salud y el medioambiente, algo que puede ocurrir siempre en los primeros cinco años desde el entierro, según advierten expertos forenses. Aunque Franco lleva muchos más años que esos enterrado, el informe hay que realizarlo antes del traslado. Desde Justicia se cuenta con que la administración madrileña no va a apurar hasta el último día del plazo, que es el próximo 21 de diciembre.

A partir de esa fecha y una vez comunicada la acción al ayuntamiento, se debe informar a la familia sobre la resolución definitiva del expediente administrativo, en la que constará la orden de la exhumación y el lugar en el que se debe realizar la inhumación. En ese momento se abre un plazo de diez o quince días para que los familiares aleguen lo que estimen conveniente y se pueda proceder. Si esos plazos se cumplen, es evidente que no se podría cerrar todo el proceso antes de la primera semana del próximo mes de enero. A partir del día de Reyes, por tanto, se podrá realizar la exhumación de Franco y su posterior inhumación nunca en La Almudena.

Cómo se enterró a Franco en el Valle de los Caídos

El Gobierno quiere tener todo amarrado jurídica y administrativamente para exhumar a Franco y, por eso, ha estudiado cada una de las casuísticas para tomar esta decisión histórica. Pero una vez cerrados los trámites legales ante la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, el Ejecutivo aún espera encontrarse con las reticencias que ofrecerá la familia Franco Polo.

Justicia es consciente de que, efectivamente, los familiares no lo pondrán fácil. Pero desde las filas gubernamentales también tienen sus recursos para conseguir el objetivo final de la exhumación. Uno de los argumentos jurídicos que manejan pasa por aplicar el criterio de 'res nullius'. Se trata de una expresión que viene a significar "de nadie" y que se argumentaría en que la familia no quiso hacerse cargo en su día de los restos de Franco. De esta forma, los descendientes no podrían realizar ninguna reclamación sobre los mismos.

Desde el Gobierno recuerdan que cuando falleció Franco la familia se desentendió del cadáver y tuvo que ser el jefe del Estado, el rey Juan Carlos, quien decidiera dónde inhumarlo. Efectivamente, el hoy Rey emérito escribió al abad de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para pedirle que recibiera a "su excelencia el jefe del Estado y Generalísimo de los Ejército de España". "He decidido que los Excmos. Señores Don Ernesto Sánchez-Galiano Fernández y Don José Ramón Gavilán y Ponce de León, Primer y Segundo Jefes de la Casa Militar y Don Fernando Fuertes de Villavicencio, Jefe de la Casa Civil de S. E. e Intendente General, que acompañan a los Restos Mortales de su excelencia, os los entreguen", pidió don Juan Carlos por escrito. "Y así os encarezco los recibáis y los coloquéis en el Sepulcro destinado al efecto, sito en el Presbiterio entre el Altar Mayor y el Coro de la Basílica".

Ese escrito firmado por don Juan Carlos a las 16 horas del día 22 de noviembre de 1975 en el Palacio de la Zarzuela podría servir de base legal para que el Ejecutivo socialista defienda que los restos fueron "abandonados por la familia" hace 43 años y, por tanto, ahora no tendrían derecho a exigir dónde deben reinhumarse.

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