El caso de las cuatro grandes bodegas de vino de Castilla-La Mancha que investiga la Audiencia Nacional por vender fuera de las condiciones y las capacidades que marca la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Valdepeñas amenaza por convertirse en un nuevo macroproceso judicial que puede suponer un desfalco de más de 50 millones de euros al año en los últimos ejercicios investigados, según las estimaciones realizadas desde el propio sector en la comunidad autónoma. La investigación que ahora se abre es fruto de una investigación de la Fiscalía que ha durado más de dos años, sobre un problema que se estaba mascullando entre los principales operadores vinícolas de la zona desde hace casi una década y sobre el que ha se había advertido a los propios bodegueros ahora investigados en varias ocasiones. “No se pueden producir 90.000 barricas al año y vender 400.000”, aseguran fuentes del sector que conocen bien el problema.
Fuentes jurídicas conocedoras del comercio internacional del vino castellanomanchego advierten que una de las claves del proceso judicial que ahora se abre serán los llamados “veedores”, los técnicos de la DOP encargados de inspecciones y vigilar en todas las bodegas de la denominación que todos los procesos y los tiempos de elaboración de cada tipo de vino son los que marcan las reglas establecidas. Según la denuncia investigada en la Audiencia, hay claros indicios de que no el vino que se vendía como reserva o gran reserva no respetaba los años de reposo en barrica y en botella que deben acreditarse para ello (más de 4 en cualquier caso), algo que solo estos técnicos y sus informes pueden demostrar o desmentir.
De la misma manera, el tipo de uva que se utiliza en cada caldo y el origen de esa uva debería estar acreditado en la DOP, para evitar la entrada de cargamentos de fruto de otros lugares de España en los que haya producto sobrante con la suficiente calidad para ser utilizado en Valdepeñas, aunque eso no esté permitido al elaborar vino que pueda ser etiquetado con las pautas de calidad que marca la denominación. Hay que tener en cuenta que se trata de cuatro bodegas de mucho renombre fuera de España, que exportan una gran cantidad de vino cada año de todos los tipos y calidades y han visto crecer su cartera de clientes en la última década de manera exponencial, con las exigencias de producción que eso supone.
La investigación apunta a una confluencia de delitos contra el mercado que van desde la falsedad documental a la publicidad engañosa, pasando por la manipulación y el deterioro supuestamente intencionado de los vinos, entre los que habrá que dirimir la carga penal que se derive. Fuentes jurídicas consultadas aseguran que en este tipo de procesos, lo más claro suelen ser las irregularidades en la promoción y la publicidad que se hace del producto, tanto dentro como fuera de España. No obstante, siempre hay un cúmulo de detalles jurídicos sobre el sentido y las palabras exactas de cada anuncio o etiquetado que pueden cubrir o modificar la posible responsabilidad de sus autores o inductores.
Investigación en marcha
Valdepeñas Félix Solís, García Carrión, Bodegas Navarro López y Bodegas Fernando Castro, están investigadas por un supuesto desfalco de prácticas ilícitas realizadas en su actividad productora y comercial. Por ejemplo, en el caso de Félix Solís, habrían declarado a la DOP unos 472.745 litros menos de lo vendido en 2018. Los casos de ventas que superan lo declarado también se repiten en la bodega García Carrión. Figura que en el mismo año 2018 la bodega registró una venta de 3 millones de litros con DOP Valdepeñas a un único cliente, una cantidad superior a la declarada, como el caso de Bodegas Navarro López, que recoge una diferencia de 25.493 litros de crianza de 2018.
Además, la denuncia admitida ayer a trámite por la Audiencia Nacional, también pide la investigación de dichas bodegas al considerar que han comercializado como crianza, reserva y gran reserva vinos que "no cumplían los requisitos de elaboración, ni en periodo mínimo de envejecimiento, ni en la permanencia en barrica de roble ni en botella". Y, junto con la presunta irregularidad en la elaboración, en el auto también queda establecida la denuncia por si los hechos fueran constitutivos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental. Unas prácticas que son objeto de castigo a los fabricantes y comerciantes que las apliquen.
En el auto, acuerda librar requerimiento a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía para que practiquen diligencias con el fin de continuar con la investigación y poder conocer las ventas de estas bodegas entre los años 2010 y 2019, ambos inclusive. Quiere saber tanto las ventas como las categorías de esos caldos (crianza, reserva o gran reserva), y la cantidad de botellas, así como los precios de compraventa.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios