Mijaíl Fridman ha tenido que buscar un nuevo abogado para defenderse en la Audiencia Nacional. Tras ser incluido en la 'lista negra' de la Unión Europea, el magnate ruso ha tenido una serie de dificultades para poder seguir adelante con la representación legal que ejercía el despacho Baker McKenzie, por lo que finalmente ha fichado al abogado Carlos Gómez Jara, experto en derecho penal económico, para que dirija su defensa en la investigación que se sigue contra él por la quiebra del grupo tecnológico Zed, según han informado fuentes jurídicas a La Información.
Se da la circunstancia de que Gómez Jara, letrado con experiencia en macrocausas de la Audiencia Nacional como Bankia, Popular o Tándem, fue el primer abogado de Fridman, si bien en septiembre 2019, poco después de la imputación del multimillonario de origen ucraniano en el denominado 'caso Zed', decidió contratar los servicios del despacho de abogado internacional por su experiencia "en procedimientos de insolvencias, así como por su capacidad de litigación transfronteriza", según informó en un comunicado.
Así, el equipo jurídico liderado por Jesús Santos, exfiscal de la Audiencia Nacional y abogado del PP en el caso Gürtel, de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la investigación por la 'operación Kitchen', o del director general de Negocios de Iberdrola, Francisco Martínez-Córcoles, en el 'caso Villarejo', ha defendido la inocencia de Fridman durante dos años y medio, si bien la relación se ha visto frustrada justo después de las sanciones económicas impuestas por Bruselas a 'oligarcas' rusos y personas cercanas al presidente ruso Vladimir Putin.
Debido a dicho 'veto' europeo, BakerMcKenzie avanzó que estaba "revisando y reajustando su actividad y el trabajo que desarrolla" para sus clientes en Rusia "a fin de cumplir con todas las sanciones aplicables y con la legalidad vigente". Asimismo, apuntó que, "en algunos casos", esta tarea supondrá la "desvinculación total de las relaciones existentes", lo que finalmente ha ocurrido con el dueño de la cadena de supermercados Dia. Esta situación ha causado que Fridman se ponga en manos de Gómez Jara, quien se ocupa también de la estrategia de defensa del expresidente del Banco Popular Emilio Saracho, o de la acusación particular que ejercen el presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, y el expresidente de ACS Luis del Rivero en el conocido como 'caso Villarejo'.
Fianza millonaria
El cambio de defensa tiene lugar en un momento en el que el fundador del Grupo Zed, Javier Pérez Dolset, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que imponga a Fridman y sus socios rusos una fianza de 1.900 millones de euros por presuntamente llevar a cabo una serie de maniobras para realizar un "reistrevo" (asalto, en ruso) con el fin de llevar a la tecnológica en una situación de insolvencia. Fuentes jurídicas consultadas por La Información señalan que esta solicitud no ha obtenido aún ninguna respuesta del magistrado, quien puede pedir a las acusaciones y defensas que informen sobre la pertinencia de aceptar dicha medida cautelar, o rechazarla directamente.
El periplo judicial del empresario comenzó en agosto de 2019, cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, le imputó en el denominado 'caso Zed', a petición de la Fiscalía Anticorrupción, para aclarar si lideró un plan, que habría sido ejecutado por sus socios rusos, para provocar la "asfixia económica" de la compañía tecnológica de Pérez Dolset (también investigado) e intentar adquirirla a un precio inferior al de mercado. Un año y cuatro meses después, el magistrado consideró que no había suficientes pruebas para acreditar que Fridman participó de forma "directa" o "indirecta" en los hechos objeto de investigación, por lo que le exoneró de cualquier responsabilidad.
Sin embargo, esta decisión fue revocada en julio de 2021 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ordenó volver a imputarle al entender que la investigación aún no se ha agotado y por tanto no se pueden descartar los indicios de su actuación, ya que le sitúan en "un segundo plano, pero con evidentes poderes de decisión". De este modo, el juez instructor se vio obligado a seguir investigando a Fridman por los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, administración desleal, apropiación indebida, insolvencia punible y corrupción en los negocios, sin perjuicio de otros relacionados con conductas falsarias y fraudulenta.
Archivo por la compra de Dia
Esta no es la única investigación judicial en la que Fridman se ha visto involucrado, pues otro juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, también le investigó por la compra de Dia en 2019. En poco más de un año, en diciembre de 2020, el magistrado decidió archivar el procedimiento contra el magnate al entender que no existen indicios de una supuesta manipulación de precios para devaluar las acciones de la cadena de supermercados y comprarla a un precio más bajo. Según señaló el juez en su auto, la bajada continuada del precio de las acciones se debió a "la evolución del negocio" producto de "una mala gestión" o a "la inadecuada política comercial y de inversiones".
Fridman anunció que plantará cara a Bruselas e impugnará las sanciones económicas, después de tacharlas de "injustas" y basadas en "falsedades malintencionadas y deliberadas". En este contexto, el magnate situado en el círculo próximo al Gobierno ruso, se desmarcó en una carta de la actuación de Putin, al afirmar que "la guerra nunca puede ser la respuesta". En este sentido, tras manifestar su "profunda" tristeza" y recordar que su familia vive en Lviv -sexta ciudad más poblada de Ucrania-, pidió el fin del conflicto y del "derramamiento de sangre".
Tras ser incluido en la 'blacklist' de Europa, el empresario dimitió del Consejo de Administración de LetterOne, 'holding' fundado por él mismo con el que controla Dia, y de la junta de Veon (participada al 48% por el vehículo inversor), un proveedor global de servicios de internet con sede en Ámsterdam, y cuyo principal mercado de operaciones se encuentra en Rusia. Sería por este último -antes denominada Vimpelcom- por el que estaría imputado en el 'caso Zed'. Además, el fondo de capital riesgo Pamplona Capital Management también ha buscado desligarse de LetterOne, su mayor partícipe y financiador, para evitar que su actividad se vea bloqueada por las sanciones.
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