La firma del contrato que supondrá la puesta en marcha de la fabricación del blindado 'VIP' del Ejército, el VCR 8x8, no se producirá en diciembre, como estaba planeado. El malestar crece en el Ejército de Tierra, que considera la situación "alarmante" y que lleva reclamando este vehículo desde 2007, ya que los actuales BMR están obsoletos y no proporcionan el nivel de protección que aportan los Vehículos de Combate sobre Ruedas (VCR).
El 8x8 no se fabricó antes por cuestiones de financiación, pero para el Ejército es un asunto de extrema necesidad. "Justo en 2007 murieron siete militares en el Líbano cuando un viejo vehículo BMR sufrió un ataque (con coche bomba). Es una tecnología obsoleta", apuntan fuentes castrenses a La Información. Sin embargo, dicha necesidad no se va a satisfacer en los plazos marcados: la puesta en marcha de la fabricación de la primera tanda de vehículos no se firmará en diciembre, como Defensa había estipulado.
El pasado 12 de julio el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en Consejo de Ministros el primer tramo de producción de 348 vehículos de Combate Sobre Ruedas (VCR), cuyo valor estimado alcanza los 2.083 millones de euros. Tal y como adelantó La Información, el Ejecutivo apostó por un contratista único, Santa Bárbara Systems, que trabaja en UTE con Sapa e Indra. Ahora, las tres compañías intercambian acusaciones por el retraso.
¿Habrá sanción de 10.000 euros al día? ¿Y nuevo concurso?
Según ha podido saber La Información, el Ejército de Tierra no recibirá los "demostradores" (los prototipos que tienen que probará una Brigada de la Legión antes de iniciar su fabricación) hasta mayo de 2020. Un proyecto que se ha bautizado como "Fuerza 35". El retraso también genera malestar entre las compañías que no tuvieron opción de acceder a este millonario contrato, pero sobre todo en el propio Ejército. Los mencionados "demostradores" se están fabricando en Sevilla, concretamente en Alcalá de Guadaira, con el consiguiente impulso económico para la zona.
Cuando se retrasó la entrega de prototipos de julio a noviembre, Defensa anunció que impondría multas millonarias a la UTE de Santa Bárbara, Indra y Sapa. Fue 'El Pais' quien publicó la exclusiva, en la que fuentes de Defensa aseguraban que no había ninguna intención de modificar el contrato: "se aplicará lo estipulado". Es decir, una sanción de más 10.000 euros diarios. El retraso de cuatro meses, por tanto, implicaría una multa de más de 1,2 millones. Algo que no se ha producido.
¿Se rebajarán las condiciones del pliego?
La Información ha trasladado a la Secretaria de Estado varias preguntas. La primera, si se impondrán la multa estipulada, ya que ahora que amplía el plazo de entrega de los "demostradores" hasta mayo de 2020. Hay que tener en cuenta que Defensa optó por Santa Bárbara -bajo una fórmula de contratista único que generó una enorme polémica en el sector- porque consideró que era el fabricante óptimo para cumplir los plazos.
La segunda si, como apuntan fuentes del sector, se bajará rebajar las condiciones del pliego para que los vehículos estén listos en diciembre y se puedan aprobar los presupuestos en plazo. O si, en un tercer supuesto, se volverá a convocar el concurso público para no incumplir con el contrato, algo que provocaría aún más retrasos y todavía más malestar en el Ejército. Al cierre de esta edición, La Información no ha recibido ninguna respuesta.
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