La moción de censura y la configuración del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ha supuesto no sólo un incremento del gasto de los ministerios, al pasar de 13 a 17 carteras, sino que también el Ejecutivo se ha visto obligado a destinar partidas presupuestarias adicionales para encajar los cambios en los diferentes departamentos. Una de las principales novedades afecta a Función Pública, al área de la que dependen todos los funcionarios, que ha pasado de depender del Ministerio de Hacienda a encuadrarse en el nuevo Ministerio de Política Territorial que dirige Meritxell Batet. Un decisión que ha tenido y tendrá un coste extra.
La decisión de separar Función Pública de Hacienda ha obligado al Gobierno a buscar una nueva ubicación para un total de 1.000 trabajadores, entre funcionarios y personal externo. De este modo, la cartera estrenará nuevas dependencias en Madrid, lo que va a conllevar una mudanza de grandes dimensiones que se pretende realizar a lo largo de las próximas semanas para que los diferentes departamentos comiencen a estar operativos a la vuelta de las vacaciones.
Las nuevas dependencias de la Secretaría de Estado de Función Pública estarán ubicadas en tres inmuebles de la capital: la sede principal será la del número dos de la calle Manuel Cortina, en el castizo barrio de Chamberí. Se trata de un edificio que perteneció a Mapfre y que la aseguradora vendió hace unos meses a la inmobiliaria GMP, propiedad de la familia Montero Alemán. Fue una de las operaciones estrella de la capital durante el pasado año. En total, la firma pagó unos 70 millones de euros por el edificio que se encuentra a apenas seis minutos a pie del Paseo de la Castellana, según presume la propia GMP.
Ahora, Función Pública se instalará en Manuel Cortina en régimen de alquiler, lo que supondrá un coste extra para la Administración General del Estado. El edificio, siempre según el portal de GMP, tiene 16.383 metros cuadrados de oficinas y 335 plazas de vehículos. Teniendo en cuenta que el metro cuadrado de oficinas ronda en esa zona los 29 euros la factura mensual rozaría los 500.000 euros.
Allí se ubicarán en bloque los funcionarios y personal externo que ha trabajado hasta ahora en las históricas oficinas de Hacienda en María de Molina, 50. Años antes de ser alquilado para Función Pública, por cierto, Mapfre ya negoció con el Gobierno la posibilidad de arrendar este mismo inmueble de Chamberí al ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior). No hubo acuerdo final.
Además de este 'cuartel general', la Secretaría de Estado de Función Pública tendrá dos sedes más, de menores dimensiones, también en Madrid. Una estará en la Plaza de Juan Zorrila, 1, en el barrio de Vallehermoso, un edificio donde, precisamente, también se ubica la oficina central de la sección de CCOO sobre el Sector de la Administración General del Estado (SAE). La tercera sede estará en la calle Teresita González Quevedo, 18, donde la administración dispone de dos inmuebles de apenas 70 y 90 metros cuadrados, según consta en el listado de bienes del Ministerio de Hacienda. Ambas funcionarán de almacén. Función Pública abandonará definitivamente sus dependencias de Diego de León, 69 y José Marañón, 12.
Este cambio de sede de Función Pública llevará aparejada una macromudanza. Para ello la administración ha contratado los servicios de Mudanzas Flippers, la firma que trasladará a estas tres nuevas ubicaciones los puestos de trabajo de 558 funcionarios y 409 trabajadores contratados. Se moverán 2.735 sillas, 1.381 mesas, 1138 armarios, 173 mesas de reuniones y 781 archivadores, así como unas 8.230 cajas de documentación y 15.400 cajas de archivo. A todo ello hay que sumar percheros, librerías, frigoríficos, aires acondicionados, fotocopiadoras... Así como 1.618 ordenadores de sobremesa y 100 portátiles.
La empresa de mudanzas cuenta con 75 días naturales para realizar el traslado definitivo de todos estos enseres, de forma que será en el mes de octubre cuando la Secretaría de Estado de Función Pública esté plenamente operativa en su nuevo inmueble de Chamberí.
La otra Secretaría de Estado del Ministerio de Política Territorial, la de Administraciones Territoriales, ya se ha ubicado en el número 3 del Paseo de la Castellana, en el Palacio de Villamejor, lo cual también ha tenido un coste extraordinario. Allí estuvo hasta la Transición la Presidencia del Gobierno. Para adaptar estas dependencias el Gobierno ha tenido que levantar unos offices, un contrato que ha sido suscrito con la empresa de servicios Ilunion por un valor de 58.635,43 euros.
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