Miércoles, 20.11.2019 - 02:19 h
¿Quien ordenó el desvío de fondos públicos?

El futuro judicial de Esperanza Aguirre en Púnica, en manos de su antiguo equipo

La declaración de los exconsejeros Sarasola, Lamela y Güemes ante el juez es crucial para determinar de donde salieron las órdenes de contratación.

Esperanza Aguirre
El futuro judicial de Esperanza Aguirre en Púnica, en manos de su antiguo equipo. / EFE

El grueso de declaraciones practicadas estas últimas semanas en el caso Púnica para determinar si hubo o no una financiación paralela a la oficial en el PP madrileño no ha arrojado especial luz en torno a la figura que estaría detrás de estas órdenes concretas; sin embargo, los interrogatorios pendientes de practicar en esta pieza novena van a ser cruciales para el futuro judicial de la última en declarar por este asunto: la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.  

Esto es así porque por sede judicial desfilarán los próximos días antiguos consejeros muy cercanos a la entonces mandataria, como son los investigados Borja Sarasola, Juan José Güemes, María Gádor y Manuel Lamela. Fuentes de la investigación consultadas por La Información apuntan que algunos de los antiguos compañeros de equipo de la que fuera líder de los populares madrileños apuntarán que la persona que tenía el mando en la Puerta del Sol era Aguirre y que todas las decisiones relativas a contratación que se tomaron en aquel entonces y que ahora investiga la Audiencia Nacional pasaron por sus manos. 

De manera que la versión que aporten todos ellos ante el magistrado instructor será fundamental para el futuro de la exmandataria, la cual está citada el día 18 del próximo mes. Su imputación en la macrocausa se produce cinco años después del estallido de la misma tras las conclusiones aportadas por la UCO y recogidas por la Fiscalía Anticorrupción que la sitúan en el mismo inicio del asunto. En su escrito de ordenación de piezas, las fiscales del caso apuntan que estuvo en reuniones clave en las que se acordaron los detalles acerca de cómo financiar de manera irregular las campañas electorales mediante donaciones de empresarios vinculados al partido.

En concreto, el Ministerio Público considera que existen indicios racionales acerca de que se celebró una reunión a principios del año 2004 en la sede de Presidencia en la que se introdujo a los consejeros presentes a un empresario clave en la red, Daniel Horacio Mercado. En dicho encuentro participaron Aguirre, sus delfines Ignacio González y Francisco Granados, su exjefa de prensa Isabel Gallego además de los exconsejeros Alberto López Viejo y Manuel Lamela.

Por este encuentro concreto van a preguntar los investigadores en tanto se sospecha que en el mismo se dieron instrucciones detalladas acerca de que se contratara a Over Marketing (sociedad de Mercado) para las cuestiones relativas a publicidad y comunicación del Gobierno regional. La Fiscalía solicitó la imputación de Aguirre el pasado mes de agosto apuntando que supervisó y controló las partidas de adjudicaciones de todas las consejerías de su equipo de gobierno permitiendo por tanto el desvío de fondos públicos a cambio de conseguir una financiación opaca para las campañas de 2007, 2008 y 2011. 

No obstante, aunque la supervisión correspondiera a Aguirre, el control directo de estas adjudicaciones presuntamente amañadas era competencia de cada consejero, de ahí que la versión que presten todos ellos sea trascendental de cara a esclarecer el origen de todas estas órdenes. Las mismas fuentes consultadas explican al respecto que los ahora investigados (y que se suman a otros exconsejeros imputados como Salvador Victoria y Lucía Figar) delegarán en sus superiores cualquier responsabilidad de contratación aunque igualmente no se descarta que nieguen tener conocimiento de cualquier ilícito penal que se pudiera haber cometido con estas adjudicaciones. 

Silencio clave en la causa

En este circuito jugaron un papel esencial tanto los órganos dependientes del Gobierno regional (como Mintra, Fundescam o Arpegio) como otros implicados en la red: los empresarios cercanos al PP madrileño. En concreto destaca el papel crucial que tuvieron tanto Óscar Sánchez Moyano (Sintra, Formaselect) como Miguel Madoz, administrador de Swat. Precisamente este último se acogió a su derecho a no declarar en su cita judicial del pasado 17 de septiembre. Un silencio especialmente determinante que coincide con el mantenido desde el primer momento por otra de las personas más cercanas a Aguirre y claves en este caso: Beltrán Gutiérrez.  

El exgerente de la formación regional vuelve a ser figura central en el último escrito de Anticorrupción en el que se apuntala el conocimiento que tenía de esta contabilidad opaca la cual reflejó en documentos incautados durante los registros iniciales en la causa. Tanto es así que figuró como uno de los patronos de Fundescam, presidida por Aguirre. El hecho de que la fundación estuviera suscrita al partido permitió a Gutiérrez el control directo de sus gastos e ingresos facilitando así que se empleara "como instrumento de desvío de fondos públicos" a través de las subvenciones que ellos mismos otorgaron desde la Comunidad de Madrid. 

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