El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, comienza a despejar los distintos frentes que tenía abiertos. La iniciativa del Gobierno para suavizar el decreto ley para rebajar el precio de la luz, y así disminuir el ‘hachazo’ a las eléctricas, ha permitido que la tensión iniciada con la ministra Transición Ecológica, Teresa Ribera, baje unos grados. Sin embargo, Sánchez Galán sigue teniendo presente una preocupación importante, cuya reputación ha hecho que se vea algo perjudicada: su imputación en el ‘caso Tándem’, que instruye la Audiencia Nacional. Por ello, tras insistir en que los presuntos hechos delictivos que se le atribuyen están prescritos, su abogado ha instado al juez instructor Manuel García Castellón que acuerde de una vez por todas el archivo del procedimiento para poder empezar a planear su futuro.
Ignacio Sánchez Galán fue imputado el pasado 23 de junio en la pieza separada número 17 de la macrocausa ‘Tándem’, centrada en la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo por parte de Iberdrola en distintos periodos comprendidos entre 2004 y 2017. Estaba previsto que la comparecencia ante el juez tuviera lugar el 7 de julio de 2021, si bien ésta nunca tuvo lugar, ya que la compañía que dirige desde 2006 y su propia defensa plantearon varios incidentes de nulidad de la causa. Cabe recordar que el presidente de la compañía eléctrica, a través de un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se puso a disposición de la Audiencia Nacional antes de que acordara llamarle a declarar como investigado para poder despejar cualquier duda sobre los encargos que se realizaron al agente encubierto.
Durante todo este tiempo, la representación legal de Sánchez Galán, ejercida por el abogado Carlos Domínguez, ha reiterado en varias ocasiones la petición dirigida al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 para que acuerde el sobreseimiento de la imputación por el presunto delito continuado de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil. La primera vez fue el pasado 2 de agosto y tras no haber recibido ninguna respuesta “más de tres meses” después, la defensa ha vuelto a registrar otro escrito el pasado 7 de noviembre, al que ha tenido acceso La Información, para reclamar un impulso a la situación procesal del presidente de la compañía del Ibex 35 y poner fin a su imputación.
El abogado de Sánchez Galán, además de hacer énfasis en la prescripción de los delitos atribuidos indiciariamente, también pidió en su primer escrito que se extendiera a su cliente los argumentos que el juez plasmó un auto para desimputar de la macrocausa a otros primeros espadas de empresas del Ibex con el objetivo de evitar causar un mayor “daño reputacional”. No obstante, la diferencia en este caso es que el presidente de Iberdrola aún no se ha sometido al interrogatorio que servirá al juez llegar a una conclusión sobre su futuro en el procedimiento.
Pendiente de la Sala de lo Penal
Desde que dejó sin efecto la citación como imputado de Sánchez Galán, el magistrado de la Audiencia Nacional ha estado pendiente del avance de la investigación para fijar en el calendario la fecha en la que tomar declaración tanto al presidente de Iberdrola y a sus directivos más allegados que formaban la cúpula de la compañía durante la época en la que el comisario jubilado fue contratado. Por un lado, el juez mantiene la causa paralizada hasta que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se reunió el pasado 5 de noviembre, resuelva los recursos presentados por la empresa y varios de los imputados y perjudicados contra las resoluciones relacionadas con la imputación de la filial Iberdrola Renovables Energía por un pago en 2012 al Grupo Cenyt, el entramado empresarial de Villarejo; o contra la exclusión de la propia firma como acusación particular en la causa.
Por otro lado, el instructor se encuentra a la espera de que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional aporte un último informe requerido para determinar hasta qué punto los máximos responsables de la multinacional vasca tenían conocimiento de los servicios prestados por el agente encubierto. Todo ello después de que el que fuera ‘controller’ de Iberdrola José Antonio del Olmo, un “testigo clave” -e imputado- para el juez y un ‘enemigo’ para la compañía, apuntara en un informe que Sánchez Galán era perfecto conocedor de los ‘negocios’ entablados por el exjefe de Seguridad de la eléctrica Antonio Asenjo -también investigado- con Villarejo para llevar a cabo presuntos trabajos de espionaje a otros empresarios, como el presidente de ACS, Florentino Pérez (‘proyecto Posy'), o el expresidente de Endesa Manuel Pizarro (‘proyecto Blackboard’ o ‘proyecto B-B’); o para superar los obstáculos que podrían impedir la construcción e instalación de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (‘proyecto Arrow’).
Aún así, la ofensiva del representante legal de Sánchez Galán no disminuyó y hace apenas un mes, el pasado 10 de octubre, volvió a presentar un nuevo escrito para aportar “algunos datos y elementos complementarios” para insistir en su petición de sobreseimiento de los hechos investigados. Visto que a día de hoy el juez García Castellón mantiene en pie la imputación, el abogado insiste en que la jurisprudencia del Tribunal Supremo impide investigar una persona cuando los acontecimientos presuntamente delictivos por los que se le persiguen están prescritos. Por ello, solicita “con urgencia” un pronunciamiento judicial estimando su petición debido a la “imposibilidad jurídica de sujetar a la causa a quien tiene extinguida su eventual responsabilidad penal, con improcedente prolongación de los daños personales y reputacionales que esa inadecuada retención procesal genera”.
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