Gallardón asegura que en España se persigue a corruptos de cualquier partido

  • El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado hoy que en España siempre que hay un caso de corrupción "hay una respuesta de las instituciones", y que la Fiscalía persigue, con total autonomía, las conductas que merecen reproche penal "de cualquier formación política sin excepción".

Madrid, 27 feb.- El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado hoy que en España siempre que hay un caso de corrupción "hay una respuesta de las instituciones", y que la Fiscalía persigue, con total autonomía, las conductas que merecen reproche penal "de cualquier formación política sin excepción".

De esta forma se ha expresado el ministro en el pleno Congreso al responder a una interpelación de la líder de UPyD, Rosa Díez, que ha reclamado más medidas contra la corrupción y que se incluyan en el Código Penal los delitos de financiación ilegal y enriquecimiento ilícito de los partidos políticos.

En su intervención, el ministro ha enumerado las reformas ya emprendidas que han endurecido las penas para delitos de corrupción, como la aplicación de la responsabilidad penal a partidos políticos y sindicatos, y ha insistido en que el acuerdo de ayer en el Congreso, recoge otras muchas medidas para evitar la más mínima condescendencia con estas conductas.

Así, ha recordado que se creará una comisión independiente que remitirá al Congreso un informe sobre regeneración democrática y que se aprobarán una serie de proyectos de ley para reforzar el control de la actividad financiera y económica de los partidos, el régimen de contratación con la administración, y publicar las rentas y la evolución del patrimonio de todos los cargos públicos desde que entran en política.

Gallardón ha hecho especial hincapié en las modificaciones legales que corresponde abordar a su departamento en esta materia y ha asegurado que las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial agilizarán la respuesta de la Justicia para los delitos de corrupción para garantizar que no haya impunidad ni condena pública sin sentencia.

En concreto, la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal limita a seis meses la investigación, que recaerá en manos del fiscal, con la posibilidad de prorrogar el plazo hasta los dieciocho meses si así lo autoriza el tribunal de garantías.

También se limitará el plazo del secreto de las investigaciones a seis meses, doce cuando se trate de grupos organizados, lo que facilitará, según el ministro, que se dé una pronta respuesta a los corruptos.

Asimismo, el borrador elaborado por la comisión de expertos designada por el Gobierno propone que cuando existan suficientes indicios de que el encausado ha cometido algún delito que pueda conllevar acarreada la inhabilitación en el ejercicio de sus funciones, el tribunal de instancia podrá acordar como medida cautelar esa inhabilitación.

Estas medidas contribuirán a reforzar la batalla contra la lacra de la corrupción, según el ministro, que ha negado que en España exista impunidad como ha afirmado la diputada Rosa Díez.

"Los partidos políticos debemos desnudarnos ante los ciudadanos", ha dicho Díez, que considera que el acuerdo contra la corrupción alcanzado ayer en el Congreso es positivo pero no suficiente para prevenir y condenar con toda dureza las conductas de corrupción, como piden los ciudadanos.

En su opinión, se ha "abusado demasiado de la presunción de inocencia" y la situación de impunidad permanece, como demuestran los actuales escándalos de financiación ilegal que afectan a los partidos y los casos de cargos públicos con un patrimonio y un nivel de vida son difícilmente justificables con sus retribuciones.

Tras escuchar a la líder de UPyD, Gallardón ha abogado por no generalizar ni sembrar la sospecha de que España es un país corrupto por naturaleza" porque a su juicio esa "falsedad" se traduciría en una falta de competitividad.

"No caigamos en la tentación del populismo para diagnosticar con precisión el tumor que es preciso extirpar, no vaya a ser que en la operación para extirpar el tumor lo que acabemos haciendo sea matar al paciente", ha recalcado el ministro.

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