Gallardón: Hay 25.000 millones de euros parados esperando resolución judicial

San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 21 jul.- El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dicho hoy que hay que mejorar el tiempo de respuesta de la justicia como lo demuestra que en España están paralizados 25.000 millones de euros, que podrían generar empleo y riqueza, porque esperan resoluciones judiciales.

Alberto Ruiz-Gallardón ha dado este dado en la inauguración del seminario "La Justicia en España: Viejos problemas, nuevas soluciones", organizado por la Asociación Profesional de la Magistratura en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial.

El ministro ha destacado la labor de los jueces y ha comentado que en los últimos años España ha sufrido mucho por los casos de corrupción que ha provocado un desprestigio generalizado en operadores privados y administraciones públicas pero que no ha alcanzado al poder judicial porque sus integrantes "han mantenido su integridad".

No obstante, ha indicado que una resolución justa se convierte en inútil si ha transcurrido tanto tiempo en ser dictada que no repara el daño sufrido por los afectados y ha lamentado que esto pasa todavía muchas veces en España.

"Tenemos unos recursos económicos muy importantes en estos momentos comprometidos por esta situación y por lo tanto inactivos, de hasta 25.000 millones de euros. 21.000 en el orden civil, 2.000 en el contencioso y otro tanto en lo Social", ha precisado el ministro.

Ha insistido en que son "25.000 millones de euros que debían de estar circulando para que sus titulares los pusieran inmediatamente a trabajar en el mejor sentido de la expresión y que sin embargo están paralizados sin contribuir a generar riqueza en este país como consecuencia de que están pendientes de resoluciones judiciales".

A juicio de Ruiz-Gallardón "detrás de estas dificultades está el obstáculo para que la justicia sea percibida por los ciudadanos como un servicio público de calidad".

"Ante esta situación, que no es catastrofista sino analítica de la realidad, la decisión que adoptamos es reformar. Hemos hecho proyectos de reforma que se suman a cosas bien hechas pero insuficientes", ha comentado el ministro.

Ha recalcado que el Ministerio de Justicia que él encabeza es "reformista" y ha llevado a cabo 29 iniciativas legislativas -"creo que más que ningún otro departamento", ha indicado-, y ya hay diez leyes y tres decretos leyes aprobados y que son normas vigentes, mientras que las demás están en tramitación parlamentaria.

Alberto Ruiz-Gallardón estima que "la justicia tiene que dar el gran salto para ser uno de los grandes servicios público de España" ya que está convencido de que su modernización "contribuye al desarrollo económico del país".

Ha explicado que uno de los objetivos de las reformas en marcha es liberar a los jueces de las tareas que no son estrictamente jurisdiccionales como por ejemplo las de los registros civiles y por ello los registradores mercantiles, en su condición de funcionarios, pasarán a ser registradores civiles y mercantiles para hacerse cargo de ellos.

El ministro ha asegurado que todos los municipios tendrán oficinas de estos registros, ya que donde no las haya se harán cargo notarías y en su defecto los juzgados de paz, todos con un sistema informático de titularidad pública.

También ve necesario descargar a la justicia de la excesiva carga de litigios que sufre y por ello ha dicho que se tramitará próximamente un proyecto de jurisdicción voluntaria y de mediación.

En este sentido ha puesto como ejemplo que solo en el primer trimestre de este año han entrado en los juzgados y tribunales españoles más de dos millones de asuntos a repartir ente 4.800 jueces, que salen a una media de 462 para cada uno.

Por otra parte, el ministro ha indicado que se ha introducido en el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial un sistema de ejecución de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que a raíz de la dictada en relación con la doctrina Parot el Tribunal Supremo avisó de su necesidad.