El diálogo social se ha puesto complicado para la CEOE. Los últimos pasos del Gobierno, con la aprobación de manera unilateral de la subida del 22% en el Salario Mínimo Interprofesional y la imposición sin apenas margen de maniobra de un megadecreto de medidas en materia laboral y de Seguridad Social el pasado 28 de diciembre, que ha sembrado el pánico en las empresas en el arranque del año, han situado a la principal organización empresarial del país en un escenario difícil, en el que parece que su voz ha perdido peso en la concertación social precisamente cuando el Ejecutivo se apresta para lanzar su ofensiva contra la reforma laboral del año 2012.
Con la Presidencia recién estrenada, Antonio Garamendi no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados y, según confirman fuentes empresariales, ya ha 'movilizado' a Confebask (la patronal vasca) y Fomento del Trabajo (la patronal catalana) para trabajarse el apoyo de PNV y PDeCAT y abrirse de este modo un canal dentro del Parlamento para atemperar las iniciativas gubernamentales más dañinas para los intereses de las empresas.
La Junta Directiva de CEOE ya mandató en su última Junta Directiva a Josep Sánchez-Llibre, responsable de Relaciones Parlamentarias de CEOE y presidente de Fomento del Trabajo, para aprovechar sus contactos en la cámara - particularmente con el PDeCAT - para bloquear o paliar en el Congreso de los Diputados parte de las reformas impuestas desde el Ejecutivo. Y, según fuentes empresariales, Garamendi, a través de Confebask y en primera persona también, ha movido sus contactos en el Gobierno Vasco para habilitar el posible apoyo del Grupo Vasco en el Congreso a las posiciones defendidas por los empresarios.
La compleja aritmética parlamentaria de este periodo de sesiones convierte a las formaciones nacionalistas de talante más conservador en socios necesarios para el Gobierno de Pedro Sánchez, y Garamendi quiere aprovechar la tradicional sintonía de esas formaciones con el tejido empresarial vasco y catalán para filtrar por ese cauce las aspiraciones empresariales toda vez que el canal del diálogo social se ha puesto difícil.
La primera prueba para esta nueva alianza política será la tramitación parlamentaria de las medidas aprobadas el pasado 28 de diciembre, que los socios del Gobierno de Pedro Sánchez han forzado a tramitar como proyecto de ley precisamente para tener la oportunidad de introducir enmiendas. No hay que olvidar que el Ejecutivo deslizó que ese paquete de medidas unido a la subida del Salario Mínimo proporcionarán a las arcas del Estado y la Seguridad Social una recaudación extra de 3.150 millones de euros, una cifra que desde el ámbito empresarial se rebaja a unos 1.000 millones de euros, al menos en lo que a ellas afecta de forma directa.
CEOE confía en derribar en el trámite parlamentario la sobrecotización aplicada sobre los contratos de duración inferior a cinco días y sobre los contratos de interinos y arrumbar asimismo con la controvertida decisión gubernamental - contestada ya no sólo desde las empresas sino también desde las universidades - de hacer cotizar a las empresas por los estudiantes en prácticas que no perciben remuneración alguna.
A la espera de la segunda oleada de ajustes laborales
CEOE también confía en poder utilizar ese canal para introducir en el debate del proyecto de Presupuestos para 2019 alguno de los asuntos bloqueados en el campo del diálogo social y que considera precisa abordar tanto en el ámbito de la financiación de la Seguridad Social como también en el de la normativa laboral.
Pero el movimiento no sólo es táctico sino preventivo. La organización empresarial está preocupada por los últimos papeles que le han llegado de la segunda oleada de ajustes en la normativa laboral que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere sacar adelante en las próximas semanas y que aborda asuntos tan críticos para el día a día de las empresas como la subcontratación, la prioridad aplicativa en los convenios, la ultraactividad o el controvertido registro horario en las empresas.
CEOE sospecha que el Gobierno pretende aprobar por decreto una reforma de máximos para luego matizarla en el trámite parlamentario y necesita el respaldo suficiente bien para influir en ese debate o bien para bloquear un potencial decreto de máximos, tal y como ha ocurrido por ejemplo con las medidas del Gobierno en materia de alquiler.
Hay que recordar que entre las posibilidades que se han deslizado desde el Gobierno está la de impedir utilizar el contrato de obra y servicio por parte de las subcontratas o la de reinstaurar la ultraactividad tal y como estaba antes de la reforma de 2012, es decir, con los convenios prorrogándose 'sine die' en ausencia de un acuerdo empresarios-sindicatos, escenarios que desde la organización empresarial se consideran muy dañinos para el normal funcionamiento de las empresas.
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