El excomisario Enrique García Castaño -conocido en los círculos policiales como 'El Gordo'- quiere declarar sobre el origen de fondos de hasta 600.000 euros con todas las garantías posibles. Por ese motivo ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el caso Tándem, Manuel García Castellón, que aclare si la competencia para su desclasificación pertenece al Consejo de Ministros o bien al Congreso de los Diputados, al tratarse de un asunto secreto operado por la Ley de Fondos Reservados de 1995.
De este modo, la defensa del exmando policial ha presentado un escrito al juzgado, al que ha tenido acceso este medio, en el que expone que su objetivo es pronunciarse sobre el estado de sus cuentas bancarias y el movimiento de ingresos y gastos producido durante los años en que ostentó el cargo de jefe de la UCAO en la Comisaría General de Información. La Fiscalía Anticorrupción indaga si dichas cuantías guardan relación directa con trabajos que habría llevado a cabo junto con el principal acusado de la trama, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, o bien con otros operativos costeados con fondos reservados del Estado tales como el encargo de espionaje a Luis Bárcenas, que se investiga en la pieza 'Kitchen'.
En su última citación judicial el pasado 27 de marzo, el magistrado García Castellón adelantó que antes de señalar una nueva fecha de interrogatorio se dirigiría al Consejo de Ministros para solicitar dispensa teniendo en cuenta que su declaración queda sujeta a la Ley de Secretos Oficiales y que es por tanto este órgano el que tiene dar autorización para que pueda pronunciarse sobre este asunto. En su escrito, el acusado recuerda que el magistrado ya recurrió al Consejo de Ministros para que se le pudiera interrogar en relación al espionaje a Luis Bárcenas en el que se le sustrajo información sensible y privada del Partido Popular en calidad de máximo representante de las finanzas del mismo.
Materia secreta y reservada
Sin embargo, la defensa de 'El Gordo' -a quien se le investiga desde el pasado mes de febrero en la pieza principal de Tándem por su vinculación con la trama de Villarejo- apunta a que en dicho acuerdo del 7 de diciembre no se hizo referencia a la dispensa relativa al uso y destino de fondos reservados. Expone además que la Ley de Secretos Oficiales distingue en su artículo tercero entre información 'secreta' y 'reservada' y es por ello que regula dos formas de clasificación de materias, la perteneciente al poder ejecutivo (Consejo de Ministros) y al poder legislativo (Congreso de los Diputados).
Por ese motivo se solicita al magistrado instructor que no solo se le dispense del secreto de uso y destino de fondos reservados sino también del procedimiento de gestión de dichos fondos, y por ello considera "fundamental" la desclasificación de la Orden Comunicada de 1995. Esto es así porque en su próxima citación judicial no solo se pronunciará sobre el contenido de sus cuentas sino que también aportará recibos y documentación de las mismas relativos al periodo transcurrido entre los años 2007 y 2018, tal y como ya adelantó en su última declaración. Igualmente pide que se acuerde una pieza separada dentro de esta macrocausa para instruir esta parte concreta del procedimiento y que se decrete el secreto de las actuaciones.
No es la primera vez que el exjefe de la UCAO muestra su disposición a declarar sobre asuntos relativos al caso Villarejo. Ya hizo lo propio los meses de octubre y noviembre del pasado año tras la filtración en prensa de determinados audios según los cuáles habría facilitado información sensible a Villarejo. Las grabaciones aludían a negocios con el propio comisario jubilado para vender armas a Siria y Arabia Saudí aprovechando su influencia en el Ministerio de Defensa o al presunto pago de 250 millones de euros al exespía Francisco Paesa a cambio de que facilitara la entrega del exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán en el aeropuerto de Bangkok en 1995.
Sin embargo, su próxima declaración ante el juez al frente de esta macrocausa se produce en un contexto diferente teniendo en cuenta que ahora ya figura como investigado en la pieza principal por la que se investiga a Villarejo por el delito de organización criminal y en otras patas de la causa tales como 'Iron' y 'Land', relativas a sendos encargos de espionaje que gestionó el principal acusado desde su grupo empresarial Cenyt, además de la pieza Trampa sobre otra encomienda de seguimiento del BBVA ante el intento de 'asalto' al banco de Sacyr y 'Kitchen', junto con otros mandos policiales que habrían intervenido en el espionaje a Bárcenas efectuado sin autorización judicial.
Sobre todos estos asuntos ya se pronunció en sus interrogatorios del pasado mes de marzo; sin embargo quedó pendiente la celebración de una 'vistilla', que se celebrará con total seguridad en su próxima citación, y en la que la acusación popular que ejerce Podemos se plantea pedir para él prisión incondicional. Además la Fiscalía Anticorrupción -que en lo que respecta a la declaración sobre su fortuna informó de manera favorable a que se desclasifique únicamente las cuantías que percibió en concepto de fondos reservados- investiga también otro presunto intento de espionaje esta vez al que fuera jefe de la lucha antiterrorista de la Policía Nacional, Enrique Barón. Según ha adelantado Vozpópuli y ha podido confirmar este diario, las pesquisas van dirigidas a indagar si miembros del entorno de Villarejo accedieron al despacho de Barón con la intención de colocar micrófonos para grabarle y si, entre los implicados en este asunto, estarían El Gordo o el exjefe del CITCO José Luis Olivera.
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