Garrigues recuerda a los partidos su "obligación democrática" de dialogar

Sonia López.

Madrid, 29 nov.- El jurista Antonio Garrigues Walker, presidente de uno de los mayores despachos de abogados de Europa, recuerda a los políticos en una entrevista con Efe que su obligación democrática es dialogar en aras del interés general y aboga por que la sociedad civil se lo reclame con "virulencia si es necesario".

Garrigues Walker, que ayer presentó su libro "España, las otras transiciones" -premio internacional de ensayo Jovellanos 2013- echa de menos esa "cultura del diálogo" que estuvo presente en la Transición y que hoy, dice, es prácticamente inexistente como se ha visto con la última reforma educativa.

La Lomce, la Ley de Transparencia, el debate soberanista en Cataluña, la renovación del CGPJ o las tasas judiciales, son algunos de los asuntos de la actualidad que Garrigues ha analizado con Efe.

- Pregunta: ¿Qué nos queda aún por aprender de la Transición?

- Respuesta: La cultura del diálogo se ha ido anquilosando y debilitando. Aunque los objetivos ahora no tienen el dramatismo de aquel momento, siguen siendo importantes y el diálogo entre partidos políticos no es un capricho, es una obligación democrática.

Estamos viendo cómo Alemania es capaz en un momento difícil de su economía de poner en marcha una gran coalición.

No digo que las circunstancias sean las mismas que en España y no pido una gran coalición, pero creo que la ciudadanía tiene derecho a exigir que haya un diálogo más profundo, más generoso y más civilizado del que estamos viendo en estos momentos, que no es que sea un diálogo de sordos, sino que es inexistente.

El estamento político tendrá que hacer una reflexión crítica rápida porque eso es lo que la sociedad civil tendrá que reclamarles con virulencia si es necesario.

- P: ¿Cree justificada la falta de confianza de los ciudadanos en la clase política?

- R: La falta de respuesta a las peticiones de acuerdo es lo que ha hecho que el estamento político se haya convertido en una preocupación nacional y está perdiendo credibilidad a borbotones y distanciándose de la ciudadanía y la realidad en su conjunto de manera irresponsable.

El ejemplo lo tienen que dar ellos y tienen que convencerse de que la única forma de recuperar el prestigio sería si demuestran que son capaces de anteponer el interés nacional al interés partidario o sectario.

- P: ¿Se puede recuperar esa confianza con medidas como la Ley de Transparencia?

- R: Habrá gente que diga que la Ley de Transparencia es muy tímida y débil, pero yo, como fundador del Capítulo Español de Transparencia Internacional, debo decir que me alegro de verdad. Tiene defectos y podía ser más exigente pero estoy seguro de que una vez en marcha la propia ley generará mas exigencia.

Para mí, la aprobación de la ley es una buena noticia y es un ejemplo de cómo los partidos políticos pueden llegar a acuerdos, lo que deberían hacer en otros ámbitos como, por ejemplo, la educación.

- P: ¿Deberían, por tanto, haber hecho el Gobierno y la oposición un mayor esfuerzo por encontrar un acuerdo en la reforma educativa?

- R: En España tenemos el viejo problema de que cada Gobierno cambia la ley de educación. En ese terreno tienen la culpa los dos grandes partidos políticos y deberían hacer un esfuerzo de consenso.

Pero lo mismo pasó antes, no pensemos que las cosas han empeorado ahora. Cada Gobierno ha traído a este país una nueva ley de educación. Tanto cambio no es bueno y el anuncio de la oposición de que en cuanto el PP pierda el poder van a volver a cambiar la ley es una noticia también bastante triste porque realmente quienes sufren a través de este proceso son los educandos.

Ahí tenemos un problema que debemos afrontar y no sólo éste, desafortunadamente hay otros muchos en los que el disenso entre los políticos daña la estructura económica y la calidad democrática.

P: ¿Cuánta culpa del desapego actual a los políticos tienen los casos de corrupción?

R: Yo creo que este país ha mejorado en términos de corrupción porque una gran parte de los escándalos que estamos viendo, no digo todos, pertenecen a la época de la borrachera económica. La ciudadanía y el sector público y, en general, todos los estamentos empiezan a darse cuenta de que la corrupción no compensa, de que al final te acaban descubriendo y que la evasión fiscal tampoco puede utilizarse de una forma frívola porque también te cazan.

Yo creo que en España hay una mejor conciencia fiscal y una mejor conciencia frente a la corrupción, aunque nos desaniman las noticias que vemos todos los días, pero en mi opinión en estos momentos el comportamiento ético de la administración, de los partidos y las instituciones es más transparente.

- P: ¿Ve usted una solución a las reivindicaciones soberanistas en Cataluña?

- R: El modelo territorial es de los problemas más complejos y el que intente simplificarlo se equivoca. Cataluña declaró ya su independencia de forma unilateral en tres ocasiones anteriores y en estos momentos estamos viendo una situación delicada.

Yo creo que ese tema se va a arreglar bien y sin traumas y que la ciudadanía es bastante más lista de lo que la gente piensa. Por muchas locuras que cometan los políticos, la ciudadanía acaba colocando a cada uno en su sitio. No es un tema que me preocupe, el modelo autonómico ha sido bueno, ha descentralizado el país y ha generado una dinámica positiva en su conjunto.

- P: Como jurista, ¿qué le ha parecido la negociación entre los partidos para renovar el Consejo General del Poder Judicial?

- R: El tema de la politización de la Justicia es muy delicado, que nadie crea que en otros países no está politizada. En Estados Unidos los nombramientos del Tribunal Supremo son políticos, un grado de politización es inevitable. Lo importante sería en este país no centrarnos en la politización sino exigir a la clase política que las personas que se designen sean objetivamente correctas y estén objetivamente preparadas.

- P: Y como abogado, ¿ve perjudicial la ley de tasas judiciales de Gallardón?

- R: La Abogacía en su conjunto está en contra de las tasas y tiene razones para estar en contra. Es verdad que hay otros muchos países donde hay tasas judiciales y creo que al final habrá que llegar a un acuerdo en cuanto a la cuantía de las tasas y la aplicación de las mismas. Creo que hay mucho margen de diálogo, todas las leyes son revisables y en esta misma se pueden llegar a acuerdos. Si se ha hecho en otros muchos temas, ¿por qué no en éste?.