Tras los casos de Ausbanc y Adicae

Garzón valora auditar a las asociaciones de usuarios que reciben ayudas públicas

Facua reclama a Consumo que compruebe si las cifras de socios declaradas por las organizaciones para percibir las subvenciones son reales o están manipuladas. El ministerio tiene que actuar tras la denuncia.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón
Garzón valora auditar a las asociaciones de usuarios que reciben ayudas públicas
Ministerio de Consumo

El Ministerio de Consumo tiene sobre la mesa abrir una auditoria a las asociaciones de consumidores y usuarios para comprobar que las cifras de socios que declaran oficialmente para recibir las ayudas públicas son reales y no están falsificadas. En concreto es la Secretaría General de Consumo y Juego quien ha recibido una reclamación para que ponga en marcha esta investigación y pueda aclararse que las subvenciones de los tres últimos años, entre 2017 y 2019, se otorgaron de acuerdo a la normativa vigente.

Fuentes de Consumo explican que para que el Ministerio active esta auditoria es necesario que exista una reclamación. Esa denuncia formal ya existe y se encuentra en el registro oficial. La ha cursado Facua en las últimas horas. La organización solicita una investigación "sobre los datos relativos al número de socios declarados en la convocatoria para la constitución del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) y en las convocatorias de subvenciones de 2019, 2018 y 2017 por las asociaciones que han obtenido ayudas de la Dirección General de Consumo o, anteriormente, de la entonces denominada Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan)". 

Para acceder a ambas cuestiones, las ayudas públicas y el citado Consejo, las organizaciones tenían que acreditar disponer de, al menos, 10.000 socios hasta la convocatoria del año pasado. En el presente ejercicio, tras la modificación de la norma durante la etapa de Carmen Montón en el Ministerio, basta con tener 5.000 en el caso de las organizaciones que no son miembros del CCU. Facua pide a Consumo que en la auditoria se debería incluir una revisión de los "listados completos de asociados a 31 de diciembre de cada uno de los ejercicios anteriores a las convocatorias de subvenciones", así como una comprobación de los datos incluidos en los mismos.

Abrir una auditoría a las asociaciones de consumidores podría dar un vuelco total al sistema de ayudas públicas actualmente en vigor. Si una investigación acredita que alguna organización no cumple los requisitos para acceder a las subvenciones quedaría fuera de las convocatorias. Y si se demuestra que no los cumplía en los tres últimos años podría tener que llegar a devolver las cantidades percibidas. Son cuestiones que debería dilucidar esa auditoría que el Ministerio de Consumo está valorando. 

También es importante conocer el número de socios reales de estas organizaciones porque los miembros del CCU tienen acceso a órganos como el Consejo Económico y Social (CES) estatal y su homólogo europeo. Sus integrantes tuvieron que acreditar disponer de al menos 10.000 asociados en la convocatoria de 2018.

En el departamento que dirige Garzón es la Abogacía del Estado la que vela por el cumplimiento legal de las convocatorias y la Intervención General la que se encarga de garantizar la cuestión económica de cada convocatoria, admiten fuentes internas.  Habría que dilucidar si esa auditoría la llevan a cabo funcionarios del ministerio o se contrata a una empresa externa. La vía judicial, a través de un contencioso-administrativo, también está abierta.

La petición de una auditoría se produce tras conocerse que el Gobierno de La Rioja ha expulsado del registro de organizaciones de consumidores a la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) por presuntas irregularidades en la solicitud de las subvenciones que recibieron entre los años 2016 y 2019 –este 2020 no ha solicitado ningún tipo de ayuda–. La Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados ha solicitado a la asociación devolver casi 15.000 euros.

Además, según se puede leer en la reclamación de Facua a Consumo, la petición cita la investigación abierta por el juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla a Adicae por presuntos delitos de falsedad documental y fraude en subvenciones. La UDEF de la Policía indica que esta sociación habría logrado acceder "de forma fraudulenta" a cerca de 700.000 euros en subvenciones entre 2015 y 2018, aportando a las autoridades de Consumo de la Junta de Andalucía datos sobre el número de asociados que llegaron a cuadruplicar las cifras reales.

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