El juez Baltasar Garzón considera que el auto del Tribunal Supremo (TS) en el que se acordó continuar la causa contra él por ordenar las escuchas entre varios imputados del caso Gürtel en prisión y sus abogados, que ha recurrido este martes, "es una verdadera y acabada declaración de culpabilidad en toda regla".
Así lo expone el abogado de Garzón en este asunto, Francisco Baena, en el recurso que ha interpuesto contra la citada resolución, en la que el magistrado del Alto Tribunal que instruye la querella por dichas escuchas, Alberto Jorge Barreiro, enumeró los indicios que cree que existen para juzgar al juez por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales.
En este recurso de reforma Garzón reclama al instructor que anule dicho auto y archive el procedimiento.
La querella contra Garzón por estos hechos fue presentada el 9 de diciembre de 2009 por el abogado Ignacio Peláez, que defiende en el caso Gürtel al empresario José Luis Ulibarri, aunque posteriormente el Supremo admitió que se personaran también como acusaciones el presunto cerebro de la trama de corrupción, Francisco Correa, y su segundo, Pedro Crespo.
En su declaración ante el Supremo, Garzón justificó su actuación diciendo que ordenar las escuchas era la "única vía" para evitar que ocultaran pruebas o se perdieran los fondos que manejaban los implicados, lo que para Barreiro era una "mera posibilidad".
Al respecto, el letrado de Garzón argumenta que la resolución conculca gravemente los derechos e intereses de su cliente porque ha sido dictado sin haberse concluido la instrucción.
También alega que aún hay investigaciones en curso de las que no se ha dado traslado a las partes e incluso existen partes del sumario que todavía están declaradas secretas.
Además, vuelve a proponer que se tome declaración como testigo al instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, y al abogado Ignacio Peláez.
También reitera la solicitud de otras diligencias, como que se reclame al TSJM testimonio del auto de 20 de abril de 2009, por el que Pedreira prorrogó las escuchas acordadas por Garzón con el informe favorable de la Fiscalía.
El abogado afirma que la lectura del auto recurrido puede llevar al lector imparcial a que se pregunte "si realmente se está abriendo la fase intermedia de este proceso penal o si por el contrario, aunque no sea la verdadera intención del autor, se está algo más que insinuando sino proponiendo anticipadamente la decisión final que personalmente a la digna instrucción judicial le merece".
Todo ello a la vista "de las fatales conclusiones que se obtienen a través de tan extensa, minuciosa y categórica resolución, como verdadera y acabada declaración de culpabilidad en toda regla". "El auto se prodigará en las más rotundas aseveraciones condenatorias", añade.
Gravedad de los delitos
Para el magistrado instructor del Supremo los delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales son de incuestionable gravedad, pero eso no justifica, cuando no concurren indicios incriminatorios contra los letrados que asisten a los imputados, la limitación del derecho de defensa "hasta extremos que lo hacen impracticable o totalmente ineficaz", lo que para Garzón es una teoría sin fundamento.
El letrado de Garzón señala que no se intervino a los abogados, sino que se intervinieron las comunicaciones de los presos con cualquier persona y "en todo caso y desde el primer momento se previno la salvaguarda del derecho de defensa".
Garzón está suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional desde el pasado mes de mayo, después de que el Supremo le abriera juicio oral por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.
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