El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha anunciado la creación de una subdirección general adscrita a la Dirección General de Consumo para el estudio, vigilancia, inspección, desarrollo y aplicación de la competencia sancionadora del Estado ante fraudes masivos de empresas contra consumidores, como el 'dieselgate'. Así lo ha dado a conocer el ministro durante su comparecida ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso a petición propia, para informar sobre el balance del curso y ejecución de compromisos, y a petición de los grupos VOX y Popular, sobre el turismo y la hostelería en España, el consumo de carne y el impacto de la subida de la inflación.
El titular de la cartera de Consumo ha explicado que la capacidad sancionadora del Gobierno entró en vigor el pasado 28 de mayo con el objetivo de regular comportamientos empresariales perjudiciales para los derechos de las personas consumidoras. "Por primera vez en la historia de nuestro país, podrá tener un instrumento que refuerza, mejora y amplía esta capacidad sancionadora y que evitará que se produzcan en España caso como el de Volkswagen", ha subrayado. En su intervención, el ministro de Consumo ha repasado algunas de las medidas puestas en marcha por su departamento en un "proceso profundo de modernización de la normativa de consumo" y garantizar que las relaciones de consumo se desarrollan "en términos de justicia social, igualdad y sostenibilidad".
Entre las medidas, Alberto Garzón ha destacado la ampliación de la garantía legal de los bienes de consumo de dos a tres años, la obligatoriedad de poder asegurar piezas para reparación en un total de diez años, la aprobación de un nuevo Marco Estratégico de Consumo junto con las comunidades o el incremento en un 50% de la financiación del Sistema Arbitral de Consumo. Asimismo, Garzón ha hecho hincapié en la futura Ley de Atención a la Clientela, "un hito fundamental que ha sido muy bien recibido". A su juicio, la norma, que estará aprobada previsiblemente en 2022, "supondrá un antes y un después" en España porque mejora los plazos de consulta y resolución de incidencias y limita a tres minutos el tiempo de espera para ser atendido telefónicamente en servicios generales de información, reclamación y postventa.
Por otro lado, Garzón ha señalado la importancia de adaptar la legislación a las nuevas necesidades de las personas consumidoras, "desatendidas por los gobiernos del PP desde 2012". "Hemos modernizado la protección de la ciudadanía de nuestro país, adaptándola a retos presentes y futuros, a nuevos valores y patrones sociales emergentes. Todo ello, cumpliendo con la Nueva Agenda Europea del Consumidor, con la Agenda 2030 y siendo referentes y líderes europeos e internacionales", ha dicho.
Entre las iniciativas impulsadas por su departamento, el ministro ha destacado el fin de "históricos abusos" como los de los números de teléfono de tarificación especial 902, y la actualización de la normativa para adaptarla a nuevos hábitos de consumo relacionados con las compras 'online' o las nuevas plataformas digitales. En materia de juegos de azar, el titular de la cartera de Consumo ha ensalzado que, "tras una década de inacción poniendo en riesgo la salud de toda una generación", se haya dado respuesta a "una demanda social" como la de acabar con la práctica totalidad de la publicidad de apuestas y juegos de azar. Además, ha adelantado la publicación de la primera convocatoria de subvenciones para el desarrollo de actividades de investigación relacionadas con la prevención de los trastornos del juego.
En línea con la regulación y la sensibilización en materia de juego, el ministro ha apuntado la importancia de la aprobación del Real Decreto de entornos más seguros de juego online para dotar a los jugadores de herramientas que impidan un consumo problemático, prevista para finales de año; y la regulación de las 'loot boxes' o cajas botín, cuyo primer borrador saldrá a consulta pública en las próximas semanas.
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