Quito, 13 nov.- El jurista español Baltasar Garzón pidió hoy que se valore la independencia a la hora de elegir al nuevo Consejo de la Judicatura de Ecuador, el cual administra el sistema judicial, después de que la oposición se quejara de que los candidatos están vinculados al Gobierno de Rafael Correa.
"Desde mi punto de vista, los valores que en un Consejo de la Judicatura deben primar son no solo la valía profesional, sino la independencia", dijo en una rueda de prensa Garzón, quien dirige a un grupo de expertos internacionales que vigilan la reforma de la justicia en Ecuador.
"La admonición es que quienes tienen que elegir (a los miembros del Consejo) lo hagan con el suficiente mérito para que primen esos valores y no otros", añadió.
El nuevo Consejo de la Judicatura, encargado de los presupuestos del sistema judicial y de la selección, ascensos y sanciones a magistrados, entre otras tareas, asumirá sus funciones en enero tras un proceso de selección criticado por la oposición en Ecuador.
Gustavo Jalkh, exsecretario particular de Correa y exministro, se perfila como el próximo presidente del Consejo, ya que encabeza la terna de candidatos presentada por la Corte Nacional de Justicia, cuyo delegado dirigirá ese órgano, según la ley.
El Consejo lo completarán otros cuatro miembros designados respectivamente por la Fiscalía, la Defensoría Pública, la Asamblea Nacional y el Gobierno, cuyos candidatos principales también tienen vínculos con el movimiento oficialista Alianza País o el Gobierno.
Néstor Arbito, nominado por la Defensoría, fue ministro de Justicia, y Ana Karina Peralta, postulada por la Asamblea, es exviceministra de Justicia, ambos durante el actual Gobierno.
Tania Arias, postulada por la Fiscalía, pertenece al actual Consejo de la Judicatura de Transición, a donde llegó con el apoyo de los legisladores de Alianza País, y Paulo Rodríguez, nominado por el Ejecutivo, es presidente de ese Consejo.
Garzón dijo que la veeduría internacional que él preside decidirá si examina el proceso de selección de ese órgano, aunque adelantó que su opinión es que no debería hacerlo.
El grupo de expertos tampoco ha verificado la formación de la Corte Constitucional porque iba más allá de su competencia, explicó el jurista.
También en ese proceso la oposición se ha quejado de los supuestos vínculos con el oficialismo de los nueve magistrados que la componen, tres de los cuales fueron propuestos por Correa, incluido el presidente de la Corte, Patricio Pazmiño.
Algunos de los jueces aseguraron a la prensa tras asumir el cargo el pasado 6 de noviembre que el tribunal es independiente y que fallarán sus casos "apegados a derecho".
La veeduría internacional presentará el próximo jueves su tercer informe preliminar sobre la reforma de la justicia en Ecuador, que abordará la situación en los centros de rehabilitación social, la justicia militar, los concursos de selección de funcionarios judiciales y la formación de los jueces, explicó Garzón.
Los veedores trataron hoy ese último tema en un encuentro con representantes de universidades, del Consejo de la Judicatura de Transición y de la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).
Respecto a la justicia militar, Garzón dijo que en Ecuador se prepara un sistema "realmente peculiar y que puede encajar perfectamente en la primacía de la jurisdicción civil sobre la militar".
El exjuez español explicó que "la justicia militar fuera de los casos estrictamente militares no debe hoy en día primar en ningún caso sobre la justicia civil" e indicó que hay mecanismos de conciliar ambas, como el que sopesa Ecuador.
Garzón se dio a conocer fuera de España tras ordenar en 1998 la detención del ya fallecido exgeneral chileno Augusto Pinochet, por los crímenes cometidos durante su dictadura.
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