El juez Baltasar Garzón, que ha comparecido a petición propia ante el Tribunal Supremo para defenderse de la acusación que pesa sobre él por las escuchas que realizó durante la instrucción del caso Gürtel, ha asegurado que no vulneró los derechos de los letrados cuando ordenó grabar las conversaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados en la trama de corrupción y sus abogados.
Según declaró el autor de la querella contra Garzón, el abogado y exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, a su salida del Tribunal Supremo, Garzón se defendió diciendo que ordenó intervenir las comunicaciones de los imputados porque estaba investigando unos hechos delictivos y añadió que esta medida no supuso una vulneración del derecho de defensa.
Garzón, que estuvo declarando cerca de hora y media ante el instructor de la causa, el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, se limitó a su declaración sin que el fiscal, el magistrado o las acusaciones le formulasen ninguna pregunta.
Durante su comparecencia Garzón ha solicitado tener acceso a las grabaciones realizadas a partir del 20 de mayo de 2009, cuando el instructor del caso Gürtel en el TSJM, Antonio Pedreira, dictó un auto de prórroga de las escuchas que anteriormente había ordenado Garzón.
Según ha explicado el abogado del presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, José Antonio Choclán, el instructor le ha denegado "con buen criterio", en su opinión, el acceso a dichas conversaciones porque "es absurdo" adentrarse en su contenido porque no guarda relación con el objeto de la causa pues esas intervenciones fueron declaradas nulas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Garzón llegó al Alto Tribunal sobre las 10.20 horas acompañado de su letrado, Francisco Baena Bocanegra, y rodeado por una gran expectación mediática, aunque en esta ocasión, al contrario de lo que sucedió en declaraciones anteriores, ni detractores ni partidarios se concentraron frente a la sede del Supremo para recibir al juez.
Declara casi un año después
En su primera declaración, que tuvo lugar el 10 de mayo de 2010, Garzón defendió su inocencia y negó haber prevaricado o quebrantado la ley al ordenar grabar las conversaciones mantenidas en prisión entre los principales imputados del "caso Gürtel" y sus abogados.
El instructor Barreiro dictó un auto el pasado mes de noviembre en el que aseguraba haber encontrado indicios suficientes para poder llevar a juicio a Garzón por delitos de prevaricación, uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.
La querella contra Garzón fue interpuesta por el abogado y exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, defensor del empresario José Luis Ulibarri, imputado en la trama de corrupción del "caso Gürtel".
Esta es la segunda causa en la que Garzón está a las puertas de ser juzgado. El magistrado se encuentra a la espera de juicio por su investigación de los crímenes del franquismo, una causa en la que las acusaciones piden para él 20 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Además de por la investigación de los crímenes del franquismo y por la intervención de las conversaciones del "caso Gürtel", Garzón está encausado en el Supremo por no abstenerse en una querella contra los responsables del Banco Santander a pesar de que esta entidad bancaria subvencionó unos cursos que el juez impartió en Nueva York.
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