Garzón recurre su imputación por cohecho impropio por los cursos de EE.UU.

Madrid, 6 feb.- El juez Baltasar Garzón recurrió hoy la imputación de un delito de cohecho impropio en relación con las cantidades con las que cinco empresas españolas patrocinaron los cursos que en 2005 y 2006 impartió en la Universidad de Nueva York.

El magistrado español, que está siendo juzgado en otras dos causas diferentes, fue imputado por este delito por el juez del Tribunal Supremo de España Manuel Marchena.

En el recurso, su abogado sostiene que una vez que Marchena descartó la imputación del juez por prevaricación y estafa, el Supremo carece de competencia para investigarle, ya que los delitos supuestamente cometidos por un español en el extranjero solo pueden ser perseguidos en España a instancias del perjudicado -no existe en el cohecho impropio- o del fiscal.

Añade que los hechos imputados a Garzón no son delictivos y que, "si lo fueran, estarían prescritos".

También rechaza que los hechos puedan ser calificados como cohecho impropio ya que -señala- "jamás se prevalió el investigado de su condición judicial".

El delito imputado exige que los regalos o las dádivas sean recibidos directamente y no por un tercero y en el caso de Garzón el dinero de los patrocinios fue ingresado en cuentas de la Universidad de Nueva York.

El abogado del juez, Enrique Molina, critica duramente el auto de imputación y dice que los hechos relatados en él "no se corresponden con el resultado de las diligencias de instrucción practicadas".

Recuerda que Marchena ha imputado a Garzón por los patrocinios prestados por cinco empresas -Banco Santander, BBVA, Telefónica, CEPSA y Endesa- cuando Mazón y Panea solo citaban en su querella a la primera.

Descalifica asimismo la conclusión de que la falta de coincidencia entre las cantidades abonadas por la Universidad neoyorquina como sueldo a Garzón y las ingresadas por éste solo puede deberse a la existencia de cuentas ocultas o sociedades instrumentales, llegando a citar una administrada por la hija del juez que no empezó a operar hasta febrero de 2010.

Los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, autores de la querella que dio lugar a esta causa, pidieron hoy una multa de 27.000 euros por un delito continuado de cohecho impropio.

En el escrito de acusación presentado en el Tribunal Supremo, los letrados solicitan alternativamente una pena de hasta cinco años de prisión y quince de inhabilitación en caso de que el hecho de haber recibido fondos del Banco Santander, BBVA, Telefónica, CEPSA y Endesa fuera considerado constitutivo de los delitos de cohecho propio y prevaricación.

Una segunda alternativa es la de calificar los hechos como un delito continuado de extorsión, por el que solicitan cuatro años de prisión.

Por último, los querellantes dicen que, en caso de estimarse que Garzón y miembros de la Universidad de Nueva York crearon una estructura de recaudación ilícita de fondos de empresas españolas, el juez debería ser condenado dos años de prisión y doce de inhabilitación por un delito de asociación ilícita.

Para justificar estas alternativas, Mazón y Panea sostienen que el Banco Santander patrocinó los cursos de Garzón porque sus directivos estaban "sensibilizados" por la investigación que éste había desarrollado sobre el dinero negro de la familia del dictador chileno Augusto Pinochet, depositado entre otras en cuentas de esta entidad que se habían ocultado al juez.

Para justificar el ascendiente de Garzón sobre Telefónica, citan el "caso Sintel", que se instruyó en otro Juzgado, pero en el que el imputado adoptó algunas decisiones como juez suplente.

Además, los querellantes califican como "instrumento de extorsión" una carta con el membrete oficial de Garzón y enviada desde Madrid recordando a Endesa el pago pendiente de cien mil dólares.

Esta es la tercera de las causas que el juez español tiene abiertas en el Tribunal Supremo, donde ya ha sido juzgado por prevaricación por ordenar escuchas en un caso de corrupción y está siendo enjuiciado por el mismo delito por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.

Garzón cobró notoriedad internacional al ordenar en 1998 el arresto internacional del ya fallecido dictador chileno Augusto Pinochet.