La Generalitat cifra en 1.800 millones de euros el impacto negativo del artículo 155

El informe de la Generalitat sobre los efectos de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña cifra en 1.800 millones de euros la afectación económica en los presupuestos del Govern, además de considerar que resultó un "fracaso" ya que la "vía coartiva no solucionó el conflicto". Así lo ha expuesto el Comisionado para el Despliegue del Autogobierno, conocido como Comisionado del 155, Pau Villòria, que ha presentado las conclusiones de dicho informe en la rueda de prensa en la Generalitat tras la reunión del Consell Executiu.

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A partir de los datos de los diferentes departamentos del Govern y un "estudio exhaustivo y riguroso", el informe señala que, además de la destitución del presidente catalán, los consellers de su gobierno y la disolución del Parlament tras la declaración unilateral de independencia, el 155 supuso que cesaran 234 trabajadores públicos.

El estudio de Villòria concluye que, a pesar de que "no es fácil cuantificar de manera exacta la incidencia económica de la intervención del Estado en la economía catalana", se puede estimar que la afectación del 155 en los presupuestos "supera los 1.800 millones de euros", ya sea por "pérdidas, bloqueos o retrasos". También afirma que la Generalitat perdió más de 130 millones de euros directamente atribuibles a la aplicación del 155 y que entidades sociales y universidades "se vieron afectadas".

"Por otro lado", prosigue el documento, "se han de tener en cuenta los importantes asuntos que se bloquearon sin motivo aparente o que, a causa de la complejidad burocrática impuesta por la Administración General del Estado, sufrieron retrasos en su tramitación. No se consideran impacto económico directo, pero sus efectos económicos pueden ser muy importantes". Ejemplo de ello fue, según el informe, que en la consellería de Interior se dio la "imposibilidad" de que los Mossos d'Esquadra pudieran acceder al dinero de los fondos reservados con los cuales se financiaba la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. También en el Departamento de Trabajo se produjo un "retraso en la tramitación de 395 contratos, en las prórrogas de éstos (585) y en los convenios para prestación de servicios (334)".

El 155 supuso además, según la Generalitat, una gran carga de trabajo "suplementario sin ningún valor añadido" y un "incremento de la burocracia"; y afectó a las inversiones de las consellerias, así como a las compras, servicios y suministros que no se pudieron realizar o que se demoraron en el tiempo. Como también se sitúan en 50 millones los importes perdidos en subvenciones y ayudas que no se pudieron tramitar y que "afectaron a los colectivos más vulnerables", algo que se cifra en que 1.057 entidades de ámbito social se vieron afectadas" o que en el programa FEDER se paralizaron proyectos, con un impacto de 25,4 millones.

Se denuncia asimismo la "indefensión de la Generalitat ante los tribunales"; y en lo relativo a la limitación de la capacidad para cerrar acuerdos de colaboración con otras instituciones, se destaca la imposibilidad de aprobar la línea de ayudas a la promoción de vivienda social por importe de 140 millones, entre otros.

Villòria, quien ha recordado que vivió en primera persona la aplicación del 155 en su anterior cargo como secretario general de Empresa y Conocimiento, ha admitido que "no fue fácil ni agradable" y que el 155 se trató de "un instrumento perfectamente planificado para suspender el autogobierno de Cataluña".

Para el comisionado, había "otras vías o fórmulas para avanzar en la negociación del conflicto que el Gobierno nunca contempló y que el entonces presidente (Carles Puigdemont) ofreció en dos ocasiones", como también podría haberse planteado la Moncloa "recursos por la vía judicial, cosa que no quiso utilizar". En cambio, ha lamentado que optara por la "imposición coartiva de una parte sobre la otra: eso fue el 155", una intervención que "no se adecuó a los principios de necesidad ni proporcionalidad".

"Tuvo efectos negativos y graves sobre el normal funcionamiento del autogobierno y fue un fracaso. Es evidente que si lo que se pretendía era resolver un conflicto sobre vía de coarción colectiva, el objetivo no se ha cumplido y una negociación entre dos partes en igualdad es la fórmula para una solución", ha concluido Villòria.

El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha explicado que su grupo parlamentario no acudirá a la reunión convocada por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para este viernes, al entender que "no reviste las garantías necesarias". "No acudiremos a la reunión del viernes", ha aclarado en rueda de prensa después de que la mayoría independentista de la Mesa del Parlament haya rechazado convocar un debate sobre el futuro de Catalunya, como pedían desde Cs.

Torra invitó a los grupos parlamentarios a reunirse con él para tratar la situación política catalana pero la líder de Cs, Inés Arrimadas, le había reclamado hacerlo a través de un debate en el Parlament, no en una reunión a puerta cerrada, por lo que la formación naranja se suma a PP y CUP, que ya habían anunciado que no irán al encuentro.

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Eva Granados, ha sostenido que la mesa de diálogo "puede ser un punto de inflexión en la situación de bloqueo" en Cataluña. En rueda de prensa, ha defendido que en este encuentro los grupos tienen que buscar "consensos" para superar la situación actual en Cataluña y ha avanzado los objetivos que se plantean, aunque los concretarán el jueves en un documento.