Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) mostraron este lunes su rechazo de plano al posible acuerdo de la Abogacía del Estado con Cristiano Ronaldo por el que al futbolista portugués se le rebajan las cuotas presuntamente defraudadas en nueve millones de euros, tal y como se ha publicado en los medios. Es más, Gestha pide a la Secretaría de Estado de Hacienda que se replantee la oferta de negociación con el reconocimiento de las cuotas defraudadas denunciadas y unas multas que no sean más bajas que en el proceso administrativo a cambio de una rebaja de dos grados de las penas de prisión en el entorno de 24 meses.
Los Técnicos consideran que la reducción máxima de las multas no debería alcanzar los 13,5 millones de euros para moverse, al menos, en el importe de lo que serían las sanciones mínimas por infracciones tributarias muy graves con las reducciones administrativas en caso de conformidad (-30%) y pago (-25% de la sanción reducida por conformidad).
Como justificación de esta petición, los técnicos recuerdan que Cristiano Ronaldo se aprovechó del régimen de impatriados, derogado parcialmente a partir de 2010 y conocido popularmente como ley 'Beckham', que ha permitido dos privilegios al jugador. Por una parte, optar, hasta 2014, por tributar por el Impuesto de la Renta de no residentes al 24% en 2011 y al 24,75% de 2012 a 2014, en vez de al tipo marginal del IRPF -como hubiera tenido que hacer cualquier otro residente español-. Y por otro, tributar únicamente por los ingresos obtenidos o generados en España, y no por las rentas extranjeras, a diferencia de lo que tendría que haber hecho cualquier residente español -tributando en el IRPF por su renta mundial-.
Asimismo, los técnicos solicitan que el acuerdo que pueda alcanzarse entre la Fiscalía del Estado y Cristiano Ronaldo contemple expresamente las posibles responsabilidades penales de los asesores legales y fiscales que urdieron la trama evasora del jugador portugués y que, por tanto, podrían considerarse, en su caso, como cooperadores necesarios en la comisión de los delitos fiscales.
En este sentido, Gestha reprocha que, una vez superado ampliamente el plazo fijado por el Código Penal de los dos meses desde la notificación de la investigación judicial para reconocer la comisión de los delitos y el pago de la multa, se haya impulsado este acuerdo con sospechosa urgencia, tratando de anticiparse al proceso de cambios en la cúpula del Ministerio de Hacienda tras la moción de censura aprobada el pasado 1 de junio por la mayoría del Congreso y que terminó derrocando al anterior Gobierno.
Finalmente, Gestha recomienda al nuevo Gobierno modificar la ley general tributaria para ampliar el plazo de prescripción administrativa desde los actuales 4 años hasta los 10 años para equipararla a la prescripción de los delitos fiscales agravados de forma que la AEAT pueda perseguir las evasiones más sofisticadas y complejas.
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