Gesto del fiscal a la Generalitat: evita la prisión de los líderes de Òmnium y ANC

  • La decisión de aplazar las medidas contra Sànchez, Cuixart y Trapero llega a tres días de la DUI y en plena crisis por la huída de empresas catalanas
Jordi Cuixart (Òmnium) y Jordi Sànchez (ANC) tras su salida de la Audiencia Nacional.
Jordi Cuixart (Òmnium) y Jordi Sànchez (ANC) tras su salida de la Audiencia Nacional.
EFE

Si la Generalitat de Cataluña quería un gesto del Estado para rebajar la tensión en los días previos al debate sobre la declaración unilateral de independencia (DUI), lo tuvo ayer en la Audiencia Nacional. El principal instrumento de política criminal del Gobierno, la Fiscalía, decidió no pedir prisión por el momento para los principales agitadores de la revuelta soberanista en la calle, Jordi Sànchez (Asamblea Nacional Catalana, ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) así como otras medidas cautelares contra el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y la intendente de ese cuerpo, Teresa Laplana, por su inactividad al sofocarlas. La decisión llegó a solo tres días del pleno del Parlament en el que se debatirá la declaración unilateral de independencia (DUI)

El Ministerio Público justificó su postura de aplazar la petición de esas medidas por la recepción de un nuevo informe de la Guardia Civil mucho más completo que el atestado que dio inicio al caso que instruye la juez Carmen Lamela. Fuentes de ese organismo argumentaron que su intención era dar un plazo a los investigados para que lo estudiaran al ser "trascendente" para su implicación y evitar así su indefensión. Pero fuentes jurídicas calificaron su posición como "extraña". Fue la propia Fiscalía la que denunció los hechos el pasado 22 de septiembre y reclamó a la juez su citación como imputados. Ayer saltó la sorpresa cuando lo primero que hizo fue reclamar que se suspendieran sus declaraciones.

La juez investiga por sedición (hasta 15 años de cárcel) a los dos cargos policiales y los líderes sociales por su participación en los disturbios que se produjeron los pasados 20 y 21 de septiembre ante la sede de la Consejería catalana de Economía. Un grupo de guardias civiles que la registraban por orden del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, fueron retenidos en su interior por una manifestación de más de 40.000 personas y sus coches patrulla, a la puerta, acabaron destrozados. Los agitadores de la protesta fueron supuestamente Sánchez y Cuixart. Los Mossos habrían desatendido repetidamente las peticiones de auxilio de los agentes asediados hasta que el titular del juzgado llamó a Trapero para ordenarle que los sacara de allí.

La denuncia de Fiscalía explica detalladamente la implicación de Sánchez y Cuixart en esos incidentes. La asociación dirigida por el primero (ANC) montó un puesto en las inmediaciones del edificio para voluntarios, que formaron un cordón alrededor de la consejería para evitar que los agentes se llevaran a los detenidos. Su personal repartió bebida y comida entre la gente. Pero además, el propio líder de la organización se dirigió a los 40.000 manifestantes a las 8.20 de la tarde de ese día y arengó a las masas con frases como: "El 1 de octubre votaremos, si nos quitan las urnas las construiremos". Y también: "Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa".

Por su parte, Cuixart, máximo responsable de Òmnium, se subió a un coche policial junto a Sànchez pasada la medianoche para reclamar "una movilización permanente" a favor del referéndum y en contra de las actuaciones para impedirlo. Posteriormente, según el fiscal, al comprobar que la situación se les había escapado de las manos, pidieron a los manifestantes que se disolvieran, aunque no lo consiguieron.

Riesgo de reiteración delictiva

Los indicios de que fueron ambos los que provocaron la protesta que ahora investiga la juez son claros, según el relato de la propia Fiscalía, y el delito que se les imputa, sedición, es grave, con penas que en el caso de ambos alcanzarían hasta 10 años de prisión. Ambos tienen domicilio en España y el riesgo de que se fuguen es bajo. Pero dada la tensión que se vive en Cataluña no es descartable que sus asociaciones vuelvan a actuar. Es decir, existiría el riesgo de "reiteración delictiva", uno de los motivos legales para enviarlos a prisión, según fuentes de la investigación. 

La responsabilidad de Laplana y Trapero no parece tan directa. Pero según el primer atestado, la primera, que coordinaba el dispositivo de los Mossos frente a la consejería, desatendió las constantes peticiones de ayuda de los guardias. Cuando le advirtieron de que la gente había cortado el tráfico, respondió que creía que eso no afectaba a la seguridad ciudadana. A medida que los manifestantes aumentaban, las peticiones de auxilio (hasta seis), se ventilaron en unos casos con un "se ha trasladado la solicitud realizada". Tuvo que ser el juez que había ordenado los registros, Juan Antonio Ramírez Sunyer, el que llamara a Trapero para ordenarle que sacara a los guardias de allí. En total, permanecieron encerrados más de 18 horas.

Laplana no pudo prestar ayer declaración ante Lamela por el estado de ansiedad en que se encontraba, pero Trapero se defendió asegurando que la actuación de sus agentes fue "la correcta y necesaria" y que los Mossos no fueron avisados con suficiente antelación para poder planificar un dispositivo y que ello les obligó a adaptarlo en función de las circunstancias. Según el máximo responsable de la policía catalana, la primera noticia que tuvo de los registros en la consejería le llegó por los medios de comunicación. Fuentes presentes en la declaración la calificaron de "exculpatoria pero no convincente", pese a lo cual, tampoco se pidieron medidas cautelares contra él.

El gesto de la Fiscalía a través de sus dos máximos representantes en la Audiencia Nacional -Jesús Alonso y Miguel Ángel Carballo- llega en un momento clave del conflicto catalán. A solo dos días del pleno en el Parlament del próximo lunes, en el que se prevé que se debata la declaración unilateral de independencia (DUI) y cuando empiezan a apreciarse deserciones en el bloque soberanista tras el traslado de las sedes de Caixabank, Sabadell y Gas Natural, entre otras, fuera de Cataluña. El encarcelamiento de Sánchez y Cuixart, además, habría supuesto un riesgo de nuevas protestas y disturbios multiplicando la escalada hasta la ruptura total.

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