Lunes, 09.12.2019 - 22:57 h
Fianza récord en el caso Villarejo

Maersk pide 764 millones por estafa tras comprar el negocio de los Pérez Maura

APMT, filial de la naviera, dice que los hermanos taparon que la empresa estaba investigada en Guatemala por corrupción: "Fue un engaño maquinado".

Maersk
La filial de Maersk está personada en la causa como perjudicada. / EFE.

Los hermanos Álvaro y Ángel Pérez-Maura abordan desde esta semana un nuevo frente en el marco de la investigación abierta en la Audiencia Nacional por su contrato con el comisario jubilado José Manuel Villarejo para frenar la extradición a Guatemala del segundo de ellos. APM Terminals, filial del gigante danés Maersk y que adquirió una de las empresas de los hermanos navieros, reclama una fianza de 764 millones de euros a la mercantil Pérez y Cía por el perjuicio causado en esta operativa en tanto, según denuncian, se les ocultó que la empresa estaba bajo la lupa de los investigadores por un caso de corrupción.

Aunque APM Terminals ha mantenido un perfil bajo en su actuación como perjudicado, esta semana ha remitido un rotundo escrito al Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que solicita, además de esta fianza récord en la macrocausa, que se le imponga a la mercantil Pérez y Cía cohecho internacional, tráfico de influencias, estafa y tres delitos contra la Hacienda Pública. Tipos penales que se sumarían al delito de cohecho por el cual el magistrado Manuel García Castellón le imputó el pasado mes de mayo y por el que está citada a declarar en calidad de persona jurídica el próximo 22 de octubre.

Este hecho, que se investiga en la pieza cuarta del caso Tándem bautizada como 'Pit', se remonta a septiembre de 2015 cuando Ángel Pérez-Maura acordó la venta por 960 millones de euros a APMT Holanda del 61,3% de las participaciones del capital social de Grup Marítim TCB, empresa administrada por los cántabros. Lo que no conocían los adquirientes, que formalizaron la acción medio año después, es la implicación del negocio en un caso de corrupción en Guatemala y, por tanto, que no estaba libre de cargas. La Justicia guatemalteca investigaba presuntos sobornos de hasta 30 millones de dólares al expresidente del país, Otto Pérez Molina, y su segunda Roxana Baldetti para hacerse con la explotación de la terminal de contenedores en Puerto Quetzal.

El escrito, de 68 páginas y al que ha tenido acceso La Información, asegura que se trató de un "engaño minuciosamente ideado y dirigido por los señores Pérez-Maura desde el mismo inicio del proceso de compraventa" a la par que denuncia que los empresarios fueron asistidos por Villarejo, al cual contrataron para frenar la investigación de la CICIG. Los navieros por su parte, insisten ante el juez que fueron víctimas del agente encubierto en tanto éste les aseguró que, para frenar las pesquisas en el país guatemalteco, forzaría un cambio en la presidencia aupando a la misma al exembajador Julio Ligorría. El plan, al que hicieron alusión en diversas reuniones grabadas por el comisario jubilado y por el que los hermanos abonaron más de siete millones de euros, nunca llegó a materializarse. 

La ocultación de las "actuaciones ilícitas", según denuncia APMT, les impidió conocer la verdadera situación de Terminal de Contenedores de Barcelona y los perjuicios que de ella derivaron puesto que, como consecuencia de las pesquisas vigentes, no solo se intervino la empresa sino que ésta estuvo un año sin poder operar debido a las "reticencias y temores" de las autoridades guatemaltecas. Además, recuerda que se tuvieron que abonar 2,7 millones de euros al erario público para regularizar la situación fiscal de la mercantil y que, como consecuencia de todo ello, se puso en marcha un procedimiento de arbitraje. 

Un perjuicio de 137 millones

De acuerdo con su argumentario, el "engaño" en la compra-venta ocasionó un perjuicio de 137 millones de euros que desglosan en dos cuantías: por un lado, 85 millones de beneficio que habría obtenido la mercantil Pérez y Cía con la operativa y, por otro, 51,6 millones de euros de daños directos ocasionados como consecuencia de la redacción "causante de urticaria" del documento en el que se estipulan las condiciones de la compra. "Ni matriz (Pérez y Cía) ni filial (TCB) contaban con un modelo de organización y gestión que incluyera las medidas de vigilancia y control para prevenir delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales", recoge el escrito. 

Por todo ello, la filial de Maersk pide que se le impute además por estafa y por tres delitos contra la Hacienda Pública en los ejercicios de 2016, 2017 y 2018. De acuerdo con su tesis, la mercantil de los hermanos cántabros habría defraudado un importe superior a los 600.000 euros; cuantía a partir de la cual se agrava la pena del delito fiscal. Con todo, buscan desligarse de la gestión anterior e indican que los empleados de TCB que actuaron por cuenta de Pérez y Cía, a la cual pertenecían, fueron cesados tras el cambio de titularidad produciéndose así una "total desconexión" entre APMT y los antiguos gestores de la mercantil adquirida. 

Confesión de los sobornos 

En lo que respecta a los pagos de 30 millones de dólares a las autoridades guatemaltecas para hacerse con la explotación de la terminal, el escrito asegura que existen más de un centenar de correos en la causa que acreditarían los pormenores de estos sobornos y sitúa como figura clave en la transacción a Juan Carlos Monzón Rojas; empresario que actuó como secretario personal de la vicepresidenta Roxana Baldetti y se convirtió en nexo de unión entre estos y los hermanos navieros. Al respecto recoge la declaración que prestó en abril de 2016 cuando, al ser preguntado acerca de si tenía conocimiento del usufructo. "No solo tuve conocimiento sino que si se llegó a realizar, fue por mi", dijo entonces. 

En dicha declaración reconoció que se produjo una reunión entre Ángel Pérez-Maura y el expresidente Otto Pérez Molina y que los pagos se efectuaron en diversas fases y se distribuyeron de la siguiente manera: 24 millones de dólares para los dos exaltos cargos del Gobierno y otros funcionarios guatemaltecos, 5 millones para los conocidos como 'los argentinos' y 500.000 dólares para sufragar otros gastos. Según expone, todo ello acreditaría la comisión de un delito de cohecho internacional por parte de la mercantil de los navieros, los cuáles ejercieron como administradores de la empresa hasta mayo de este año. 

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