El fondo de 'solidaridad' para hacer frente a reclamaciones judiciales en las que se vean implicados funcionarios y que se ha sacado de la manga la Generalitat de Cataluña ha provocado un nuevo conflicto con el Gobierno. Moncloa y el Ministerio de Política Territorial ya tienen a sus equipos jurídicos preparados para recurrirlo si aprecian que no se ajusta a derecho, una vez que este miércoles la norma se publique en el Boletín Oficial autonómico. El mecanismo ideado por el nuevo consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, intenta bordear la legalidad al utilizar al Instituto Catalán de Finanzas (ICF), el banco público autonómico, como contravalista.
La gran banca catalana ha marcado distancias con la iniciativa. Fuentes financieras explican que el banco que colaborará con la Generalitat en este fondo creado 'ad hoc' no será, en ningún caso, CaixaBank ni Sabadell, aunque el propio Giró proviene de la entidad controlada por Criteria.
El decreto ley, que luego tendrá que convalidarse en el Parlament, donde el independentismo cuenta con mayoría, contempla la creación del llamado Fondo Complementario de Riesgos con una partida de 10 millones de euros. El objetivo es cubrir las fianzas que ha impuesto el Tribunal de Cuentas a 34 cargos de la Generalitat por su política exterior y a todos aquellos funcionarios que se vean involucrados en el ejercicio de sus funciones por procedimiento similares. El ICF, explican fuentes del Govern, ofrecerá un contraval a modo de depósito o garantía. Lo depositará en un banco, que la Generalitat aún no ha concretado cuál es, y se ejecutará en caso de que se produzca una sentencia firme en los tribunales europeos y que el condenado no pueda pagarla.
La triquiñuela legal del nuevo 'súperconsejero' económico catalán puede suponer, en primer lugar, una prolongación del proceso sobre los 34 imputados por el Tribunal de Cuentas, un procedimiento que se alargaría hasta bien acabada esta legislatura a nivel nacional y, probablemente, hasta gran parte de la siguiente, sólo por puro cumplimiento de los pasos procesales. De entrada, la sección de enjuiciamiento del citado tribunal debe decidir si acepta este tipo de avales para soportar la fianza impuesta, en una maniobra que supone trasladar la responsabilidad personal a un tercero (ese banco privado que soportaría los pagos en caso de sentencia firme). No existen precedentes en la vía administrativa, como esta, y no está contemplado en el ordenamiento jurídico en procesos penales.
Si esa forma de avalar las fianzas se admite, el juicio seguiría su curso a partir de la demanda que elevará la Fiscalía, una vez que la Abogacía del Estado se ha retirado. El juicio se celebrará y el Tribunal de Cuentas dictará una sentencia en un plazo de no menos de un año, ya en el otoño de 2022, aproximadamente. Según explican fuentes jurídicas implicadas en ese tipo de procesos, esa sentencia se puede recurrir en casación a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que tardará no menos de otro año en ratificar o no las condenas, que es el momento en el que se puede ejecutar la sentencia y los 34 exaltos cargos deberían pagar su sanción. Salvo que tengan el dinero en ese momento, será el citado banco avalista privado el que ponga ese dinero, algo que las fuentes consultadas aseguran que no va a ocurrir antes de que se agote la legislatura, a finales de 2023 o el primer trimestre del 2024.
En ese momento, se abre dos vías: por un lado, Hacienda tendrá que analizar cada operación y establecer el coste fiscal que conlleva, dado que, de facto, cada uno de los implicados habría recibido un préstamo del banco por el dinero de la sentencia. Y por otro lado, a pesar de pagar, queda el recurso al Tribunal Constitucional, primero, y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, después, en un proceso que no durará menos de tres años. Si hacemos caso a lo establecido al crear el fondo avalista de 10 millones de la Generalitat, no será hasta que se cumpla ese plazo de casi siete años cuando el banco pueda exigir al Govern de turno (no está claro si serán entonces Aragonès el presidente y Giró el consejero de Economía o si será un Ejecutivo de corte independentista) el pago de la deuda con cargo al fondo.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la responsabilidad final de este tipo de periplos judiciales no se extingue hasta el pago de la deuda, es decir, que en caso de que alguno de los 34 procesados ya no estuviera, el problema recaería en sus herederos directos y así sucesivamente, lo cual amenaza con convertir este caso del Tribunal de Cuentas en un largo y tedioso camino judicial, en el que ahora se gana tiempo (dos años y medio más o menos antes de pagar por sentencia firme), a costa de convertirse en el cuento de nunca acabar.
Dudas legales en el Gobierno central
Las dudas legales que surgen en el Gobierno central, a la espera de examinar el decreto, son claras. La Generalitat realizará una transferencia por 10 millones de euros al ICF para articular ese fondo. Se recurriría, por tanto, a las arcas públicas y, en caso de sentencia firme, se utilizarán esos fondos para cubrir una condena en la que la parte perjudicada es la propia Generalitat. Giró no ha aclarado cuál será el origen de ese dinero ni a qué partida presupuestaria se cargará.
La Generalitat asegura, por su parte, que este mecanismo para crear el fondo de 'solidaridad' ha sido avalado por los servicios jurídicos del Govern y que, por tanto, cuenta con todas las garantías para que no sea recurrido. Añaden que no existiría un "desplazamiento de dinero", lo que podría suponer un presunto delito de malversación o prevaricación. "No estamos dando 10 millones de euros a nadie; estamos creando un sistema de aval y contraaval", defendió el propio Giró este miércoles. Es más, Economía añade que los condenados tendrían que abonar los gastos de gestión y los inereses en caso de ser condenados. Para el consejero, esta disposición es la "salvaguarda" para demostrar que no existe un posible delito.
Moncloa, por su parte, no se fía de este mecanismo financiero y ya ha avisado que lo recurrirá si aprecia indicios de no ajustarse a la legalidad. Lo advirtió el propio Pedro Sánchez desde Estonia, en el inicio de la gira por los países bálticos. El mecanismo para recurrir estas leyes es el Consejo de Ministros, que puede presentar un recurso de ante el Tribunal Constitucional, como a hizo con la Ley de Vivienda catalana.
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