El Gobierno todavía no ha hecho cumplir de forma efectiva la rebaja en los alquileres de los comercios ubicados en los aeropuertos, presente en la enmienda a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 2 de octubre, y que es de cumplimiento automático tras la citada publicación. El senador de Coalición Canaria Fernando Clavijo Battle, ha afeado que todavía no se haya aplicado la rebaja, y cuestiona al Ejecutivo sobre cuándo prevé encargar a Aena el cumplimiento efectivo de la disposición final séptima, relativa a la modificación de los contratos de arrendamiento en los aeropuertos.
Aprobada el 23 de septiembre, la enmienda contó con los votos a favor de PP, Vox, Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PNV, el PDeCAT, Junts y Nueva Canarias, mientras que encontró el rechazo tanto del PSOE como de Unidas Podemos en el Senado, formaciones que dada su derrota en la votación, optaron finalmente por la abstención.
La enmienda a la Ley modifica las obligaciones contractuales de los locales comerciales con la empresa Aena, eximiéndolas del pago de la renta mínima anual garantizada (RMAG) durante el período comprendido entre el 15 de marzo al 20 de junio de 2020. A partir de entonces, esa renta mínima garantizada que el local tiene que pagar quedará reducida, en una proporción que depende del volumen de pasajeros en el aeropuerto en el que se encuentre respecto al tráfico aéreo registrado en el año 2019. En relación a esto, Aena ha aclarado que la modificación no afectará a su derecho para exigir el pago de la renta variable establecida en los contratos en función de los ingresos derivados de las ventas en los locales.
Según destacaba Aena, la aprobación de la enmienda en el Congreso supondría una "una quiebra a la seguridad jurídica y una expropiación legislativa" y prevé un descenso de 1.500 millones de euros en los cobros de ingresos comerciales durante el periodo transcurrido entre 2020-2025.
Fuentes jurídicas de la compañía afirmaron que esta enmienda "priva de la tutela judicial a quien sale perjudicado", el operador nacional, "que tendría que renunciar, por imperativo legal, a los acuerdos alcanzados o las resoluciones judiciales favorables, a costa de sus accionistas, entre los que figura el Estado español".
Estas fuentes también insisten en que desde el primer momento se han buscado acuerdos con sus inquilinos y les ha ofrecido rebajas por valor de 800 millones de euros, mejorando las condiciones exigidas por el Real Decreto Ley 35/2020.
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