Gobierno argentino releva cúpula de fuerzas seguridad tras inédita protesta

  • El Gobierno argentino destituyó hoy a las cúpulas de la Gendarmería y de la Prefectura (guardacostas) en un intento por acabar con una inédita movilización de agentes en protesta por recortes salariales que comenzó en Buenos Aires y se ha extendido a buena parte el país.

Buenos Aires, 3 oct.- El Gobierno argentino destituyó hoy a las cúpulas de la Gendarmería y de la Prefectura (guardacostas) en un intento por acabar con una inédita movilización de agentes en protesta por recortes salariales que comenzó en Buenos Aires y se ha extendido a buena parte el país.

Un día después de que comenzara la protesta, el Gobierno se vio obligado hoy a destituir a diez comandantes generales de cada una de las instituciones, con lo que en palabras de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, "así queda normalizada la situación en las dos fuerzas de seguridad".

Sin embargo, pese a las declaraciones de la ministra, centenares de agentes de ambos cuerpos optaron por mantener la movilización en las puertas de la Prefectura, en el barrio porteño de Puerto Madero, y exigieron la presencia de los recién nombrados responsables de ambas fuerzas para negociar.

Gendarmes y prefectos, de uniforme y de paisano, acompañados de familiares y hasta de la banda de música de Prefectura, reclamaron una revisión de sus condiciones laborales y sus salarios.

La chispa que ha desatado está inédita protesta, ya que en Argentina están prohibidas las manifestaciones para las fuerzas policiales y de seguridad, es una ajuste salarial que ha afectado a miles de agentes, derivado de la eliminación de complementos en virtud de un decreto aprobado en septiembre.

En un intento de atajar el conflicto, el Gobierno anunció, a primera hora de hoy, la suspensión del polémico ajuste durante un mes, pero la decisión resultó insuficiente para los agentes, que ampliaron sus demandas a una revisión de sus condiciones laborales.

"No le da vergüenza a la presidenta (Cristina Fernández) que tiene gente que va a dar la vida o muere en accidente y cobra 2.000 pesos al mes (unos 500 dólares)", gritó uno de los concentrados.

"No se toca, el sueldo no se toca", corearon al unísono lo manifestantes mientras sus representantes negociaban con los nuevos responsables de las fuerzas de seguridad.

"El conflicto es por el tema del sueldo, estamos cobrando una suma y de repente hicieron un descuento no esperado, no fue a uno, o a dos, fue a todos, y la única medida pacífica que pudimos tomar fue esta: reclamar por lo nuestro", explicó a Efe Mauricio, un agente de Prefectura con 21 años de servicio.

"Tenemos derecho, como cualquier otro ciudadano, de reclamar nuestros sueldos. El pueblo argentino tiene que saber la verdad. Estamos a favor de la democracia, no es un levantamiento, no es nada raro, simplemente estamos pidiendo un dinero que nos corresponde porque somos trabajadores como cualquier otro, nada más", gritaba uno de los agentes micrófono en mano.

Los manifestantes salían así al paso de los comentarios del jefe de Gabinete del Gobierno, Juan Manuel Abal Medina, quien apuntó hoy que algunas imágenes que se han repetido en estos días "recuerdan al pasado", en alusión a la última dictadura militar.

También el jefe de Gobierno de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, se refirió al conflicto para llamar al diálogo y pedir a las fuerzas de seguridad que depongan la protesta en las calles.

"Les pido que vuelvan a sus casas, que vuelvan con sus familiares, que abran un canal de diálogo para que el Gobierno nacional pueda enmendar los errores que haya cometido (...) No pueden tomar la calle", dijo.

"Tenemos un enorme futuro pero solo apostando al respeto de las instituciones lo vamos a concretar (...) Nosotros, los políticos, tenemos que resolverlo con soluciones concretas y no apelar a fantasmas", agregó.

Las Cámaras de Diputados y Senadores aprobaron hoy un comunicado conjunto en el que instaban a los agentes a "adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas".

La protesta comenzó el martes con la participación de apenas un par de centenares de prefectos en Buenos Aires, pero se ha extendido a varias ciudades del interior del país, como Rosario y Córdoba.

A los ajustes salariales se suma en Argentina el problema de la inflación, que el Gobierno sitúa en un 10 por ciento frente a las estimaciones, superiores al 25 por ciento, de organismos independientes.

"Si la inflación fuera del 25 por ciento, el país estallaría", dijo Cristina Fernández en un reciente viaje a Estados Unidos, mientras su Gobierno respalda convenios colectivos que establecen subidas salariales superiores al 20 por ciento.

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