Gobierno balear respalda el retiro de imputación del presidente del Parlament

Palma, 30 nov.- La Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (CAIB) ha alegado hoy a favor del archivo de las actuaciones en el caso Over referidas al presidente del Parlament, Pere Rotger, una petición que, si es aceptada por el juez, supondría que dejaría de estar imputado en esta pieza de presunta corrupción.

El escrito de la abogacía, que ha sido presentado esta mañana en el juzgado de Instrucción número 3 de Palma, según han informado fuentes jurídicas, no se opone a la solicitud de sobreseimiento y archivo que presentó el abogado de Rotger, Gaspar Oliver, el pasado 20 de noviembre, y por tanto la respalda.

La petición de archivo se llevó a cabo después de que el exalcalde de Inca prestara declaración ante el juez instructor, José Castro, el pasado 18 de noviembre, por la contratación de la empresa Over Marketing en 2008 por parte del Ayuntamiento de Inca para hacer un estudio sobre hábitos de vida en el municipio, por unos 20.000 euros.

Esta causa investiga el presunto desvío irregular de fondos públicos a beneficio de la empresa Over Marketing, en pago por su realización de la campaña electoral del PP balear de 2003.

En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, la Abogacía de la CAIB asegura que, a su entender, no existe "ningún indicio de malversación de caudales públicos" en la conducta de Rotger porque lo que autorizó fue un contrato menor que se puede adjudicar directamente, por un trabajo que se llevó a cabo por un precio ajustado a mercado y que tuvo utilidad para el ayuntamiento.

Según la abogacía, en la instrucción de esta causa no se ha hallado "ningún dato objetivo" que indique que la contratación de Over por el Consistorio de Inca persiguiera "una finalidad espuria" distinta al resultado del trabajo.

También rechaza que se haya cometido el delito de prevaricación administrativa, por el hecho de que se concediera el contrato directamente, sin un proceso de adjudicación, ya que considera aplicable la Ley de Contratos del sector público que entró en vigor en abril de 2008, que permite dicha adjudicación para contratos menores de hasta 18.000 euros sin IVA, como el de este caso.

Tras su imputación, el presidente del Parlament puso su cargo a disposición del PP balear, aunque sigue en el cargo.

El código ético del partido establece que corresponde a sus órganos de dirección decidir sobre la continuidad de sus altos cargos si son imputados en una causa judicial, pero recientemente la dirección del partido indicó que los imputados solo tienen que dimitir si se acuerdan contra ellos medidas cautelares.