El Gobierno ha vetado en el Congreso una enmienda al proyecto de presupuestos de 2018 para salvar a las renovables y en especial al sector fotovoltaico de los recortes en la retribución que prepara el Ministerio de Energía. El veto gubernamental a la iniciativa presentada por PSOE, Podemos, ERC y grupo Mixto, llegó in extremis a la Mesa de la Comisión de Presupuestos ante la posibilidad de que el apoyo de grupos como UPN frenara los planes de Nadal. El veto se concretó el mismo día en que se conoció el tercer revés internacional para España en el tribunal de arbitraje del Banco Mundial por los recortes al sector renovable.
La enmienda vetada pretendía evitar nuevos tijeretazos a la retribución que perciben las energías renovables. Para ello establecía periodos regulatorios de seis años y la prohibición de revisar los pagos (tasa de rentabilidad razonable) "una vez reconocida la vida útil regulatoria o el valor estándar de la inversión inicial de una instalación". Un escudo frente a la intención ya manifestada por el Ministerio de Energía de revisar la retribución del transporte y la distribución de electricidad a partir de 2020 y de ajustar de la rentabilidad de las instalaciones a la evolución de los tipos del bono a 10 años.
La oposición ya había intentado paliar la situación por la que atraviesan miles de inversores en renovables -especialmente en el sector fotovoltaico- en los presupuestos de 2017. Pero en esta ocasión, sostienen fuentes de PSOE, de Podemos y del sector, la enmienda podía prosperar por el poyo de otros grupos como UPN. El voto favorable en la Mesa de la Comisión de Presupuestos hubiera supuesto adherir la enmienda al dictamen de presupuestos o su paso al pleno para votación en caso de ser derrotada.
Cuestión de gastos
El Gobierno no ha dado opción. Ha apostado por el veto. Para ello, se ha acogido a la potestad del Gobierno de tumbar las iniciativas que pudieran suponer un aumento de los gastos o una disminución de los ingresos del Estado. Se trata de una decisión polémica por varios motivos: porque el Ejecutivo ha recurrido a esa posibilidad con generosidad -casi 250 vetos en la tramitación de enmiendas a los presupuestos- y porque el veto puede chocar con la doctrina del Constitucional.
El Alto Tribunal sentenció en abril de este año que en el veto gubernamental, la conexión con ingresos y gastos debe ser "directa e inmediata, actual por tanto, y no meramente hipotética". Además, según el Constitucional "debe referirse al presupuesto en particular, sin que pueda aceptarse un veto del Ejecutivo a proposiciones que, en el futuro, pudieran afectar a los ingresos y los gastos públicos". La sentencia explica que "un uso excesivo del veto", algo en lo que ha caído el Gobierno según la oposición, "supondría un ensanchamiento de la potestad de veto incompatible con el protagonismo que en materia legislativa otorga a las Cámaras la propia Constitución".
Los partidos defensores de la enmienda -PSOE, ERC, Podemos y Compromís-destacan la gravedad de que el Ejecutivo haya bloqueado su aprobación con argumentos discutibles y justo cuando los tribunales de arbitraje internacionales dan la razón a los grandes fondos por los recortes aplicados de forma retroactiva desde el año 2012. Recuerdan, en este sentido, que hasta la fecha ha habido dos laudos favorables al Estado español y tres contrarios. Los dos favorables corresponden a los recortes que aplicó el Gobierno socialista en 2010.
Inquietud, malestar y recortes
Para los afectados por el parón renovable, el veto a la enmienda añade inquietud al malestar con el que sobrellevan los recortes que aplicó el Gobierno en 2010 para frenar las consecuencias del descontrol fotovoltaico generado a partir de 2007. Se sienten víctimas y temen nuevos hachazos cuando aún pagan los acuerdos de refinanciación que firmaron para no perder la inversión.
Chocan con la estrategia del Ministerio de Energía. Para Nadal, en un contexto de tipos de interés bajos, pagar rentabilidades por encima del 7% no está justificado y hay que revisar parámetros. Pero las organizaciones que agrupan a los afectados, caso de Anpier, consideran que el Gobierno se extralimita por varias razones: porque ignora que la Ley del Sector Eléctrico exige otra norma con rango de ley para revisar rentabilidades; porque la enmienda no afecta a ingresos y gastos al favorecer la estabilidad en los pagos y porque, de ser aprobada, tendría efectos en 2020 y no en los presupuestos de 2018.
Los grupos que defendieron la enmienda vetada no descartan dar la batalla legal para que el Gobierno deje de taponar iniciativas legislativas con argumentos económicos forzados. Tienen a su favor la sentencia del Tribunal Constitucional y la interpretación de los letrados del Congreso.
En un informe jurídico publicado por Europa Press, los letrados del Congreso abren la puerta a revisar el veto del Gobierno a 43 leyes presentadas por la oposición o por parlamentos autonómicos teniendo en cuenta la reciente sentencia del Tribunal Constitucional del mes de abril.
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