El Gobierno de Pedro Sánchez está en funciones. Nadie sabe cuándo habrá nuevo Ejecutivo. Pero los borradores de las normas que deben ser la punta de lanza de la transición energética siguen circulando por los despachos de las asociaciones sectoriales y de las empresas. Sánchez ha colocado la lucha contra el cambio climático en el frontispicio de su acción política y trata de no perder impulso. En esa línea, los fontaneros del Ministerio de Transición Ecológica han modificado el borrador de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética para reforzar el papel de las comunidades autónomas y especialmente de las comunidades insulares, según fuentes conocedoras de los cambios.
La modificación tiene miga por varias razones. Primero, porque algunas comunidades autónomas importantes -País Vasco, Cataluña, Baleares- y también ayuntamientos han aprobado normas que van más allá de los planes esbozados por el Ejecutivo. Y segundo, porque en algunas de esas comunidades autónomas como Baleares o Canarias se libran batallas relacionadas con el despliegue de infraestructuras de gas o la prohibición de circulación de vehículos que tocan nervio en la industria. En la gasista y en la del automóvil.
Los cambios en el borrador de la futura Ley están sobre la mesa. No obstante, fuentes de la Administración quitan importancia a las modificaciones. Sus razones: el texto de la futura norma sigue siendo material de trabajo, puede cambiar y tiene que recoger las aportaciones de otros ministerios, del Consejo de Estado y de organismos como el Consejo Asesor de Medio Ambiente.
Empresas y asociaciones, a la espera
Las asociaciones afectadas por el debate -y por la norma-, desde la asociación gasista Sedigas a la patronal del automóvil Anfac, pasando por la propia CEOE, están alerta. El presidente en funciones ha anunciado como uno de los grandes ejes de la próxima legislatura la transición ecológica, lo que implica una apuesta decidida por las renovables, el impulso del coche eléctrico y la contención frente a industrias basadas en los combustibles fósiles.
El borrador de ley que retoca el Gobierno recibió en su momento críticas por sus carencias. Entre ellas estaban el no citar directivas europeas clave para la transición energética; no detallar medidas fiscales concretas para avanzar en la descarbonización de la economía; olvidar conceptos como la generación distribuida o la gestión de la demanda; y limitar a 100.000 viviendas anuales los objetivos de rehabilitación de edificios.
Frente a esos agujeros, las normas aprobadas por las comunidades autónomas iban por delante de las propuestas del Gobierno. Las autonomías aprovecharon que tienen competencias exclusivas en urbanismo y en vivienda para avanzar en la introducción de las energías renovables e integrar el concepto de sostenibilidad energética en las políticas públicas.
En Cataluña, en el País Vasco, en Baleares y en Canarias, los Ejecutivos autónomos han dado pasos importantes hacia la descarbonización. En el País Vasco, el Gobierno del PNV ha aprobado un anteproyecto de Ley de Sostenibilidad Energética que incluye a las renovables a la hora de calcular la eficiencia energética de los edificios. Y se acoge literalmente a la recomendación UE 2016/1318 de la Comisión Europea, de 29 de julio de 2016, que no es vinculante, pero que prevé la cobertura de entre el 50% y el 100% de las necesidades de energía de los edificios con renovables.
Advertencias y recursos
Cataluña o Baleares también han ido por delante, con legislación autonómica pionera. En ambos casos se enfrentaron a advertencias y recursos. En Cataluña, el Gobierno que entonces presidía Puigdemont aprobó en agosto de 2017 una ley contra el cambio climático sin votos en contra de ningún partido (el PPC se abstuvo).
El Gobierno de Rajoy (PP) recurrió la ley autonómica que prevé cierre de nucleares e impuestos a los carburantes. El Tribunal Constitucional la avaló -excepto en un artículo que prohibía el 'fracking'-, lo que abrió el camino a otras iniciativas como la de Baleares, que también ha sobrepasado las actuaciones del Ejecutivo central, aunque no sin ruido. La ley balear es pionera a nivel estatal y europeo al contemplar la prohibición de que los vehículos diésel circulen por las islas a partir del año 2025 y los de gasolina a partir de 2035.
Las restricciones aprobadas en las islas provocaron una denuncia de la industria del automóvil ante la Comisión Europea y el Ministerio de Economía. Hasta el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), José María Marín, cargó contra la norma en una carta enviada al Parlamento autonómico en la que abogaba por "un análisis de alternativas que pudiera justificar la decisión tomada", así como la aplicación de "medidas menos gravosas". Pero el Gobierno necesita puntos de apoyo para avanzar en las políticas medioambientales que están provocando chispas en muchas ocasiones. El reciente enfrentamiento entre el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y la ministra Teresa Ribera es un ejemplo.
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