El Ministerio para la Transición Ecológica ha convocado al sector de los carburantes a una reunión la próxima semana para tratar sobre qué está ocurriendo con el descuento a los combustibles que se aplica desde abril y el precio de los mismos, así como sobre el futuro impuesto a las energéticas y el plan de contingencia para ahorrar energía, según ha indicado este viernes la ministra del ramo, Teresa Ribera, en una entrevista en Antena 3.
Ha señalado que el Ministerio quiere conocer también lo que tienen qué decir sobre el futuro impuesto para gravar los beneficios extraordinarios que están obteniendo las compañías energéticas y sobre el futuro plan de contingencia para impulsar el ahorro y la eficiencia en el consumo de gasolinas y gasóleos. Ribera ha afirmado que se ha detectado un incremento "muy notable" de los márgenes en el caso del refino (el proceso de transformación del petróleo en productos) y ha dicho que "hay que ver en detalle que está ocurriendo en la distribución, en las estaciones de servicio".
Ha señalado que "hay un segmento de márgenes en el refino que no es el mismo que en la distribución en las gasolineras" y ha indicado que es importante fijarse en las dos cosas, y en si efectivamente, en el caso de las gasolineras y las estaciones de servicio, ha habido una absorción del descuento de 20 céntimos a los carburantes o un incremento de márgenes que ha beneficiado a los distribuidores. La ministra ha manifestado que el Gobierno facilitó esos 20 céntimos (15 aportados por el Gobierno y 5 por las gasolineras) de descuento por litro de carburante "para los consumidores, no para las distribuidoras".
En cuanto al impuesto extraordinario a las compañías energéticas por los beneficios extraordinarios que les están reportando los altos precios, ha señalado que la intención es que esté operativo el 1 de enero de 2023. Ha dicho que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y su equipo están trabajando para configurar un impuesto que no se pueda trasladar a los consumidores, y se centre en las empresas de mayor tamaño y en cuánto beneficio han obtenido respecto al volumen de ventas.
Para evitar que ese impuesto pueda ser trasladado al final a los consumidores de electricidad, gas y productos petrolíferos, ha dicho que el tipo impositivo se fijará en los beneficios obtenidos y no en otra actividad que tenga "otro traslado más sencillo" a los consumidores. En cuanto a la decisión del Gobierno francés de nacionalizar totalmente a la compañía EDF, adquiriendo el 16 % que el Estado galo aún no tiene, ha dicho que se trata del "rescate" de la principal eléctrica francesa en una situación "enormemente sensible".
Ha recordado que EDF tiene 43.000 millones de euros de deuda y un 55% de las plantas nucleares están paradas en Francia por problemas de diseño y desgaste de materiales. La ministra considera prácticamente imposible que un movimiento como el de Francia se pueda dar en otro país de la UE, salvo en el caso de que ese estado tenga una presencia muy importante en la compañía eléctrica en cuestión. En el caso de España, ha recordado que no hay empresas que tengan una presencia tan importante del Estado, y las plantas de generación operan con total seguridad.
Respecto a que el Parlamento Europeo haya apoyado que la nuclear y el gas sean consideradas como "verdes" en la taxonomía de inversiones sostenibles y si la UE debería revisar sus objetivos climáticos ante la actual crisis, Ribera ha dicho que, en todo caso, habría que revisarlos sobre la premisa de la "fragilidad" que supone depender de los combustibles fósiles.
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