"No aceptamos que se politice un procedimiento de investigación -que debe ser técnico- para convertirlo en un instrumento de lucha política que pone en peligro la democracia brasileña", aseguró Silva en una conferencia de prensa con periodistas extranjeros en Rio de Janeiro.
"El impeachment (destitución) solo se justifica a partir de un delito. No existe ninguna denuncia contra Dilma (Rousseff). Todo el mundo, inclusive la oposición, la considera una mujer íntegra", subrayó.
Según el funcionario, la investigación sobre la red de corrupción que se montó en el seno de la estatal Petrobras "es la mayor investigación policial de la historia de Brasil" y como "alcanza a dirigentes políticos importantes y todos los partidos, sirve de combustible a la inestabilidad política".
La presidenta de izquierda no ha sido implicada en el fraude, pero la oposición la acusa de haber maquillado las cuentas públicas, lo que llevó a un grupo de juristas a pedir la apertura de un procedimiento de destitución en su contra.
Por otro lado, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), el principal partido opositor, busca anular el mandato de Rousseff y de su vicepresidente, Michel Temer, en el marco de otra acción presentada ante el Tribunal Superior Electoral por presunto abuso de poder y financiación ilegal de la campaña para su reelección en 2014.
El gobierno afirma que estas maniobras muestran la sed de venganza de la oposición, que no se resigna a haber perdido los comicios de 2014 por apenas 3%.
"No hay ninguna injerencia del gobierno en las investigaciones. Es un proceso doloroso pero las instituciones saldrán reforzadas y eso traerá consigo la necesidad de una reforma política sobre la financiación de las campañas", dijo Silva, que fue tesorero de la campaña presidencial de Rousseff en 2014 y también está siendo investigado.
El caso Petrobras se conoció en 2014 y ya ha llevado a la cárcel a políticos, jerarcas de la estatal e importantes empresarios. Las investigaciones develaron un sistema de sobornos millonarios pagados por constructoras a cambio de contratos en la petrolera. El megafraude enriqueció a jerarcas de Perobras, intermediarios y financió a varias fuerzas políticas, incluido el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y otros de la coalición.
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