En el último tramo de su mandato, el presidente estadounidense ya no tiene mucho tiempo para cumplir con su compromiso de cerrar la prisión de su base naval en Cuba, atascado en embrollos jurídicos y políticos.
Abierta en enero de 2002 para recibir a los sospechosos de terrorismo, la prisión y sus imágenes de detenidos vestidos con monos anaranjados y encadenados tuvieron un impacto desastroso en la imagen de Estados Unidos en el mundo.
Hay que terminar con "el primer argumento que utilizan los yihadistas para reclutar" adeptos, subraya Obama.
Así, Obama pidió al Pentágono presentar varias opciones para mudar a Estados Unidos el campo de prisioneros, que actualmente tiene 112 detenidos, contra más de 700 en su apogeo, en 2003.
Estados Unidos ha estado enviando prisioneros de regreso a su país de origen o hacia terceros países.
En Latinoamérica, El Salvador acogió en 2012 como refugiados a dos presos uigures, que luego abandonaron el país, y Uruguay recibió en diciembre de 2014 a seis exdetenidos de la prisión.
Ahora el Pentágono debe indicar fundamentalmente cuánto costará una mudanza de este tipo.
Se apunta a al menos cuatro lugares: dos prisiones militares de Charleston (Carolina del Sur, sudeste) y Fort Leavenworth (Kansas, centro), la prisión federal de alta seguridad de Florence (Colorado, oeste), y otro sitio en Canon City en el mismo estado.
La prisión de Florence ya alberga detenidos como Ramzi Yussef, cerebro de los primeros atentados contra el World Trade Center en 1993, Zacarias Mussaoui, el francés condenado por su vínculo con los atentados del 11 de septiembre de 2001, o Dzhokhar Tsarnaev, condenado a muerte por los atentados de Boston en 2013.
Pero aunque el informe del Pentágono es una pieza esencial para que avance el cierre de Guantánamo, la administración Obama igual tendrá que mover montañas para lograr su objetivo.
El Congreso de mayoría republicana está absolutamente en contra de que los prisioneros de Guantánamo estén presos en suelo estadounidense.
Y los primeros son los legisladores de los estados en los que se analiza albergar a los detenidos, invocando los riesgos de atentados en la futura prisión.
"No me quedaré con los brazos cruzados" si el presidente Obama "pone en peligro a los habitantes de Colorado", declaró uno de los senadores del Estado, Cory Gardner.
El Congreso prohibió las transferencias de detenidos a suelo estadounidense en 2011 y acaba de agregar nuevos obstáculos en una ley presupuestaria.
Si no hay acuerdo con el Congreso, la Casa Blanca no excluiría enfrentarlo, apelando a un decreto presidencial, lo que implicaría un alto riesgo político y jurídico.
Si Barack Obama "persiste, sería de forma flagrantemente inconstitucional, mofándose de las leyes votadas por el Congreso", advirtió esta semana el republicano Michael McCaul, presidente de la comisión de Seguridad Interior de la cámara de Representantes.
Obama "se metió en un gran aprieto" al demorar demasiado en actuar, cree David Remes, un abogado que defiende a yemenitas encarcelados en Guantánamo.
El mandatario habría podido disminuir la amplitud del problema acelerando las partidas de los 53 detenidos juzgados intransferibles a otro país, explicó a la AFP. "Si hubiera dicho a sus secretarios de Defensa: 'serán despedidos si no se transfiere a 40 detenidos en 12 meses', pueden estar seguros que habría habido traslados", indicó.
El presidente "debe ejercer el mismo tipo de presión que aplicó" para impedir al Congreso bloquear el acuerdo nuclear con Irán, o el acuerdo de libre comercio transpacífico (TPP), subrayó.
Para los defensores de los derechos humanos, un eventual traslado a Estados Unidos no solucionará el problema de los 49 prisioneros en detención "indefinida", sin proceso.
Estén detenidos en Guantánamo o en Estados Unidos, su situación sigue siendo una anomalía moral y política, aseguran.
"Cada día que pasa con individuos detenidos de forma indefinida es un día en el que Estados Unidos viola los derechos humanos y pierde su credibilidad en la defensa de estos derechos", subraya la organización Amnesty International.
Entre los detenidos de Guantánamo, solo 10 han sido condenados por la justicia militar o están a la espera de un proceso. Entre ellos figura Jaled Cheij Mohamed y otros cuatro detenidos al mismo tiempo, sospechosos de haber participado de la organización de los atentados del 11 de septiembre.
El proceso judicial en su contra está completamente atascado desde hace años.
lby-wat/bdx/aic/yow
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios