Gobierno debe responder sobre manejo de pruebas secretas en juicio Vicentillo

  • El juez federal a cargo de la causa contra el narcotraficante mexicano Vicente Zambada Niebla recibirá hoy la respuesta de la fiscalía al pedido de la defensa para que se le permita acceso a documentos secretos en la preparación del juicio en Chicago contra el exintegrante del Cartel de Sinaloa.

Chicago (EE.UU.), 7 nov.- El juez federal a cargo de la causa contra el narcotraficante mexicano Vicente Zambada Niebla recibirá hoy la respuesta de la fiscalía al pedido de la defensa para que se le permita acceso a documentos secretos en la preparación del juicio en Chicago contra el exintegrante del Cartel de Sinaloa.

Los abogados de "Vicentillo" presentaron una moción al juez Rubén Castillo a finales de octubre con el objetivo de bloquear los esfuerzos de la fiscalía para excluirlos de la discusión sobre el tratamiento a dar a las pruebas consideradas "material clasificado o secreto".

La defensa considera que debe participar en la discusión porque el Gobierno intentaría retener información sobre el abogado mexicano Humberto Loya Castro, informante de la Agencia Federal Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) considerado una figura clave en el caso.

Según la documentación presentada, Loya Castro trabajó para la DEA durante 10 años y fue el intermediario de un acuerdo entre agentes federales y el Cartel de Sinaloa a cambio de inmunidad.

El abogado, considerado "confidente" del líder del cartel, Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", habría logrado extender ese acuerdo de inmunidad a las actividades de "Vicentillo" en los Estados Unidos, lo que ahora es negado por las autoridades de este país, afirman los abogados.

Zambada Niebla, recluido actualmente en una prisión de Michigan a la espera del juicio programado a partir del 13 de febrero de 2012 en Chicago, es acusado de ser el jefe de logística del cartel en Estados Unidos y arriesga prisión perpetua por haber traficado 100 toneladas de drogas y lavado más de 500 millones de dólares.

Por disposición del juez Castillo, la fiscalía tiene plazo hasta la medianoche para responder a la moción de los abogados defensores contraria a la propuesta de la fiscalía de realizar una "presentación ex parte".

Esta presentación involucraría solamente al juez y los fiscales -sin presencia de abogados defensores- en los procedimientos relacionados con materiales clasificados o secretos.

El procedimiento se basaría en el Acta de Procedimientos sobre Información Clasificada o CIPA, vigente desde hace 30 años para evitar que información clasificada como de seguridad nacional sea revelada al público durante procedimientos judiciales.

El acta requiere que se comunique al juez con anticipación si el caso contará con alguna prueba o evidencia secreta, para que éste resuelva si es admisible o puede ser reemplazada por otra que asegure un juicio justo al acusado.

Los abogados de Zambada Niebla consideran que los procedimientos secretos pueden constituir un abuso y violarían su derecho al debido proceso.

Para evitarlo, piden recibir las credenciales necesarias de alto nivel de seguridad para poder examinar la información considerada sensible antes del juicio.

La fiscalía debe responder hoy al argumento de que en sus años de colaboración con la DEA el abogado Loya Castro tuvo acceso a información que el Gobierno quiere evitar que se revele, y puede ser vital para la defensa de "Vicentillo".

Esa información tendría relación con acuerdos entre los Gobiernos de México y Estados Unidos para otorgar tratamiento especial a los jefes del Cartel de Sinaloa.

En uno de los escritos presentados al juez Castillo la defensa adjuntó una declaración jurada del abogado Fernando Gaxiola, quien participó como intérprete en una reunión de los abogados con Loya Castro en México.

Gaxiola, que está basado en Tucson y es uno de los cinco defensores de Zambada Niebla, reitera que en la reunión quedó claro que éste gozaba de la misma inmunidad negociada para el resto del cartel.

Afirma además que el abogado mexicano habría sido "intimidado" por agentes federales para evitar que sea testigo de la defensa en el juicio.

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