Madrid, 30 oct.- Los servicios jurídicos del Estado están estudiando las modificaciones introducidas en la ley sobre desahucios de Andalucía y a la luz de este análisis, ha dicho el ministro de Economía, Luis de Guindos, el Gobierno tiene tres meses para decidir si la recurre o no ante el Tribunal Constitucional.
De Guindos ha respondido así al portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, quien quería saber si el Ejecutivo tenía previsto presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, como ya lo planteó ante el decreto ley por el "impacto negativo" que podía tener sobre la estabilidad del sistema financiero.
El ministro ha replicado a Centella que el Gobierno no va a hacer "demagogia rancia" sobre el problema de los desahucios y le ha recordado que desde el principio de la legislatura se han tomado medidas de manera que, por ejemplo, el código de buenas prácticas ha permitido más de 1.200 reestructuraciones de deuda y más de 400 daciones en pago.
Más de 560 viviendas se han adjudicado en alquiler a precios "muy razonables", de las cuales cerca de mil han tenido lugar en Andalucía, ha continuado el ministro.
Se trata de iniciativas, ha señalado, que han ayudado a más de 2.000 familias "sin necesidad de afectar" al contenido del derecho a la propiedad, producir una "quiebra" de la igualdad de todos los españoles ni tampoco a la seguridad jurídica.
Además, ha trasladado al portavoz parlamentario la preocupación que esta ley ha despertado en la comisión europea por el impacto que podría tener sobre el sistema financiero español.
José Luis Centella ha criticado que el Ejecutivo esté estudiando este posible recurso de inconstitucional y se haya situado así del lado "de los que quieren al dios mercado" por encima de los derechos humanos y del derecho a la vivienda.
La ley, que empezó a aplicarse hace quince días en Andalucía, es la "última esperanza" para mucha gente, ha dicho Centella, quien ha pedido al ministro que "no vaya contra esta ley" y se dedique a poner en marcha medidas que resuelvan el problema de la vivienda y no lo entorpezcan.
Mientras el Ejecutivo, ha dicho, considera que el mercado "debe primar" sobre la Constitución, el grupo que él representa defiende el derecho a poder tener una vivienda por encima de la propiedad privada.
"Esa es la diferencia entre el liberalismo rancio que ustedes representan y la izquierda consecuente que nosotros queremos representar", ha recalcado Centella.
La ley sobre desahucios aprobada por la Junta de Andalucía incluye la expropiación de la vivienda a entidades financieras, a cambio de un alquiler social, para evitar un desalojo por impago de la hipoteca.
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