El Gobierno de coalición está intentando que la Comisión Europea atienda a sus demandas y acepte una flexibilización de los objetivos de déficit para este año y los siguientes. Las negociaciones entre Madrid y Bruselas se encuentran abiertas y están siendo capitaneadas por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Las primeras impresiones ya eran positivas pero ahora, con las circunstancias actuales, el optimismo en el área económica del Ejecutivo se ha incrementado. Y es que el coronavirus y su incidencia en la economía quiere ser utilizado como un motivo más que las autoridades comunitarias acaben decantando la balanza del lado del equipo de Pedro Sánchez.
La Comisión Europea ya ha afirmado que quiere ver los Presupuestos Generales de 2020 antes de emitir su veredicto, por lo que el Gobierno en este momento se encuentra en una situación de calma tensa. Este mismo jueves Sánchez se la juega en el Congreso en una votación decisiva sobre la senda de estabilidad que depende de ERC. En el Ejecutivo confiaban ayer en que el buen ambiente vivido en la primera reunión de la mesa bilateral Gobierno-Govern ayude a que los republicanos aprueben esos objetivos aprobados en consejo de ministros a principios de mes.
En esa senda el equipo liderado por Nadia Calviño venía a solicitar a Bruselas un balón de oxigeno. Fijaba el objetivo de déficit del 1,8% para 2020, lo que supone disponer de un margen adicional de casi 9.000 millones de euros para poner en marcha las políticas sociales pactadas por PSOE y Unidas Podemos. Para 2021 lo situaba en el 1,5% del PIB, en el 1,2% en 2022 y en el 0,9% en 2023. Estas previsiones macroeconómicas del Gobierno indican que el equipo de Sánchez está buscando una relajación del equilibrio presupuestario.
Ahora solo falta el ok de Bruselas y ayer mismo fuentes gubernamentales expresaban su optimismo con que la Comisión atienda las razones que le está exponiendo el Ejecutivo español. Esencialmente, justifican, porque existe un compromiso en ir reduciendo la deuda pública y porque también se ha puesto en marcha una política fiscal definida que aprobará nuevas figuras fiscales. Hay que recordar que en abril el Ejecutivo socialista reflejó en su Programa de Estabilidad un compromiso del 1,1% para 2020, que fue el último dato pactado con Bruselas.
Los objetivos de estabilidad de 2020 para el conjunto de la Administración Pública quedan fijados en el 1,8 %. Los límites se desglosan así:
— La Moncloa (@desdelamoncloa) February 11, 2020
Administración central➡0,5%
CCAA➡0,2%
Seguridad Social➡1,1%
Equilibrio presupuestario para ayuntamientos#CMin pic.twitter.com/nOWSAPeahL
El Gobierno ya dejó claro en sus últimas previsiones que el crecimiento de la economía se estaba desacelerando. Así, Economía fijaba en el 1,6% la previsión para este año, dos décimas menos de lo contemplado en las anteriores previsiones aprobadas por el Ejecutivo de Sánchez en solitario. Todo ello fue calculado sin coronavirus y sin, hasta ese momento, haber tenido incidencia en los mercados. Ahora la situación es diferente. En cuanto al empleo, el Ejecutivo calcula dejar la tasa de paro en el 13,6% a finales de este año. La previsión también pasa por ir rebajando ese dato año a año y dejarlo en el 12,3% a finales de 2023.
Italia intenta flexibilizar su déficit
El Gobierno italiano confía en que Bruselas consienta cierta flexibilidad si el coronavirus impacta "de forma considerable" en el crecimiento económico del país, ya que las principales regiones afectadas son Lombardía y Véneto, que representan un tercio del producto interior bruto (PIB). Así lo señaló ayer la viceministra de Economía, Laura Castelli, en una entrevista en la radio pública. El Ejecutivo transalpino considera que la Unión Europea (UE) está equipada con los recursos necesarios para ofrecer cierto margen a Italia en su déficit, si el PIB se ve afectado por el COVID-19.
El Gobierno también ha elevado el techo de gasto hasta los 127.609 millones de euros para este año, en lo que supone una nueva rebaja en relación con el que presentó hace unos meses. Son, en definitiva, 3,8 puntos más que el contemplado para 2019, lo que significa que el Ejecutivo de coalición prevé tener más dinero para "luchar contra la desigualdad y la pobreza", acometer la "transformación ecológica justa" y "mejorar el Estado del bienestar". ¿Y cómo cuadrar todo esto? Con las nuevas figuras fiscales anunciadas por el Gobierno de coalición y entre las que destacan las tasas Google y Tobin y los impuestos verdes. Respecto a la deuda, el Ejecutivo ha destacado que su compromiso es seguir reduciéndola respecto al PIB a lo largo de los próximos ejercicios. Así, en 2019 la deuda acabó en el 95,9% y el objetivo fijado pasa por dejarla este año en el 94,6%.
Tirón de orejas de Bruselas a España
Mientras llega un acuerdo final, Bruselas pegó ayer un tirón de orejas a España por varios aspectos que considera mejorables. Así, la Comisión considera que, aunque "los desequilibrios macroeconómicos en España han mejorado" aún existen varias "vulnerabilidades". Cita la elevada deuda del sector público como una de ellas. "Los excedentes externos persistentes se traducen lentamente en una reducción de los pasivos externos, pero estos siguen siendo muy altos. En particular, el nivel de deuda externa, aunque se ha reducido, sigue siendo alto", alertan.
Las autoridades comunitarias también llaman la atención sobre el elevado desempleo que aún existe en España y destacan el drama del paro juvenil y el de larga duración como dos aspectos pendientes de solucionar. No se olvida tampoco del empleo temporal, que no termina de solucionarse. Con esta misma Comisión es con la que tiene que negociar Calviño los nuevos objetivos una vez le dé a conocer los futuros Presupuestos.
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