La previsión de gasto, al cierre de 2021, de la partida presupuestaria correspondiente a la aplicación del Ingreso Mínimo Vital es de 1.924.983.470,15 euros, de un crédito que ascendía a 2.988.364.860 euros, según ha informado este lunes el Gobierno. Es decir, que el porcentaje de ejecución del mismo es de un 64,4%.
El Ejecutivo ha hecho públicos estos datos en respuesta a una pregunta parlamentaria del grupo Vox sobre la materia y coincidiendo con la denuncia de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sobre la falta de ejecución de la cuantía para esta prestación. En el texto firmado por el Gobierno el pasado 9 de febrero, recogido por Europa Press, se especifica que el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) ha recibido más de 1,5 millones de solicitudes al IMV desde que este se pusiera en marcha, de las cuales 1,4 millones eran válidas. Además, ha explicado que se han tramitado más del 97% de las mismas y se han aprobado un total de 362.000 prestaciones, lo que supone alrededor de 824.000 beneficiarios.
Criterios de "eficacia y eficiencia"
En este sentido, ha explicado que el INSS hace una aplicación "estricta" del marco legal vigente, ajustándose en su actuación a "criterios de eficacia y eficiencia" con sujeción al principio de legalidad y, en este sentido, destaca también "la naturaleza y particularidades de esta prestación" que califica de "elevada complejidad" y con una "implantación relativamente reciente" que, según ha explicado, "conlleva una paulatina introducción de mejoras conforme se avanza en la gestión de las prestaciones".
Así, se ha referido a las mejoras que, durante la tramitación del la Ley del IMV, se han ido introduciendo: como el complemento de ayuda a la infancia, la ampliación de la cobertura a jóvenes bajo tutela y personas con discapacidad superior al 65%, o la reducción del plazo de antigüedad de la unidad de convivencia de 12 a 6 meses para acceder a la prestación, entre otras.
Además, el Gobierno destaca que, recientemente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha el Registro de Mediadores del Ingreso Mínimo Vital, para permitir a las entidades colaboradoras acreditar la idoneidad de potenciales beneficiarios de la prestación. "Con esta medida, se permite a las entidades del tercer sector de acción social colaborar en la gestión del IMV, previa inscripción en dicho registro, representando otra medida con la que se pretende facilitar el acceso a los posibles beneficiarios de la prestación", ha informado el Ejecutivo.
Ejercicio 2022
En cuanto al ejercicio 2022, por el que también se ha interesado a través de una pregunta el partido de Santiago Abascal, el Ejecutivo asegura que se producirá "un reforzamiento" de la prestación con el incremento de un 3% este año, al igual que las pensiones mínimas y no contributivas.
En concreto, ha explicado el Ejecutivo, se ha aprobado una partida presupuestaria de 3.021.926,14 millones de euros, que refleja la cuantía original asignada a la prestación, más los incrementos aprobados en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y 2022. "Con este presupuesto se seguirá implementando el Ingreso Mínimo Vital y se asumirán las nuevas solicitudes de acceso derivadas de las mejoras introducidas en la Ley, aprobada en el mes de diciembre", se recoge en el texto del Gobierno.
En este sentido, especifica que, entre ellas están las prestaciones que se produzcan a consecuencia del nuevo complemento de ayuda para la infancia, al que tendrán derecho las familias más vulnerables económicamente que tengan menores a cargo. "Los Presupuestos de 2022 tienen el objetivo de convertirse en el instrumento que hará posible una recuperación económica justa tras la crisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19", ha declarado el Gobierno. Para ello, según ha añadido, las cuentas públicas "contemplan la mayor inversión social de la historia, con 240.375 millones de euros, lo que significa que casi el 60% del presupuesto nacional se destina al gasto en el cuidado de las personas".
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