Para evitar otro colapso

El Gobierno desatasca el suministro de EPIs a sanitarios... ocho meses después

Trabajo prepara una orden que priorizará la realización de ensayos de verificación de los equipos de protección individual a petición de las administraciones públicas para poder atender la demanda en plazo.

Sánchez vestido con el EPI en el taller de El Corte Inglés
Pedro Sánchez visita un taller de El Corte Inglés donde se confeccionan mascarillas
EFE

Ocho meses después del estallido de la pandemia que ha causado más de 40.000 muertos en España, según las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, el Gobierno opta ahora por la vía de urgencia para eliminar las trabas administrativas que imposibilitan atender en plazo la ingente demanda de verificaciones y ensayos de Equipos de Protección Individual (EPIs) y evitar así el colapso en la dotación de estos escudos imprescindibles para el personal sanitario, en primera línea de lucha contra la Covid-19.

El Ministerio de Trabajo prepara una orden para modificar los procedimientos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo "ante la situación extraordinaria generada en materia de equipos de protección individual por la pandemia, la gran demanda de verificación de equipos por parte de las autoridades sanitarias para su distribución entre el personal sanitario con las debidas garantías de protección y la urgencia en la prestación del servicio debido a la escasez de EPI", según consta en el proyecto de orden que acaba de iniciar el trámite de audiencia pública abreviado ante la urgencia de llevar a cabo estas modificaciones.

"Desde el inicio de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 se ha podido comprobar que el procedimiento general de gestión de solicitudes y expedientes de ensayo ralentiza la entrega de resultados obtenidos en el laboratorio, lo cual representa un problema importante en el contexto actual de la pandemia donde distintas administraciones públicas, en particular las autoridades sanitarias, deben tomar decisiones de urgencia basadas en esos resultados para garantizar la salud y seguridad del personal sanitario", admite el Ministerio en la documentación consultada por La Información.

La normativa actual establece que el coste que implican las actividades de ensayo conforme a las normas comunitarias de libre competencia debe ser soportado por el solicitante del servicio sin distinguir si este es una entidad pública o privada. Y además fija algunos gastos administrativos a abonar en el momento de formalización de la solicitud y otros posteriores, variables, en función de la complejidad de la actuación. Todos estos desembolsos deben ser efectuados antes de que se ponga a disposición del solicitante el informe con los resultados del servicio prestado y previo requerimiento del Centro Nacional de Medios de Protección del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, una vez han finalizado los trabajos. Una maraña burocrática que, según admite el propio Ministerio, "imposibilita atender la demanda en plazo, lo cual puede producir colapso en la dotación de los equipos de protección individual al personal sanitario".

En este marco, el proyecto de orden ministerial plantea dos modificaciones. Por un lado, se exceptúan de la obligación del abono de los costes con anterioridad a la entrega del trabajo realizado las solicitudes de ensayo que se reciban de las autoridades sanitarias (Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas) y de las denominadas autoridades de vigilancia del mercado (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Ministerio Consumo y comunidades autónomas). En estos casos, el abono del precio total se producirá a partir de la puesta a disposición de los resultados finales a los solicitantes del servicio, agilizando así los trámites.

Y en segundo lugar, los servicios solicitados por las administraciones públicas en materia de ensayo de equipos de protección individual al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, mientras permanezca la situación de crisis sanitaria producida por la Covid‐19, serán atendidos con carácter prioritario respecto al resto de solicitudes que se produzcan. El objetivo es priorizar las actuaciones a realizar para estos solicitantes de manera que no se ralentice la puesta a disposición de los informes de verificación y ensayo de los EPI "debido a los trámites administrativos que lleva aparejados para los receptores del servicio y poder garantizar así la seguridad y la salud del personal sanitario", indica el Ministerio.

Varios intentos previos

No es la primera vez que el Ejecutivo alivia las exigencias para agilizar el suministro. El tsunami golpeó sorprendió a los hospitales sin reservas y a los distribuidores, sin capacidad para abastecerse al ritmo que necesitaban los sanitarios. Menos de una semana después de la primera declaración del estado de alarma, el Ministerio de Industria movió ficha y dio luz verde, a través de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (SGIyP), a una medida excepcional que avalaba varias alternativas a las mascarillas con el sello CE europeo, tan difíciles de adquirir en primavera.

"Mientras dure la situación de excepcionalidad de la que traen causa", acotó el texto que rubricó el 20 de marco la cartera de Reyes Maroto. "Si te dan a elegir entre una mascarilla sin marcado europeo o asistir a los infectados con el rostro descubierto... siempre prefieres lo primero", trasladan a este medio fuentes de la plantilla del Gregorio Marañón. Con todo, el país arrastró semanas donde los EPI brillaron por su ausencia. La situación favoreció el contagio entre los sanitarios -más de 79.000 profesionales afectados hasta noviembre- y sacó los colores a las autoridades sanitarias. 

Ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas quieren arriesgarse a sufrir las carencias de la primera ola. Prueba de ello es la partida de 2.500 millones que el  Ministerio de Sanidad reservó al Acuerdo Marco para la compra centralizada de material sanitario hace ya varios meses. Con la vista puesta en la segunda ola, la cartera pretendía que las regiones suscritas recibieran los primeros lotes de mascarillas, guantes y batas, a finales de septiembre. El retraso en la licitación se ha extendido hasta noviembre y los fabricantes siguen en vilo, a la espera de la señal del Ministerio para encender la maquinaria. El proyecto de la cartera de Yolanda Díaz acelera para evitar otro colapso en la entrega de EPI, cuando el país ya encara la segunda bajada de la curva.

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