De cara al próximo estado de alarma

Moncloa prepara medidas de alivio en la España rural frente a Madrid o Cataluña

El Gobierno está estudiando introducir modificaciones de última hora en el 'Plan para la transición hacia la nueva normalidad'. El Comité de Desescalada que celebró este jueves su primera reunión ya tiene sobre la mesa varias cuestiones que podrían puntualizarse o añadirse para mejorar la desescalada asimétrica. El principal problema se encuentra en aquellos territorios donde la incidencia del virus es ya baja a día de hoy y, por tanto, pueden dar por superado la fase más aguda de la pandemia. Podrían, por tanto, avanzar más rápidamente hacia algunos escenarios o medidas contempladas en fases más avanzadas. Moncloa está escuchando las sugerencias en los territorios y se abre a cambios.

El equipo de Pedro Sánchez quiere aplicar un diseño de cirugía fina en la escalada y por eso está valorando introducir aportaciones el documento presentado el martes. Son varias las cuestiones que están en el aire y que podrían acabar siendo modificadas. Una de ellas tiene que ver con aquellos municipios donde la incidencia acumulada del virus en las últimas dos semanas permite aliviar aún más la situación a sus ciudadanos. Zonas del Levante, del norte peninsular o de Andalucía, efectivamente, disponen de unos ratios más positivos y el Gobierno está estudiando cómo posibilitar una confinamiento menos severo.

Una de las medidas contempladas pasa por flexibilizar los contactos entre grupos sociales en dichas zonas en las que la enfermedad estaría más controlada. En este sentido, según explican fuentes cercanas a Moncloa, territorios de la España rural podrían avanzar en la flexibilización de las visitas a familiares o en la reapertura del interior de locales de restauración, siempre con medidas de seguridad y separación social. Sería, por tanto, una desescalada en varias velocidades para determinadas poblaciones.

Esta decisión obligaría al Gobierno a establecer una unidad de referencia distinta a la de la provincia o la isla. Es una excepción que se está estudiando a nivel general pero que se va a aplicar desde este sábado a las salidas al exterior para pasear o hacer deportes en municipios de menos de 5.000 habitantes. Es una referencia que se está manejando por expertos y políticos como válida para trasladar al plan de desconfinamiento.

Las fuentes consultadas aseguran que es en esa España "despoblada" donde la incidencia del virus es más favorable y donde, efectivamente, se podría establecer una clara diferenciación en la desescalada con respecto a las ciudades. Habría que establecer, por tanto, unos nuevos baremos a nivel municipal o comarcal. Ceuta y Melilla son también dos zonas preparadas para avanzar más rápido debido a los datos de contagios que acumulan en los últimos días.

Donde el Gobierno parece tener claro que la desescalada llegará más tarde es en zonas como Madrid o Cataluña. La incidencia del virus es mayor en ambas autonomías así como en Castilla y León y Castilla-La Mancha. Fuentes gubernamentales incidían ayer en lo que apuntó el ministro Illa en la Comisión de Sanidad del Congreso: son autonomías a las que se podrían aplicar criterios más severos porque la cifra de incidencia acumulada del virus no invita al desconfinamiento inminente.

En el Ejecutivo admiten que el documento de desconfinamiento tiene algunas "lagunas" que podrían pulirse en los próximos días. El Gobierno también quiere escuchar a las comunidades autónomas y grupos parlamentarios, consciente de que Sánchez no va a tener sencillo validar el próximo miércoles el decreto de prórroga del estado de alarma, el cuarto que lleva a la cámara. Ciudadanos celebra estos días su V Asamblea que le podría distanciar de el PSOE; ERC ya preguntó el miércoles a los socialistas cuánto les importa la legislatura, lo que les sitúa al borde del no; y el PNV está especialmente molesto con Moncloa. Todo está en manos del PP.

Modificar el plan de desescalada e introducir algunas demandas de Cs o formaciones nacionalistas e independentistas podría, por tanto, ayudar a Moncloa a aprobar el nuevo decreto que se alumbrará, previsiblemente, en el consejo de ministros del próximo martes. En Unidas Podemos, por cierto, de momento no han puesto pegas a dicha cronología. Tres dirigentes del partido morado están incluidos en el Comité de Desescalada: el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, su jefe de gabinete, Julio Rodríguez, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El límite que se ha fijado el Gobierno es el próximo miércoles, 6 de mayo. Ese día el Congreso votará la prórroga del estado de alarma y en ese decreto se deberán contemplar todas estas nuevas medidas que está estudiando el Ejecutivo. Será el nuevo Comité de Desescalada el que tome la decisión final a lo largo de este puente del Primero de Mayo y del próximo lunes. Lo que esperan en Moncloa es no llegar de nuevo al consejo de ministros del martes con un documento sin cerrar ni consensuar y tener que trabajar de forma improvisada como ocurrió esta semana con el plan que presentó Sánchez.

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