El Gobierno repartirá transferencias directas de entre 3.000 y 200.000 euros a aquellas empresas y autónomos que acrediten una caída de sus ingresos de, cómo mínimo, un 30% de sus ingresos. Es la cuantía final de las ayudas directas incluidas en el Real decreto-ley de apoyo a la solvencia empresarial que ha aprobado el Consejo de Ministros para salvar a las compañías viables como problemas de solvencia a consecuencia de la pandemia. Los recursos se trasferirán a las comunidades autónomas.
Serán 7.000 millones en ayudas directas del total de 11.000 previstos en este decreto. 5.000 millones irán para todas las comunidades autónomas a excepción de Baleares y Canarias, que tendrá 2.000 millones. Las transferencias servirán para pagar gastos no reembolsables de carácter finalista, tales como facturas, deudas o el pago de suministros y salarios. La vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, ha concretado que las ayudas se dirigirán a sectores como el turismo, la hostelería y la restauración, el comercio o actividades relacionadas con la cultura y el deporte.
El importe de estas ayudas ascenderá también a un máximo del 40% de la caída adicional de ingresos sufrida por la pandemia para micropymes y autónomos, mientras que ese porcentaje se reducirá al 20% en el caso del resto de compañías afectadas. Los autónomos acogidos al sistema de módulos, por su parte, podrán recibir una ayuda de hasta 3.000 euros, según ha explicado la propia Calviño. Son profesionales que tributan por estimación y, por tanto, tendrán un trato diferenciado del resto.
Las empresas que reciban estas ayudas directas tendrán, eso sí, obligaciones. Por ejemplo, deberán mantener su actividad hasta finales de 2022 y no podrán repartir dividendos ni incrementar los salarios de la alta dirección en este tiempo. El Gobierno, además, va a aplazar las obligaciones tributarias de los cuatro primeros meses del año durante seis meses sin intereses.
Sobre las CCAA
Respecto al reparto de los 5.000 millones entre las comunidades autónomas, a excepción de Canarias y Baleares, el Gobierno publicará en los próximos días una orden ministerial para actualizar a diciembre de 2020 unos nuevos criterios que den acceso a la distribución de las ayudas. Será la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien lo haga.
El paquete de 11.000 millones aprobado este viernes por el Consejo de Ministros también contempla la creación de un fondo de recapitalización dotado con 1.000 millones de euros para reforzar los balances de empresas medianas que sean viables a medio y largo plazo. Se articulará a través de Cofides, dependiente del Ministerio de Industria y servirá para complementar el fondo de la SEPI de 10.000 millones de euros para la recapitalizar empresas estratégicas de mayor tamaño, como Air Europa.
El resto del plan de ayudas, 3.000 millones, estará destinado a reestructuraciones de deuda que asumirán el Estado y la banca con el mismo esquema de los créditos ICO. Es decir, el Estado avalará entre el 70% y el 80% de la deuda y la banca el resto.
La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo ha explicado que el decreto impone al Gobierno un plazo de un mes y diez días para tener formalizada la orden de reparto de esos 7.000 millones a las autonomías, así como para tener firmados los convenios con cada una de ellas para formalizar la transferencia. Tanto Montero como Calviño han confiado en que una vez reciban esas trasferencias las comunidades hagan llegar las ayudas a empresas y autónomos "lo antes posible", informa la Agencia Efe.
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