Pulso en el Gobierno de coalición

Iglesias presiona a Sánchez para dar 8.000M en ayudas directas a empresas

El Ministerio de Derechos Sociales apuesta por que el Consejo de Ministros de mañana dedique la mayor parte del paquete de 11.000 millones en transferencias a pymes que hayan perdido el 30% de facturación.

Los vicepresidentes del Gobierno, Pablo Iglesias y Nadia Calviño
Iglesias presiona a Sánchez para dar 8.000M en ayudas directas a empresas
Agencia EFE

El paquete de 11.000 millones para ayudar a la solvencia de las empresas que aprobará este martes el Consejo de Ministros ha provocado un nuevo pulso en el seno del Gobierno de coalición, según ha podido saber La Información. Mientras la configuración final del decreto la dirigen las vicepresidentas primera, Carmen Calvo, y tercera, Nadia Calviño, el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 está presionando internamente para que, al menos, 8.000 millones sean transferencias directas a pymes y autónomos que hayan experimentado, y puedan acreditar una caída significativa de su facturación durante el año de la pandemia del Covid.

En concreto, la postura que está defendiendo el departamento dirigido por Pablo Iglesias es dar acceso a esos 8.000 millones en ayudas directas a aquellas empresas que puedan acreditar una caída drástica, a partir del 30% o el 40% -la cifra se podría negociar- de su facturación en 2020 en relación a 2019. Las empresas que cumplan esta condición, siempre según la propuesta que defiende Unidas Podemos y que se está discutiendo en este momento en el seno del Gobierno, podrían acceder a cubrir hasta un determinado porcentaje de sus costes fijos, a partir de un 70%. Los morados no quieren que estas ayudas vayan destinadas a cubrir variables ya que, según consideran, el mecanismo ya se encuentra contemplado en los ERTE.

La Vicepresidencia segunda también defiende que las empresas no sólo se reduzcan a los sectores de la hostelería, el comercio y el turismo sino que sean accesibles para todas las empresas al margen del sector al que pertenecen para no perjudicar a pymes o autónomos que también han perdido una parte significativa de su facturación por el Covid.

El equipo de Iglesias también es partidario de que estas ayudas directas las reparta directamente la Administración central y no se transfieran a las comunidades autónomas, tal y como pensaba hacer, en principio, la Vicepresidencia económica. Con esta postura intentan evitar que los gobiernos autonómicos puedan establecer diferentes criterios en el reparto. El Gobierno central garantizaría, de esta forma, que no se altere la competencia de mercado en todo el territorio nacional.

Los morados apuestan, en concreto, por que sea el Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño o el de Hacienda de María Jesús Montero, a través de la Agencia Tributaria y la información de las liquidaciones trimestrales de IVA, el que centralice estas ayudas directas en forma de transferencias corrientes. 

Sobre las condicione que el Gobierno está estudiando imponer a las empresas que reciban estas ayudas directas, Unidas Podemos propone incluir una clausula de mantenimiento del empleo o el compromiso de abandonar en tres años el Régimen de Tributación por módulos. En caso de que estas condiciones no se cumplan la transferencia debería reembolsarse y, si eso no ocurre, debería actuar la Inspección de Trabajo, la Agencia Tributaria o establecer una condena por delito económico o societario.

El contenido del decreto sigue negociándose en el seno del Gobierno, una redacción que están liderando Moncloa, a través de la Vicepresidencia primera de Carmen Calvo y la Secretaría General de Asuntos Económicos de Manuel de la Rocha, y la Vicepresidencia tercera de Calviño. A mediodía de hoy no se conocía cuánto dinero se va a destinar finalmente a las transferencias directas. La discusión se abordó ya en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios del pasado jueves y se trató de pasada en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del viernes.

Fuentes del Gobierno no descartan posponer la aprobación del real decreto una semana más y llevarlo al Consejo de Ministros del próximo 16 de marzo.

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